Hemos podido leer en la prensa en fechas recientes el anuncio de dos expropiaciones, concretamente una casa al lado de Las Murallas y otra en la calle Mina.

Alarma que se vuelva a hablar de expropiaciones en estos momentos electorales y cuando aún no se ha presentado a la ciudadanía ni aprobado por la Junta de Andalucía el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico (PEPCH).

La prensa nos informa que el alcalde de Rota, Javier Ruiz Arana, justifica la primera expropiación en nombre de la protección del patrimonio roteño  y la segunda como el resultado de un capricho municipal del anterior alcalde.
En consideración a estas noticias, debo traer al recuerdo el coste económico y las consecuencias de los dos planes especiales de protección anteriores que plantearon múltiples expropiaciones, pero que afortunadamente para todos no fueron aprobados por la Junta de Andalucía.

Y es que si el pasado es digno de recordar es precisamente por lo que enseña a no repetir los errores. Esta lección aprendida es que las expropiaciones no son el mecanismo adecuado para proteger los conjuntos históricos, sino un fenómeno ligado a la “especulación”.

La sorpresa no es solo que se plantee a estas alturas un proyecto por parte de un alcalde-arquitecto, sino que se proyecte en pleno conjunto histórico para alterar una zona de Rota, que necesita ser conservada pero no modernizada.

El fenómeno es bien conocido, se hace una obra moderna e inmediatamente todo lo demás, parece viejo, anticuado, falto de valor, perdiéndose el valor de lo histórico y animando a las empresas constructoras y al ladrillo a seguir la modernización del centro.

Hemos tenido más de diez años,  el periodo que va desde 2008, año del primer plan hasta ahora 2019, para pensar sobre los errores que aquellos dos planes anteriores cometieron y sus consecuencias, dejar el conjunto histórico en ruina y con casas vacías puestas a la venta por propietarios amenazados de expropiación, resultado de una gran irresponsabilidad o ignorancia de la gestión política.

Ciertamente hoy sabemos que aquellos PEPCH no conducían a la protección del conjunto histórico sino a manzanas vacías, casas en venta, proyectos urbanísticos y como resultado nuevas expropiaciones, con el enriquecimiento de algunos y el empobrecimiento de otros.

En contrapartida, durante estos diez años, la democracia y la Constitución se han consolidado y hoy sabemos que la ley actuaría de manera inmediata si un ciudadano siente sus bienes y propiedades amenazados y si reciben de un ayuntamiento la comunicación de una expropiación, sin un proyecto previo aprobado por la Junta de Andalucía y por los ciudadanos roteños, ya que este marco legal defiende el derecho de los ciudadanos a la propiedad privada y existen mecanismos para denunciarlo. Sabemos también que es en el marco de la Ley del Patrimonio Histórico Español de 1985 y de los Planes especiales donde hay que plantear los proyectos de conservación, porque no cabe en un conjunto histórico caprichos de arquitectos.

Debemos además insistir, para no volver a errar y considerar que Rota ha tenido una gran suerte, porque si no llegan a ser detenidos, habrían ocasionado una batería de expropiaciones que hubieran dejado el conjunto histórico de Rota vacío, con el tiempo hubieran proliferado los pisitos y hoy tendríamos todo el centro, convertido en Rota mágica. Creemos que aquellos planes fueron fruto de la  ignorancia más que de la avaricia.
No así los que le precedieron, proyectos franquistas y posfranquista. Recordemos que otros alcaldes anteriores, no dudaron en poner en marcha expropiaciones para unos proyectos urbanísticos con ganancias económicas, devastando el conjunto mercedario al declararlo ruina  y dejando a los roteños con un regalo de aparcamiento y un bloque de pisos; abrieron la muralla histórica para acceso de aparcamientos privados y dejaron como herencia un conjunto de bares de copas y discotecas para la movida veraniega en un terreno ganado al mar, especulando con el agua misma. Todo ello firmado y apoyado por el arquitecto municipal correspondiente. A todos ellos los mantendremos para siempre en la memoria y dedicaremos las páginas que sean necesarias para dejar constancias de estas batallas urbanísticas, que son al fin y al cabo la sorprendente Historia de la destrucción del Conjunto Histórico roteño (1).

