El grupo municipal de Izquierda Unida ha presentado una moción para que se eleve a pleno en la que plantean la necesidad de facilitar a los residentes extranjeros su participación en las próximas elecciones municipales eliminando toda la burocracia a la que tienen que hacer frente para ejercer sus derecho a  voto.

La propuesta de los izquierdistas va en la línea de lo que hace tiempo pelea la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía y otros muchos colectivos y entidades sociales que vienen trabajando para dar pasos en el reconocimiento de la ciudadanía plena de las personas nacionales de países que no pertenecen a la UE y que residen en España. Uno de los elementos clave para hacer realidad esta aspiración es posibilitar el ejercicio de los derechos políticos, especialmente el derecho de votar y presentarse como candidatos en las elecciones.

Izquierda Unida considera que la reivindicación de la ciudadanía plena, y por ende del derecho de sufragio activo y pasivo, de los residentes extracomunitarios en España es una exigencia democrática, una exigencia de justicia social, una apuesta por la integración y un reconocimiento de la realidad social en la que vivimos. No facilitar esos derechos a los residentes extranjeros es para ellos "un factor generador de exclusión y fractura social".

En su propuesta, este grupo municipal indica que es claramente insuficiente el actual marco normativo español vigente en materia de participación política de las personas extranjeras no comunitarias, y entienden por ello, que es necesaria una reforma general para poder dar cobertura a este colectivo que aglutina a personas de hasta 90 países diferentes que no son de la Unión Europea y viven en España. Y es que además de los países de la UE, tras el proceso de suscripción de tratados de reciprocidad que se ha venido desarrollando desde 2009, tan sólo han podido inscribirse para votar los ciudadanos de los siguientes países: Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colombia, Corea del Sur, Ecuador, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago. Aunque puedan suponer cierto avance, para IU, estos tratados adolecen de graves carencias ya que siguen dejando fuera a residentes extracomunitarios en España de casi 80 nacionalidades (algunas con tanto peso poblacional como la marroquí o la china); tan sólo posibilitan la participación en las elecciones municipales y además con restricciones: permiten votar, pero no presentarse como candidato (los residentes nacionales de la UE sí que pueden ser candidatos, creando una diferenciación que carece de justificación político-jurídica); o son necesarios 5 años de residencia en España para poder votar en elecciones municipales., entre otras deficiencias.

Por ello, IU eleva a pleno una propuesta para que se solicite al Gobierno de España a que ponga en marcha los mecanismos políticos y jurídicos necesarios para, sin necesidad de reforma constitucional, suprimir los trámites burocráticos adicionales para ejercer el derecho al voto en las elecciones municipales por los residentes extranjeros  (cumplidos el resto de requisitos previos, la inscripción en el censo se haga de forma automática), ampliar el reconocimiento al sufragio pasivo (ser candidato) y optar por la vía legal y no la de los tratados internacionales para dar acceso al derecho de sufragio de las personas extranjeras residentes. Todo lo anterior está contemplado por la actual redacción del art. 13.2 de la Constitución española.

La misma propuesta incluye que se modifique el artículo 13.2  de la Constitución para suprimir la exigencia de reciprocidad en el reconocimiento del derecho de sufragio de los residentes extranjeros y permitir también su participación en comicios autonómicos y nacionales; se pide igualmente que se impulse en el seno de la Unión Europea una reforma del Tratado de Lisboa mediante la cual se permita incluir dentro del concepto de ciudadanía europea a los residentes extracomunitarios que vivan en Estados miembros de la UE, lo que les otorgaría, entre otros, el derecho de participación en las elecciones al Parlamento de la UE.; y que se dé traslado al Gobierno de España, a la Junta de Andalucía y a la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía en Cádiz de la decisión adoptada por el pleno municipal.