La diputada nacional aclara que la mediación, por competencias, pertenece a la Junta aunque hará lo posible para que el Gobierno central vaya de la mano

Esta mañana ha tocado el  turno en el desfile de políticos que está pasando para visitar a los trabajadores del aeropuerto de la Base Naval de Rota encerrados en el Castillo de Luna, a los representantes del PP a nivel local, provincial e incluso nacional con la presencia de la diputada María José García Pelayo. Como está ocurriendo en estos días, todos los grupos vienen a solidarizarse en persona con el colectivo que decidió esta drástica medida de protesta por los despidos ejecutados por la concesionaria del servicio de aeropuerto en el recinto miliar, Louis Berger Aircraft Services, Inc (LBAS), pero es verdad que, dado que es el PP el que tiene responsabilidad del gobierno en el país, y que la plantilla cree que el conflicto sólo puede tener solución si el Gobierno central media, ha sido el encuentro más tenso de todos.

La diputada nacional del PP por Cádiz, María José García Pelayo, el secretario general del PP en Cádiz, Antonio Saldaña, el propio presidente del PP local, Óscar Curtido, concejales y miembros de la ejecutiva municipal, así como otros diputados han aguantado el tipo ante las recriminaciones de los trabajadores que en su quinto día de encierro empiezan a estar cansados de no tener soluciones a su conflicto.

Aunque la predisposición del PP ha sido la de ayudar para terminar esta situación de encierro con la que se han solidarizado y ponerse a disposición del colectivo, la realidad es que ha recibido críticas por  entender la plantilla que se estaban echando balones fueras a la petición de que el Ejecutivo español convoque una mesa de negociación en la que estén todas las partes y que sea un experto, nombrado por el Gobierno central, el que intente acercar las posturas de diálogo entre Louis Berger como empresa y el comité como representante de los trabajadores.

La diputada nacional ha aclarado que las competencias en materia de conflictos laborales, según la legislación vigente, es de la Junta de Andalucía y que el Gobierno de España no puede entrar en este asunto, aunque ha añadido, que sí puede ir de la mano del gobierno andaluz, y que de hecho, es lo que intentará. Dado que desde el comité de empresa se traslada que las vías de la negociación mediante el Servicio Extrajudicial de Conflictos de Andalucía (Sercla) se da por agotada por la actitud nada negociadora de la empresa, es por lo que piden que sea un escalón más, desde el Gobierno, desde donde se intente hacer entrar en razón a la empresa norteamericana para que cumpla con el convenio bilateral, se respeten los derechos laborales y se cumplan las sentencias judiciales.

Ante la información que la plantilla de Louis Berger ha trasladado a los representantes del PP, y que es frontalmente opuesta a la que defiende la concesionaria, María José García Pelayo ha pedido que se le pase esa documentación, sobre informes económicos que dicen que LBAS gana 2,5 millones cuando la empresa arguye que los despidos son por causas económicas, que no ha bajado el nivel de trabajo y sin embargo, se respalda una reducción de plantilla, etc., para que el Gobierno de España pueda tener conocimiento más a fondo de la situación y en próximas comisiones bilaterales con representantes del Gobierno norteamericano, poder "dar un tirón de orejas" y pedir explicaciones de qué está pasando en la Base Naval de Rota.

Aunque la predisposición ha sido buena por parte del PP, los trabajadores han aprovechado la ocasión para formular durante la comparecencia algunas preguntas, dudas, sugerencias e incluso críticas. Críticas que los populares han defendido como han podido basándose en cuestiones legales como la imposibilidad de que en la mediación de un conflicto laboral entre empresa y trabajadores, el Gobierno central usurpe a la Junta de Andalucía sus competencias. 

En cualquier caso, y con algunas subidas de tono que desde los representantes del comité y del sindicato CCOO se han querido apaciguar, se ha llegado a un entendimiento y el compromiso de que el PP se lleve toda la documentación que le valga para trasladar al Gobierno español que una empresa norteamericana en la Base de Rota, según han denunciado los trabajadores, no respeta los derechos de los huelguistas, cambiando turnos para dar cobertura a servicios mínimos "abusivos", se saltan las sentencias judiciales y no cumplen con el convenio bilateral firmado entre España y EEUU.

De todo ello ha tomado nota la diputada nacional que insistía en que su compromiso era ayudar pero también ser clara en las opciones que planteaba el comité como posibles soluciones. Dar la cara, decía, es su estilo, y hacer las cosas conforme a la ley también, por eso, reiteraba que con la máxima información posible sobre el conflicto, más allá de lo técnico, podrá intentar que haya una intervención política de Gobierno español, pero como mediador, sólo ir de la mano de la Junta a la que ha recordado que no puede tirar la toalla y si en el Sercla no ha encontrado soluciones para la mediación, que busque otras alternativas.

De todas formas, María José García Pelayo ha valorado positivamente que todos los grupos votaran a favor de la Proposición No de Ley en la Comisión de Defensa de la que es vicepresidenta en el Congreso, pero echa de menos que, en vez de comparecencias individuales de cada partido en estos días, se hubiera organizado una con todos y que los diputados nacionales de la provincia de Cádiz a una, hubieran mostrado de forma conjunta el compromiso de que irán de la mano para buscar soluciones al conflicto. Como no ha sido así, se ha comprometido a trabajar lo que desde su competencia esté en la mano.

Por su parte, desde el comité de empresa han vuelto a expresar su incomprensión ante lo que está ocurriendo con una plantilla "que nunca ha dado problemas" y que de repente "desde la empresa se machaca". Quieren explicaciones de por qué se han despedido a 23 personas y hay previsiones de llegar hasta 40, si no hay pérdidas para la empresa, según sus informes económicos, y tampoco disminución de carga de trabajo. En cualquier caso, ha agradecido la presencia del PP a nivel provincial en esta mañana, al igual que la del PP local del que ha destacado que desde el principio ha estado apoyando la causa como así dejaba claro el presidente y portavoz, Óscar Curtido, que como sus compañeros, ha reiterado su predisposición para buscar soluciones pese al ambiente tenso vivido esta mañana.

Es el quinto día de encierro de los trabajadores del aeropuerto de la Base y eso se empieza a notar.