Aprendimos entonces, gracias a estas operaciones urbanísticas las primeras lecciones sobre los monumentos, sobre el patrimonio cultural y comprendimos que aquella la expropiación comenzaban con la amenaza y la venta a la postre no era tan consentida, continuaba con la declaración en ruinas, había cambio de los valores catastrales y aparecía el llamado justiprecio, y encubría operaciones económicas, sin interés social alguno, ya que no fueron reales finalmente los argumentos de auditorio, museo o equipamiento municipal, firmados por el pleno municipal. Fue entonces cuando comprendimos que hay políticas que son anticonstitucionales y anti Ley del Patrimonio Histórico aunque existía desde el año 1985 (3).  

Pues bien, ahora cuando el alcalde actual pone en marcha de nuevo una expropiación y promete un edificio, vemos con claridad cómo pone en peligro el conjunto histórico y cuando anuncia que ha sido aprobado en pleno, avisa que no hay detrás un Plan Especial de Protección, es decir, no tiene el apoyo de los roteños ni de la Junta de Andalucía.

Vemos una promesa electoral y el capricho de un alcalde arquitecto, que no ha comprendido la gestión cultural en democracia, con la participación ciudadana y no ha tenido el valor de someter el proyecto a los tiempos que marca la ley,  como hicieron los anteriores alcaldes en 2008 y 2011, es decir, se ha saltado la fase esencial y democrática, aquella que obliga a exponer primero el proyecto a la consulta ciudadana en un PEPCH y después ponerlo en marcha con la aprobación de la Junta de Andalucía.

El modus operandi es parecido a aquellos otros que con la aprobación de un pleno municipal pusieron en venta la Batería Duque de Nájera para derribarlo y construir un edificio, saltándose a la torera  la Ley de Castillos y Defensas,  aquellos que permitieron tapar la muralla histórica con bares de copas y discotecas en el Paseo Puerto Rico o aquellos que modernizaron el Castillo de Luna, decorándolo con estandartes y reposteros y haciendo oficinas para olvidar la noble historia de Rota.

Eran los tiempos en los que se falseaba la historia y se decía que el convento de la Merced había sido destruido por un terremoto en 1755, mientras se metía la excavadora y se  levantaban ascensores y pisos.
Pues bien, estamos ante otro terremoto, cuyo primer movimiento es la expropiación, el segundo el informe favorable del pleno y de una comisión y la foto, y el tercero la construcción de un edificio moderno.  Todo esto no tendría cabida ni sería aprobado por la Junta de Andalucía ni por los roteños en un Plan de Protección. Pero no solo en Rota, no estaría permitido en ningún pueblo de Andalucía (4).

Finalmente considerar que un proyecto precipitado e irresponsable, es una iniciativa que puede constar en Rota una alcaldía o podemos asistir a una denuncia, ya que los poderes públicos están obligados a la conservación del patrimonio y los ciudadanos pueden alertar de nuevo, ya no con alegaciones, sino con denuncias que el conjunto histórico de Rota está en peligro (5).

María Dolores Ruiz de Lacanal Ruiz-Mateos.
Académica Correspondiente por Rota, Academia Santa Isabel de Hungría. Profesora Titular Universidad de Sevilla.

Notas:

(1). La autora ha escrito recientemente la Guía de Rota, publicada por la Universidad de Cádiz, donde se amplía la información al respecto.
(2) La Constitución española de 1978.
Título I. De los derechos y deberes fundamentales
Capítulo segundo. Derechos y libertades
Sección 2.ª De los derechos y deberes de los ciudadanos. Artículo 33
Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia.
La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes.
Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes.
(3). Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
(4). Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía.
(5). La creación de una plataforma para pedir firmas y la labor de denuncia y tutela del patrimonio roteño es tarea de todos los ciudadanos y especialmente de las asociaciones dedicadas a la conservación del patrimonio.