El mismo recurso solicita que la inhabilitación para Ismael Puyana no sea sólo para cargo público sino también para empleo público

La sentencia que dictó el pasado mes de noviembre de 2016 la Audiencia Provincial de Cádiz sobre el conocido "caso uniformes" ha sido recurrida ante el Tribunal Supremo por varios de los condenados, entre los que están el ex alcalde Lorenzo Sánchez Alonso, el ex concejal Jesús Corrales, el ex concejal y funcionario Ismael Puyana y la esposa de este último. Todos han solicitado en su recurso que se les absuelva de los cargos que se les imputan por considerar que la empresa que según el tribunal actuó de pantalla para poder seguir vendiendo ropas de trabajo al Ayuntamiento de Rota no era de Lorenzo Sánchez como dicta la sentencia.

Precisamente, a raíz de este recurso, la Fiscalía del Tribunal Supremo ha presentado otro recurso que, de aceptarse en por el tribunal de esta instancia, acarrearía, por un lado, dos años y medios de cárcel más para Lorenzo Sánchez, y por otro, la inhabilitación para empleo público para Ismael Puyana (ahora sólo se refiere a cargo público).

Como ya se publicó en su día, Lorenzo Sánchez tiene una pena por el "caso uniformes" de 1 año y 6 meses de cárcel más 3 años de inhabilitación por un delito de negociaciones prohibidas, además de 10 años de inhabilitación por un delito de prevaricación y una multa económica por el delito de negociaciones prohibidas de 8 euros al día durante 20 meses.

Del delito de falsedad de documento oficial al que en principio también se enfrentaba el ex regidor por haber vendido de manera ficticia las participaciones de la empresa Pacheco Puyana S.L. a su testaferro Isidro Martín, con el fin de poder seguir vendiendo ropas de trabajo al Ayuntamiento de Rota sin caer en incompatibilidades por ser empresa propiedad del alcalde, quedó absuelto al entender la Audiencia que desde que se hizo la escritura pública simulada de venta en abril de 2009 hasta el momento del auto de admisión de la querella en abril de 2012, habían pasado los tres años marcados para que se entendiera por prescrito. Pero ahora, la Fiscalía del Supremo manifiesta que el auto tendría carácter retroactivo y que por tanto, la fecha a partir de la cual contaría la prescripción del delito sería una vez interpuesta la querella en marzo de 2012 y por tanto, el delito no habría prescrito teniéndose entonces que juzgar también por él. Por este motivo, el fiscal del Supremo pide que se añada a la condena de Lorenzo Sánchez 2 años y 6 meses más de cárcel por falsedad de documento oficial, que de admitirse, obligaría al ex alcalde a entrar en prisión.

Por otro lado, la Fiscalía del Supremo también ha recurrido la condena que la Audiencia Provincial impuso al ex concejal del PP Ismael Puyana de 6 años de inhabilitación por un delito de prevaricación. Esta pena inicial sólo se basa en su condición de cargo público sin tener en cuenta, según el fiscal, que Puyana en los años que se investigan alternó su condición de cargo público como concejal, desde junio de 2007 a octubre de 2008, siendo el resto del tiempo funcionario municipal del Ayuntamiento de Rota. Por este motivo, la Fiscalía del Supremo entiende que la condena debe inhabilitarlo no sólo para cargo de alcalde, concejal o cualquier otro cargo representativo de la administración local, autonómica o nacional, sino también para el empleo público. De ser así, y de aceptarse este recurso, el ex concejal del PP y funcionario perdería su actual trabajo en el Consistorio roteño.

Lorenzo Sánchez solicita volver a ser concejal hasta que el Supremo se pronuncie en el "caso uniformes"

Dado que el ex alcalde Lorenzo Sánchez ha recurrido la sentencia interpuesta por la Audiencia Provincial de Cádiz en torno al "caso uniformes" a la espera de que el Tribunal Supremo lo valore, y teniendo en cuenta que sólo con la condena de inhabilitación puesta por la Audiencia el pleno lo cesó de su cargo como concejal el pasado mes de enero, el que fuera líder de Roteños Unidos durante años, ha recurrido la decisión plenaria que se salió adelante con los votos a favor de PSOE, Izquierda Unida, PP, Sí se Puede Rota y la abstención de Roteños Unidos. Su petición, recurrida al contencioso-administrativo, es que el juez deje sin efectos la decisión de cesarlo como concejal y le permita volver al escaño de la Corporación municipal de Rota hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre el recurso de casación planteado en el "caso uniformes".

El Ayuntamiento de Rota ya se habría opuesto a esta petición por escrito a lo solicitado por el que fuera alcalde de Rota hasta 2010 y concejal en la oposición al inicio de esta legislatura.