La Fiscalía Anticorrupción ha manifestado su oposición a que el ex alcalde  de Rota Lorenzo Sánchez Alonso no cumpla con la sentencia que la Audiencia Provincial de Cádiz dictó por el conocido como "caso uniformes". En ella, se imponía que el regidor cumpliera con un año y medio de cárcel, una pena ratificada por el Tribunal Supremo, por un delito de negociaciones prohibidas en el que quedó demostrado que el ex edil creó un entramado de empresas a las que siendo alcalde le adjudicaba contratos desde el Ayuntamiento de Rota llegando a tener unos beneficios de más de 800.000 euros entre 2003 y 2012.

Aunque el juez puede valorar la entrada en prisión o no si la pena es menor a 2 años de cárcel, el Ministerio Público entiende que en el caso de Lorenzo Sánchez no se le puede perdonar y debería cumplir el año y medio de condena.

En un escrito presentado expone varios motivos para ello. De entrada, argumenta que el que fuera alcalde de Rota entre 2003 y 2010, tuvo "suculentos" beneficios gracias a esas adjudicaciones a empresas vinculadas a su persona  con las que hizo negocios "ilícitos" y de los que sacó hasta 816.207 euros de las arcas municipales para beneficio propio. Empresas que como el ejemplo de Coanda Costuras y Pacheco Puyana, tenía a nombre de testaferros para poder burlar la ley, consciente por tanto, de los hechos delictivos que estaba cometiendo.

Además, el Fiscal expone que habría que tener en cuenta perdonar a una persona que tiene otras causas pendientes en los tribunales como el "caso de los convenios urbanísticos" y la pieza separada que se extrajo en el transcurso de la investigación de este sobre la construcción del parking "La Merced", del que se está pendiente de juicio.

Por otro lado, se esgrime como una razón más para no perdonar la entrada a la cárcel del Lorenzo Sánchez  que durante los años en los que fue alcalde persistió su "conducta delictiva, ya que no estamos ante hechos aislados sino que los ha venido cometiendo ni más ni menos que durante nueve años, desde el 2003 hasta 2012". Es más, se dio a conocer que incluso durante la instrucción de la causa se produjeron nuevas adjudicaciones ilegales desde el Ayuntamiento a sus empresas cuando ya estaba inmerso en un proceso de investigación precisamente, por estas conductas.

Por último, se evidencia que el ex alcalde pudo adjudicarse más de 900 contratos a sus empresas a través de varias fórmulas contractuales utilizadas en los años que ostentó la Alcaldía valiéndose de todos los medios a su alcance ya que, explica el Fiscal, no sólo  se benefició del Ayuntamiento sino de las "numerosas sociedades mercantiles de capital público del Consistorio como Aremsa, Sodesa y Ceem, además de las fundaciones municipales como la de Juventud, Cultura y Deportes, y la de Turismo y Comercio". Argumentos que se suman a la oposición a que se rechace que cumpla su pena en prisión.