El delegado de Hacienda, Manuel Bravo, ha informado que con fecha del 26 de febrero de 2019, el gobierno local se ha visto obligado a pagar la cantidad de 408.670 euros, fruto de la expropiación de la plaza Mina Chica que el anterior gobierno ejecutó por decreto del entonces alcalde, Lorenzo Sánchez Alonso. Según el socialista, ese fue un "capricho municipal" de la anterior Corporación que ha salido muy caro a las arcas municipales por no haberse hecho de la forma correcta, es decir, intentando llegar a un acuerdo de precio con el propietario de la finca.

Manuel Bravo, que se ha remontado a febrero de 2007 cuando se inició este expediente de expropiación, ha lamentado que las cosas "se hayan hecho tan mal" y que el Ayuntamiento haya tenido que pagar ahora, diez años después de aquella expropiación, más de 400.000 euros por una finca de 191 metros cuadrados.

El delegado de Hacienda ha salido con este asunto para explicarle a los ciudadanos dónde va el dinero público de lso contribuyentes cuando la gestión no es la adecuada poniendo en evidencia aquella actuación del bipartito de Roteños Unidos y PP que ahora ha tenido sus consecuencias económicas. Según la explicación de Manuel bravo, la finca en cuestión se quiso expropiar por el Ayuntamiento de Rota por valor de 84.317,76 euros, precio con el que los dueños de la finca no estaban de acuerdo solicitando  ambas partes el justiprecio para que fuera la administración correspondiente la que fijara la cantidad a pagar,  que finalmente fue de 353.979,58 euros.  Dado que con este precio tampoco se ponían de acuerdo, ya que los dueños pedían 452.041 euros, ambas partes interpusieron recursos en el Contencioso Administrativo y el 1 de marzo de  2017, casi una década después, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía acabó apoyando que el precio justo a pagar por ese solar, situado al final de la calle Mina, fueran los 353.979,58 euros a los que con diez años después de retraso, ha habido que sumarle los intereses  de demora que se calcularon por los técnicos municipales y que ascendían a 54.691,38 euros. Es decir, que finalmente, las arcas municipales han tenido que pagar por esta finca que no llega a 200 metros cuadrados, 408.670 euros. Una cantidad que al delegado de Hacienda, Manuel Bravo, le parece exagerada fruto de "un capricho municipal"  que ahora tendrá consecuencias en la economía local. Y es que según el concejal, el pago de esta cantidad, sumado a los más de 300.000 euros que también hubo que pagar en 2017 por una expropiación del parque San Fernando en similares condiciones, donde no se llegó a acuerdo con el propietario, ha hecho que este gobierno local haya tenido que pagar en menos de dos años, 780.000 euros por expropiaciones en las que para el delegado de Hacienda, no han prevalecido las negociaciones para evitar llegar a los juzgados donde se corre la suerte de perder, como ha pasado en estos dos casos citados.

Manuel Bravo ha indicado que este dinero, que estaba previsto para pago a proveedores y subvenciones, hace una mella importante en la tesorería municipal y retrasa los plazos de pagos previstos por el Ayuntamiento, ya que los 408.000 euros de la finca expropiada en la Mina Chica han tenido que pagarse por sentencia antes del 1 de marzo, de hecho, el gobierno local depositó el dinero el pasado 26 de febrero.

El delegado de Hacienda ha manifestado que "no se puede ir de prepotente por la vida", en referencia a cómo hicieron las expropiaciones los anteriores gobernantes porque ahora, se pagan las consecuencias, según el edil.  Ejemplo de cómo expropiar una finca para no causar perjuicio a las arcas municipales, ha dicho Bravo que es la negociación que se ha llevado a cabo con el dueño del solar de la calle Pasadilla número 1, expropiado y habiendo llegado a un pago de mutuo acuerdo de 46.000 euros con el propietario. "Es la diferencia entre hacer las cosas bien y las cosas mal", ha finalizado el concejal.