Izquierda Unida ha presentado una moción para debatir en el próximo pleno relativa a la medida aprobada por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital a través del Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica. Se trata de una norma que regulará las condiciones para obtener descuentos en la factura de la luz en función de determinadas circunstancias y donde se establece las situaciones en la que el suministro será considerado esencial, lo que impedirá el corte del mismo.

Según este Real Decreto, se obtendrán descuentos del 25% en la factura quienes estén en condición de “vulnerable” y del 40% si se considera “vulnerable severa”, una situación que se medirá en función de la renta anual con relación al IPREM junto a otras circunstancias (familias numerosas o familias compuestas por pensionistas).

Pero con lo que IU no está de acuerdo y por ello, lo elevará a pleno, es que el ministerio, como dice la Asociación de Gerentes y Directores de Servicios Sociales, evitará el corte de suministro a los hogares que acrediten la condición de vulnerabilidad severa pero si los Servicios Sociales abonan el 50% de la factura. Es decir, que la medida vendrá a crear impacto económico en las arcas municipales ya que serán ellas las que tendrán que asumir el pago de ese porcentaje para evitar cortes de luz en hogares que se consideren vulnerables.

En el caso de Rota ya se atienden más de 300 solicitudes para este aspecto con un coste anual de cerca de 30.000 euros al año por lo que incrementar el gasto será un problema al que se añaden otros como la forma en la que se califica una situación de vulnerabilidad incluyendo a todas las familias numerosas independientemente de sus ingresos y no atendiendo por ejemplo a la monoparentalidad u otros casos.

Según la moción, la medida del Gobierno central creará un importante impacto presupuestario en ayuntamientos y comunidades autónomas, ni previsto ni pactado en el seno del órgano que debía haber conocido y acordado el asunto, como es el Consejo Territorial de Servicios Sociales. Por otra parte, no hay garantía de asunción por las administraciones con servicios sociales, lo que generará graves desigualdades territoriales en el abordaje final del asunto.

En principio, los Presupuestos Generales del Estado no han contemplado el impacto de la medida. El Estado financia de forma finalista los servicios sociales mediante un  Plan Concertado pero, como indica IU, los ayuntamientos y comunidades autónomas superan siempre la cantidad asignada.

Además, tal y como está planteada a medida, la condición de vulnerabilidad severa (condición para la suspensión del corte de suministro) se establece por un año y corresponderá a los Servicios Sociales la “vigilancia”, el cambio de circunstancias y su notificación, por lo que este partido considera que "ni es viable, ni es oportuno y además, el mecanismo de gestión propuesto (pendiente aún de más desarrollo) puede acabar siendo un auténtico circo en el que se vulneren, entre otros, derechos relacionados con la protección de datos".

Para IU es también motivo de debate que se plantee que no se pueda cortar la luz en determinadas circunstancias pero no se diga nada por ejemplo del gas. Además, creen que cone ste decreto se incrementará el consumo energético de estos hogares al máximo establecido (ya se ha demostrado esta circunstancias en varios estudios) porque "si tengo calefacción no eléctrica (gas/gasóleo/pellets…) y puedo mantener el suministro eléctrico sin pagar,  adquiriré como sea calefactores o aparatos de aire acondicionado sin atender a la seguridad de instalaciones o a su eficiencia energética…".

Por todo ello, IU propone en el pleno a través de su moción, instar al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital a la derogación del Real Decreto 897/2017 y a la redacción de uno nuevo que recoja que los  costes sean financiados por el Gobierno del Estado y por las empresas eléctricas. Se trata de que el aumento de costo de este proyecto no sea abonado por las administraciones territoriales titulares de los Servicios Sociales. Ádemás, se pide instar al ministerio a que se redefina con criterios profesionales y sociales la condición de vulnerabilidad de las familias incluyendo procesos de exclusión no contempladas como las de monoparentabilidad o soledad y otras.

Que se incluyan en el Bono Social otras energías que también son susceptibles de cortes para los hogares vulnerables, como el gas; que se inste a que este Real Decreto sea discutido y consensuado en el Consejo Territorial de Servicios Sociales con el fin de que este parta de una visión de cobertura social plena en lugar de una visión puramente mercantilista y empresarial que tiene efectos medioambientales y que parece destinado a facilitar los beneficios empresariales de las empresas eléctricas; así como el traslado de estas propuestas  a la FEMP, a la FAMP, al propio Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital y al Ministerio de Sanidad, completan la propuesta de Izquierda Unida.