LAS PENSIONES PÚBLICAS

Hasta el Banco Central Europeo reconoce que la recuperación económica no es posible con una mayoría social empobrecida y con bajos salarios. El empobrecimiento disminuye el consumo, la disminución de consumo produce más desempleo y el aumento de desempleo provoca el cierre de empresas, en un efecto dominó dramático para muchas familias.

Con la llegada de la crisis, los gobiernos de turno pusieron en marcha una serie de medidas para afrontarlas. Una de estas medidas fue la aprobación de reformas laborales.¡Cómo si los trabajadores hubiesemos sido los culpables de la crisis económica financiera provocada por los males endémicos del “depredador y salvaje” sistema neoliberal!

El paso del tiempo ha venido a demostrar que las dos reformas laborales, la del 2010 del PSOE y la del 2012 del PP, han tenido unas consecuencias nefastas para la calidad del empleo. Los datos objetivos han indicado que ambas reformas laborales han conllevado precariedad, desempleo y bajos salarios y, por tanto, bajada de ingresos por cotización. Son esos factores  lo que verdaderamente pone en riesgo  la sostenibilidad y el futuro de las pensiones. Es verdad que existen otros factores, como el envejecimiento de la población, pero los señalados anteriormente son los principales.

La Plataforma en Defensa de las Pensiones Públicas, surgidas a raíz de la paupérrima subida de las pensiones que viene propiciando el Gobierno del PP, ha coincidido en señalar que las pensiones no pueden estar, en ningún caso, por debajo del Salario Mínimo Interprofesional.

El SMI quedó establecido el año pasado en 735,90 euros, mientras que las pensiones mínimas en España son de (786,86 con cónyuge a cargo) 637,70 euros. Hay que recordar que casi un 19% de pensionistas cobran la pensión mínima.

Se ha generado un distanciamiento entre las diferentes clases sociales, de tal forma que ha aumentado el porcentaje de pobreza. Aquellos jóvenes que han perdido las prestaciones por desempleo o que sólo malviven de prestaciones asistenciales, se han visto obligados a “volver” al hogar de sus progenitores para que éstos compartan con ellos su pensión de jubilación. Si antes de la crisis una pensión de jubilación, pongamos en torno a mil euros, podía ser suficiente para vivir dignamente ( sin grandes comodidades, eso sí)  a cualquier pareja de jubilados, con la aparición de ésta se han visto obligados a compartir sus ingresos con sus hijos que se han visto desamparados por mor del desempleo.

La Plataforma en Defensa de las Pensiones Públicas proclama que recibir una pensión digna es un derecho garantizado por la declaración universal de los derechos humanos, además de por nuestra Constitución.
La sostenibilidad de las pensiones es un problema político, no económico. Por eso se exige a los gobernantes que encuentren las soluciones al sostenimiento de las pensiones públicas sin tener que condenar a la pobreza a casi un tercio de la población.  
Salud.