Además, el fiscal pide cárcel para su esposa, el empresario Felipe Castellano, el ex edil del PP, Ismael Puyana, su mujer, y el supuesto testaferro de Lorenzo Sánchez

En la mañana de hoy lunes, 9 de octubre, se ha dado a conocer a los acusados del caso de los convenios urbanísticos, la petición de penas solicitada por el fiscal una vez que han terminado las diligencias previas para investigar supuestas irregularidades en la firma de tres convenios urbanísticos en el Ayuntamiento de Rota, en la época en la que era alcalde Lorenzo Sánchez Alonso.

En este proceso están acusados el ex alcalde de Roteños Unidos, Lorenzo Sánchez, la ex alcaldesa del PP, Eva Corrales, que en aquella época era delegada de Planeamiento, el empresario Felipe Castellano, quien supuestamente se beneficiaba de los contratos urbanísticos adjudicados a dedo, el ex concejal del PP, Ismael Puyana, relacionado con empresas del ex alcalde que se beneficiaban de estos convenios supuestamente irregulares, el secretario municipal y un técnico municipal, ambos por firmar informes favorables. Además, están acusadas las esposas de Lorenzo Sánchez e Ismael Puyana, y el supuesto testaferro del ex regidor roteño, también relacionados con las empresas del independiente. 

La pena máxima que recoge el escrito de acusación de la Fiscalía es para Lorenzo Sánchez Alonso a quien se le pide 4 años de cárcel por un supuesto delito de cohecho pasivo, multa de 1 millón de euros,  y 22 años de inhabilitación especial para cargo público (12 por un presunto delito continuado de prevaricación y 10 años por cohecho pasivo). Se le interesa además, decomiso de 532.851 euros  que fueron recibidos por Lorenzo Sánchez en concepto de dádiva.  Hay que recordar que por el juicio del "caso uniformes", el ex regidor tiene ya una condena de 1 año y medio de cárcel.

Pena similar se pide para el empresario Felipe Castellano. Por un delito continuado de cohecho activo se solicitan 4 años de prisión, 1 millón de euros de multa y 5 años de  inhabilitación especial para cargo público. Además, Felipe Castellano deberá indeminizar  al Ayuntamiento de Rota en la cantidad de 1.655.279,35 euros.

Para el resto de acusados, las penas son: al ex concejal del PP, Ismael Puyana, a su mujer, a la esposa de Lorenzo Sánchez y al supuesto hombre de paja del ex alcalde, el fiscal solicita  como responsables en concepto de cómplices en un delito continuado de cohecho pasivo, 1 año y 6 meses de cárcel, multa de 532.851 euros  e inhabilitación especial para cargo público  de 5 años.

Para la que fuera delegada de Planeamiento, Eva Corrales, se pide  como responsable de delito continuado de prevaricación en concepto de  autora, la inhabilitación especial para cargo público de 12 años. Hay que recordar que la ex alcaldesa acumula una pena de 4 años y medio de cárcel por el "caso horas extras".

Para los otros dos acusados, el secretario municipal y el técnico municipal que emitieron informes favorables encubriendo las adjudicaciones a dedo de los convenios urbanísticos, la Fiscalía pide 9 años de inhabilitación  como cooperadores necesarios de un delito continuado de prevaricación.

Además, en vista de las peticiones de pena por parte del fiscal y de la acusación particular, la jueza del Juzgado de Instrucción número 1 de Rota, determina que se pague una fianza que ronda los 14,8  millones de euros para Lorenzo Sánchez y Felipe Castellano; 13,9 millones de euros en el caso de Eva Corrales; y casi 1 millón de euros para la mujer de Lorenzo Sánchez y el testaferro. Cantidades que deberían abonarse en el plazo de 1 día  para asegurar las responsabilidades pecunarias que en un futuro pudieran imponérseles.

Los hechos  investigados

Según el escrito del fiscal que esta mañana se ha dado a conocer a los interesados, el que fue alcalde de Rota, Lorenzo Sánchez Alonso, y el empresario Felipe Castellano, "idearon, prepararon y desarrollaron un plan en virtud del cual, Lorenzo Sánchez aprovechando la situación que le confería ser el alcalde de dicha localidad, adjudicaría de manera arbitraria a las empresas de construcción de Felipe Castellano diversas obras públicas y a cambio, Felipe Castellano en concepto de pago por dichas adjudicaciones ilegales, aumentaría la contratación que sus empresas mantenían con las de Lorenzo Sánchez Alonso". El escrito continúa que "para la adjudicación arbitraria de licitaciones públicas, Lorenzo Sánchez contó con la estimable colaboración de la delegada de Planeamiento, Eva Corrales, si bien por parte de la misma no se tenía conocimiento que dichas adjudicaciones ilegales en las que estaba participando junto a Lorenzo Sánchez a favor de Felipe Castellano, tenía como contra prestación que las empresas de Felipe comprasen suministros consistentes entre otras cosas, en materiales de construcción y equipos de protección de las empresas de Lorenzo Sánchez". En total se estima que ingresara unos 530.000 euros.

El fiscal acusa a Eva Corrales y a Lorenzo Sánchez de llevar a cabo actividades administrativas necesarias para que el constructor pudiera obtener cuantiosas obras municipales (naves nido, nuevo colegio público  y un centro de salud)  sin sujetarse a ningún procedimiento previsto en la Ley de Contrataciones de las Administraciones Públicas mediante la firma de varios convenios urbanísticos que venían a enmascarar, según el fiscal, dichas adjudicaciones a dedo, recibiendo a cambio el ex alcalde un suculento beneficio económico previamente concertado con Felipe Castellano.

El resto de los acusados lo están por estar relacionados con las empresas de Lorenzo Sánchez a las que el empresario beneficiaba. En Epis Rotasur aparecen Lorenzo Sánchez y su mujer como responsables; en Sociedad Cooperativa Coanda, el ex alcalde; en Coanda Costuras, figura el testaferro; y en Pacheco Puayana el fiscal mantiene que aunque en las escrituras de constitución rezan las esposas de Ismael Puyana y Lorenzo Sánchez, y que la mujer de este último incluso vendió acciones al hombre de paja, en realidad estaba manejada por el ex concejal y el ex alcalde.

Los acusados tienen ahora un plazo para presentar su escrito de defensa y en base a ellos, determinar si el caso pasa a la Audiencia Provincial de Cádiz para un futuro juicio oral.