La Plataforma Roteña en Defensa de las Pensiones Públicas volverá a salir a la calle este sábado, 2 de febrero, para seguir pidiendo la revalorización de las pensiones y la necesidad de que el Gobierno central actúe blindando los ingresos de miles de pensionistas.

Esta convocatoria, que llega a nivel estatal, tendrá su reflejo en Rota en la plaza de España a las 12 del mediodía  donde invitan a participar al resto de ciudadanos repitiendo que su lucha es por las pensiones del hoy y del mañana y que por tanto, toda la sociedad debería implicarse en esta reivindicación que consideran para hacer justicia.

La plataforma roteña, que secunda el manifiesto de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE), considera que la aprobación del Real Decreto Ley 28/2018 de 28 de diciembre para la revalorización de las pensiones y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, es una frustración a las expectativas lanzadas por el gobierno de Pedro Sánchez. De hecho, lo han titulado como "el decreto de la inocentada" y lo hacen, por los siguientes motivos: en primer lugar, porque no aprueba la revalorización de las pensiones de acuerdo al Índice de Precios al Consumo (IPC). Aplaza esta decisión hasta un plazo de 6 meses, en que la Comisión del Pacto de Toledo y la Mesa para el Diálogo Social decidan si, además del IPC, abren la posibilidad de introducir otros índices como la oscilación anual del salario medio, de las cotizaciones sociales y del crecimiento económico. Unos factores que, si son a la baja, y el Gobierno de turno los aplica, perjudicarían gravemente el poder adquisitivo de las pensiones. Sigue vigente el "insultante" 0,25% y el factor de sostenibilidad por el que bajarían las pensiones por vivir más años.

En segundo lugar, indican, el decreto dejó sin efecto que la pensión mínima por invalidez permanente total por enfermedad para personas menores de 60 años fuera el 55% de la base reguladora, como establecía la Ley 40/2007 de medidas en materia de Seguridad Social. A partir del 1 de enero, la cuantía mínima se establecería de acuerdo con los Presupuestos Generales del Estado, es decir, dejaba las manos libres al Gobierno para bajar estas pensiones mínimas. Esto pudo suponer 78 euros de menos al mes. Gracias a la presión constante en la calle y por medio de grupos políticos en el Congreso, se consiguió derribar esta medida y, al menos en 2019, estas pensiones subirán un 22%, pero no hay garantía para el año que viene.

En tercer lugar, indican los pensionistas, no deroga la enmienda del Partido Popular por el que se prorroga el periodo transitorio para equiparar el Régimen Especial de las Empleadas del Hogar al Régimen General. Un período transitorio que finalizaba en diciembre pasado y que con esa enmienda se demora hasta el 2024. Lo que significa no equiparar los derechos de subsidio de desempleo y la cotización mínima en las lagunas de los tiempos sin trabajar. Para avanzar en la equiparación de los derechos laborales y de seguridad social de las mujeres, se ha de cumplir el Convenio 189 de la Organización Internacional de Trabajo.

La Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones advierte a este gobierno y a los que vengan que van a seguir en la calle mientras no se blinden sus derechos. En este sentido, indican que "dinero sabemos que hay" y como ejemplo, se refieren a los  457.000 millones de euros de españoles en paraísos fiscales según el nuevo director de la Agencia Tributaria; de 50.000 a 80.000 millones de euros al año por fraude y evasión fiscal según la Asociación de Inspectores de Hacienda; por la corrupción, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, 47.500 millones/año por  sobrecostes en los contratos públicos, entre otros.

Por eso, la lucha seguirá, dicen desde la estatal y secundan los pensionistas roteños que hacen un llamamiento para que este sábado, los roteños salgan a la calle y les acompañen en una nueva concentración en la plaza de España donde independientemente de esta convocatoria, están cada lunes a las 12.00 horas.

Sus peticiones siguen siendo que las pensiones mínimas y no contributivas lleguen a alcanzar el Salario Mínimo Interprofesional, con el horizonte de 1.084 euros mensuales, según establece la Carta Social Europea firmada por España. Reividican también una reforma fiscal justa y progresista, una reforma laboral que dé estabilidad, salarios justos y derechos laborales, una reforma de las pensiones con pensiones dignas revalorizadas y blindadas como derecho fundamental en la Constitución, y que se admita a la Coordinadora Estatal como interlocutor social válido para negociar con el Gobierno un Sistema Público de Pensiones de futuro.