La comunidad de propietarios de la calle Recaredo  número 2, ha pedido al Ayuntamiento de Rota que actúe como le corresponde exigiendo a la empresa FCC Aqualia, concesionaria del servicio municipal de aguas, la devolución de una multa que se les cobró inicialmente por supuesto fraude en el suministro pero sobre la que ahora, pesa una resolución de la Junta de Andalucía que da la razón a los propietarios y que por tanto, indica que aquella cantidad de 1.873,41 euros  nunca debió ser pagada por los comuneros. 

La indignación de estos vecinos de Rota no sólo viene por la actitud que según denuncian en su día mantuvo Aqualia con ellos, sino por la pasividad del Ayuntamiento que conocedor de la resolución de la Consejería de Economía y Conocimiento, Empleo, Empresa y Comercio, aún no ha actuado exigiendo, como administración contratante con Aqualia, que esta actúe conforme a lo que marca la legalidad. 

Los hechos se remontan a agosto de 2017 cuando la comunidad de propietarios de la calle Recaredo número 2 de Rota, recibe una notificación de Aqualia en la que se les informa que han incurrido en un fraude de suministro de agua al haber detectado inspectores que estaban por la zona -en noviembre de 2016-, una conexión no autorizada  a una boca de riego de la maquinaria de chorreo utilizada por operarios de una empresa que los comuneros habían contratado para unas obras en la finca. Ese enganche, que la comunidad dice que desconocía, fue objeto de multa a los propietarios por valor de 1.784,20 euros. Una cantidad que pese a las reclamaciones, alegaciones y visitas a la oficina de Aqualia para explicar la situación, donde defendían que nada tenían que ver con el hecho y que probablemente habría sido la empresa contratada para las obras en su edificio la que lo habría hecho de motu propio, tuvieron que abonar incluso con casi 90 euros de recargo por haber efectuado el pago exigido por Aqualia un día después del plazo que la concesionaria del servicio de aguas en Rota estableció. La sanción venía amparada en base a la aplicación del artículo 93 del Real Decreto 120/91 de 11 de Junio de 1991, por el que se aprueba el Reglamento de Suministro Domiciliario de agua (RSDA).

Ante este hecho inicial, la comunidad de propietarios entiende que "fue acusada de manera ilegal y sin pruebas" ya que los inspectores que detectaron ese fraude no se molestaron en identificar al operario de turno que realizaba la acción sino que denunció directamente a los propietarios que se quejan de "haber sido condenados sin ninguna posibilidad de defensa, sin ser oídos" y bajo  la amenaza de corte de suministro si no abonaban de inmediato la multa de 1.873,41 euros.

Según los propietarios, "al estar en desacuerdo e indignados, con esta falsa acusación", presentaron alegaciones, hojas de reclamaciones,  recursos e incluso una solicitud de arbitraje o mediación, pero aseguran que fueron ignoradas por Aqualia. La única respuesta que obtuvieron  a una de sus reclamaciones, el mismo día que la presentaron, fue que  dado que los propios vecinos reconocían el fraude, es decir, que un maquinaria de chorreo estuvo enganchada a una boca de riego sin contador que contabilizase el consumo de agua,  "no tenían más que decir  considerando firme y ajustada a derecho la reclamación de la multa". Los afectados insistían en que  la responsabilidad tendría que ser de la empresa que realizaba las obras que sin autorización actuó de esa forma, pero nada valió su defensa.

Fue entonces cuando la comunidad de vecinos decidió abonar la multa por temor al corte de suministro, pero de forma paralela denunciaron la situación ante la Junta de Andalucía que el pasado 12 de julio de 2018 les viene a dar la razón a través de la Consejería de Economía y Conocimiento, Empleo, Empresa y Comercio, manifestando "como no acorde a derecho la actuación de Aqualia" y  resolviendo por tanto, "la improcedencia de  girar por parte de la suministradora la liquidación por fraude amparada en  el artículo 93 del Decreto 120/91, por el que se aprueba el Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua (RSDA)".

Con esta resolución en la mano, los propietarios volvieron a personarse en las oficinas de Aqualia para exigir la devolución de la multa pagada, según la Junta de Andalucía de forma improcedente, pero no obtuvieron la respuesta esperada, es más, según la denuncia de los afectados, aseguran que fueron tratados de forma indebida con nueva amenaza de que irían por la vía penal. Ante esta situación, y casi más indignados por el trato recibido que por el hecho en sí, se han dirigido al Ayuntamiento de Rota para que exija a Aqualia la devolución que les corresponde. Ha pasado más de un mes y aún no han tenido respuesta por lo que han decidido hacer público los hechos para denunciar que existiendo una resolución que les da la razón todavía no han recuperado el dinero que pagaron en concepto de multa y ni siquiera saben si el Ayuntamiento hará algo al respecto.