Aunque no están en contra de que se aplique la Ley de Memoria Histórica Democrática y eso afecte al cambio de nomenclatura de algunas calles, los vecinos a los que les afecta directamente esta circunstancia han mostrado en Rota su malestar. Concretamente, los que vivían en la llamada antes avenida Crucero Baleares y ahora actual avenida Carlos Cano, están enfadados.

Pese a que en su día el gobierno local ya informó de que se haría ese cambio en el nombre de la calle, cercana a la Base Naval y dentro de la barriada de El Molino, los vecinos se han dado cuenta del cambio al recibir cartas en su domicilio donde ya aparecía el nuevo nombre. Eso ha provocado molestias que se expusieron ayer en una reunión que a demanda de la propia vecindad, organizó la asociación vecinal "El Chorrillo" para recoger las opiniones suscitadas ante lo que parece un simple hecho, pero que los afectados no ven así ya que ahora, como apuntaban ayer, no saben si están obligados a cambiar su dirección y domicilio en DNI, escrituras, hipotecas, subvenciones, préstamos, incluso en tarjetas de visitas de negocios, y que todo ese trámite, corra de sus bolsillos.

Los vecinos de la ya eliminada avenida Crucero Baleares, aunque físicamente el cartel aún permanece colocado a falta de que el nuevo lo sustituya, están molestos además porque desde el Ayuntamiento de Rota no se les haya informado previamente de nada. En este caso, el presidente de la asociación de vecinos, Oaquín Galea, con quien ha hablado este medio, manifiesta que, si para otras asambleas participativas y eventos que al político de turno le interesa que haya participación ciudadana se toman la molestia de invitarlos por carta, en esta ocasión, en algo que les afecta directamente, también se podría haber hecho algo, sobre todo, informar a los ciudadanos que se iban a ver directamente afectados.

Por eso, la semana que vienen tienen pensado enviar un escrito al gobierno local y darle registro a través de la OAC para pedir que se mantenga el nombre de la calle para no crearles problemas en la dirección de sus servicios contratados, domiciliaciones, etc., o que se baraje una forma de hacerlo que no les perjudique. De hecho, en estos días recogerán firmas de apoyo dejando claro que no están en contra del cumplimiento de ninguna Ley de Memoria Democrática, pero sí de tener que hacer gastos que no tenían que asumir por el cambio de nombre en su dirección postal.