En la mañana de hoy, miembros de Izquierda Unida a nivel provincial y local se han reunido con representantes del comité de empresa que representa a los trabajadores del aeropuerto de la Base Naval de Rota para seguir manteniendo las líneas de colaboración que desde un principio han mostrado con este colectivo. Unas líneas de trabajo que se centran en aportar desde su representación en las instituciones, un granito de arena que permita que se visualice este conflicto, que entienden que va más allá de lo estrictamente laboral, traspasando las fronteras de Rota y Cádiz.

A ese compromiso han llegado esta mañana el coordinador provincial del partido, Fernando Macías, el diputado Antonio Alba, y los portavoces de IU en Rota y El Puerto, Antonio Franco y Antonio Fernández, con los trabajadores, coincidiendo en que con el cambio de gobierno que se ha producido a nivel nacional, hay ciertas esperanzas de que la solución a este conflicto llegue, sobre todo, decían los dirigentes izquierdistas, porque cuando el PSOE estaba en la oposición, hoy gobernando, así lo decían. Por eso, desde IU, se ha instado y casi exigido al Gobierno socialista de Pedro Sánchez, que tome cartas en el asunto, que haga valer la "soberanía nacional" y que intervenga alertando a la empresa Luis Berger Aircraft Services, Inc (LBAS) que en España hay que respetar las leyes y los derechos laborales.

Y es que esa es la línea en la que se ha manifestado el secretario del comité de empresa, Edgard Schmidt, que ha vuelto a poner sobre la mesa que en plena huelga tienen que ver cómo militares norteamericanos y civiles americanos contratados por Louis Berger sustituyen sus puestos boicoteando su derecho a huelga. Al margen del conflicto, de la negativa de la empresa a negociar el nuevo convenio colectivo e incluso de los despidos, el representante de los trabajadores ha solicitado al Gobierno central que llame la atención de la concesionaria del servicio de aeropuerto en la Base Naval de Rota y le haga cumplir la legislación española en materia laboral. Algo que no estaría haciendo y por lo que ya acumula varias sentencias desfavorables. Es más, ha denunciado que en esa retahíla de incumplimientos de la ley, tampoco se deja entrar al interior de la Base Naval al comité de huelga, algo que está coartando la libertad de ejercer sus funciones y que sería una vulneración más de los derechos que estan viendo recortados sin que nadie diga nada.

La dirección provincial de Izquierda Unida, ante esta situación que se alarga en el tiempo, llevará a cabo nuevas iniciativas al Congreso de los Diputados a favor de los trabajadores y de la intervención inmediata del Gobierno. Esta misma propuesta precisamente, se debatirá mañana en un pleno que celebrará la Diputación de Cádiz, que en su día ya aprobó por mayoría el apoyo a este colectivo y que ahora, con el cambio de Gobierno, IU cree que tiene más fuerza. "El conflicto no se puede quedar en Rota ni en la provincia y vamos a hacer todo lo posible por que salga fuera, la primera escala será Sevilla y la final será Madrid”, decía Fernando Macías en el transcurso de este encuentro con el comité de empresa.

El coordinador provincial de IU ha incidido en que las sentencias están siendo favorables para los trabajadores y “están desenmascarando estrategias totalmente fuera del marco jurídico laboral”, destinadas a “invadir la soberanía de nuestro país”, por lo que ha garantizado que “nosotros vamos a continuar en la senda de la denuncia, tanto desde lo público como desde la vía administrativa, para complementar el trabajo que ya están haciendo los jueces”.

Fernando Macías ha indicado que el cambio de gobierno “no debe ser sólo un cambio de sofá en la Moncloa”, sino que debe llevar implícito un cambio de políticas respecto a la defensa de los trabajadores  del aeropuerto de la Base de Rota. "Lo que se dice en la oposición hay que practicarlo luego en el gobierno”, ha dicho en referencia al PSOE.

En este sentido, ha recordado la pregunta registrada en el mes de junio por el diputado de IU en el Congreso, Miguel Ángel Bustamante, en la que ha solicitado al Gobierno que explique las medidas que piensa adoptar en relación al conflicto del aeropuerto y a la vulneración de derechos laborales españoles por parte de Louis Berger. De igual forma, el coordinador provincial ha hecho referencia a la “contradicción” de que pese al conflicto laboral en la que se está viendo inmersa la empresa, esta haya resultado adjudicataria de un contrato de obras por parte de AENA en el aeropuerto de Palma de Mallorca, por un importe que según recogía la iniciativa de Bustamante, supera los 14 millones de euros. A juicio de Macías, “nos están tomando el pelo”.

Por su parte, el diputado provincial de IU, Antonio Alba, tras hacer partícipe a los trabajadores de la propuesta que elevará mañana miércoles al pleno, ha manifestado que "estamos convencidos de que no es un problema meramente laboral, que también lo es, sino un problema político y de soberanía nacional”, a lo que ha añadido que en una base española debe aplicarse la legislación española y no permitir que los americanos "hagan lo que les dé la gana".

Por otro lado, el diputado provincial felicitó a los trabajadores “porque están llevando el conflicto con muchísima dignidad” y se mostró convencido de que “se va a llegar a buen puerto”. Al igual que el coordinador provincial, el portavoz de IU en Diputación recordó que “las personas que ahora están en el gobierno, coincidían con IU en la postura ante este conflicto y señalaban que este problema tiene solución, y que se trata de un problema político, por lo que esperamos encontrarnos al Partido Socialista en el camino, para que los trabajadores puedan solucionar el conflicto”, concluía.

Tras a reunión, también intervenía el portavoz de CCOO, José María Rodríguez, asegurando que “el conflicto tiene arreglo, no lo tendría si la razón le hubiera sido quitada a los trabajadores en las distintas sentencias, en las que la empresa es condenada a pasar por la ley”.

A su juicio, la solución pasa por que "Louis Berger salga de la Base Aeronaval de Rota, esa es nuestra petición”, ha sentenciado exigiendo al Gobierno que haga que se cumplan las sentencias y actúe como “nunca lo hizo el Gobierno del Partido Popular, que no hizo nada por los trabajadores, y a los hechos nos remitimos, darle una concesión a una empresa que no cumple con la normativa, en Palma de Mallorca, que fue condenada en EEUU en 2010 por corrupta y que sigue blanqueando sus cuentas, cambiando los números de sus cuentas para demostrar que tiene pérdidas, cuando no las tiene”.

El representante sindical ha calificado de “vergüenza” que “el Gobierno esté tardando también en decirle a los EEUU que esta empresa se tiene que marchar” y anunciaba que la huelga se va a mantener en septiembre; “si siguen las mimas líneas de avasallamiento, de coacción y de amenaza contra los trabajadores de Rota, el conflicto va a continuar”, ha asegurado.