Desde Equo Rota Verdes  se va a pedir al pleno municipal que se apruebe el rechazo a la nueva Directiva de Servicios que se está negociando por las instituciones europeas en estos meses y que según este partido, afectaría de forma grave a la autonomía de los ayuntamientos. En este sentido, en su propuesta, que elevarán en la próxima sesión plenaria en el apartado de participación ciudadana, al no tener representación municipal, solicitan a la Corporación municipal que sea activa a la hora de rechazar una directiva que "representa una amenaza para la democracia local".

Según Equo Rota Verdes, las nuevas reglas del mercado único que podrían salir adelante, tendrían "un severo impacto negativo en la toma de decisiones en los parlamentos, asambleas regionales y ayuntamientos de toda Europa", ay que se prevé una ampliación de la capacidad de coerción que la Comisión Europea que podría usar contra municipios y autoridades locales de todos los países de la Unión Europea.

Tal y como recoge en la propuesta este partido, la Comisión propone hacer cumplir la Directiva de Servicios, también conocida como la Directiva Bolkestein, "de una manera nueva y extremadamente intrusiva" ya que "quiere el derecho de aprobar o negar las leyes propuestas por autoridades locales y nacionales, así como otras medidas cubiertas por la directiva". Hay que tener en cuenta que la Directiva cubre una amplia gama de temas: leyes de planificación de la ciudad, medidas de suministro en temas de vivienda, suministro de energía, suministro de agua, gestión de residuos y mucho más. De ahí la preocupación de Equo Rota Verdes que quiere poner el foco en que si finalmente las instituciones europeas aprueban esta Directiva, "provocará atrasos innecesarios en el abordaje de las necesidades sociales y quedarán más limitadas todavía la democracia local y la capacidad de los ayuntamientos para llevar a cabo políticas sociales, laborales y ambientales a favor de nuestras ciudades".  Según Equo Rota, invocando que atenta contra la libertad de mercado, la Comisión podría llegar a prohibir, por ejemplo, crear una empresa pública de agua o de energía, remunicipalizar su  gestión, regular los pisos de uso turístico, aplicar medidas para garantizar el derecho efectivo a la vivienda, o incluir determinadas cláusulas sociales y ambientales en la contratación pública.

El procedimiento de notificación propuesto, según explica este partido, obligaría a las autoridades públicas a informar y solicitar la aprobación de la Comisión Europea de cualquier nueva medida reglamentaria que afecte a los servicios, tres meses antes de tomar la decisión, en lugar de informar después como hasta ahora era el procedimiento. La Comisión Europea evaluaría y tomaría una decisión vinculante sobre si las medidas violan la Directiva de Servicios. La propuesta también incluye brindar a los "interesados" (incluidas las corporaciones y sus grupos de presión) la oportunidad de comentar sobre las medidas notificadas por las autoridades públicas, aumentando así el poder de cabildeo corporativo sobre la toma de decisiones democráticas en los parlamentos, asambleas regionales y ayuntamientos de toda Europa.

Por todo ello,  desde Equo creen que los ciudadanos deben poder decidir por sí mismos sobre su municipio a través de sus representantes electos, considerando que el procedimiento propuesto es desproporcionado y está en desacuerdo con el principio de subsidiariedad, así como la obligación de la UE de respetar el autogobierno regional y local, tal como se describe en el Tratado de Lisboa.

Para Equo, los municipios tienen un papel crucial que desempeñar en la solución de los problemas sociales y ambientales de Europa así como en la profundización de la democracia con la participación activa de la ciudadanía, y la nueva Directiva retrasaría  innecesariamente la toma de decisiones locales, por eso, pedirán al pleno que adopten un acuerdo donde rechace este cambio y promueva activamente esta posición, en colaboración con la coalición más amplia de actores sociales y políticos opuestos a la Directiva. Además, invitan al alcalde a defender activamente los intereses de los ciudadanos del municipio de Rota "frente al intrusismo de la Comisión Europea".