El primer teniente de alcalde asegura que se ha actuado en todo momento según marca la legalidad, no favoreciendo en ningún caso al ex concejal

La preocupación del PP de Rota sobre la actuación que estaba llevando a cabo el gobierno local con respecto al expediente de demolición que pesa sobre la construcción de una vivienda ilegal del ex concejal del PSOE, Jesús Torres, ha tenido pronta respuesta por parte del teniente de alcalde Daniel Manrique de Lara. Ha sido esta mañana, un día después de la comparecencia de los populares, cuando el portavoz municipal ha relatado cada una de las actuaciones que se han ejecutado por parte del alcalde de Rota, Javier Ruiz Arana, sobre este caso.

Manrique de Lara ha recordado, y ha especificado en varias ocasiones que la casa es propiedad de la esposa del que fuera compañero de gobierno a principios de legislatura hasta que este decidió dimitir para poder defenderse con mayor libertad una vez conocido el expediente de demolición que pesaba sobre su inmueble: una nave agrícola convertida en vivienda sin licencia.

El primer teniente de alcalde ha recordado que el ex concejal Jesús Torres, que dimitió en agosto de 2016, no conocía la orden de demolición sobre su construcción, sólo la apertura del expediente sancionador que se le abrió en 2012 y que se resolvió antes de las elecciones de 2015, en contra de los intereses del ex concejal socialista al que se le obligaba a derribar la vivienda ilegalmente construida. Esta resolución no le llegó a los afectados, sólo se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) por lo que el ex concejal dimitió para poder defenderse.

Ante la duda que siembra el PP sobre si el alcalde está haciendo lo posible para evitar esa demolición, tras conocerse un escrito dirigido al Consejo Consultivo de Andalucía, Manrique de Lara ha mostrado documentos de todo lo que se ha hecho desde que se tuvo conocimiento de ese expediente para que no quepa dudas, ha dicho, de que en todo momento se ha ajustado en base a la legalidad. Un proceso que el primer teniente de alcalde ha manifestado que el portavoz popular, Óscar Curtido, debe conocer dado que  este expediente se ha visto en junta local de gobierno el pasado 3 de febrero, y las actas ya las tienen los concejales, con lo cual, tiene la información que ha reclamado en prensa.

De forma cronológica, el portavoz municipal ha relatado que en el mismo momento en el que se conoce por parte del alcalde la existencia de ese expediente de demolición, y puesto que el afectado no había sido notificado con anterioridad, se envía un escrito al concejal y su esposa. Ese mismo día, relata,  el alcalde solicita de oficio a la Unidad de Inspección Urbanística que visite el lugar, y posteriormente, y ya después de dimitir, el interesado presenta un escrito aclarando que no tiene conocimiento del expediente y requiere copia, que se le envía también de oficio por parte del  Ayuntamiento.

Tras esta comunicación, Jesús Torres, ya ex concejal, presenta un escrito de alegación de 42 páginas con una serie de discrepancias y alegaciones para que se declare nulidad de procedimiento porque se le ha producido indefensión.  En respuesta a esta alegación, el informe del técnico indica que se había dictado la resolución con el expediente ya caducado de manera que esa resolución sería nula y habría que iniciar otro expediente.

Ante esta situación, se eleva a junta de gobierno el 3 de febrero el informe para que sea el Consejo Consultivo de Andalucía el que indique si existe o no caducidad del expediente de demolición. De momento, aún no se ha pronunciado ya que la respuesta a ese escrito del Ayuntamiento ha sido que hay errores de forma y que la petición debe estar aprobada por el pleno municipal y no por la junta local de gobierno. Es por este motivo, aclara el teniente de alcalde, por el que actualmente la Oficina Técnica está preparando la documentación para llevarlo a pleno y de esta forma, derivarlo nuevamente de forma correcta  al Consejo Consultivo, un órgano al que tal y como apuntó el delegado, se elevan todos los expedientes en los que se da algún supuesto de nulidad.

Por lo tanto, la duda que ha pretendido sembrar el PP manifestando que el alcalde está intentando que la orden de demolición no se produzca, no tiene base, según el portavoz del gobierno, ya que aún se está a la espera de que el Consejo Consultivo se pronuncie sobre la nulidad o no del expediente que obligaría a Jesús Torres a derribar su vivienda ilegal. 

Daniel Manrique entiende que el PP sí conoce toda esta información a través de su portavoz, "a no ser que el portavoz no haga su trabajo porque no se lea las actas, igual que no viene a las mesas de contratación, o que el portavoz las lea pero no informe a la gestora por la relación que tienen".

El teniente de alcalde ha querido insistir en la legalidad con la que ha actuado en este caso, recordando que “cuando en este Ayuntamiento se recibió la denuncia anónima al alcalde puesta en la Guardia Civil, casualmente con los mismos datos que el PP había usado en la rueda de prensa de agosto, por parte de la Fiscalía se pidió una copia íntegra del expediente y cuando lo vieron todo, lo que hicieron fue archivarla”.

Por ello, el portavoz cree que la intención del PP ha sido "marear a los ciudadanos" pero le advierte que si esa es su estrategia, va por mal camino porque "el expediente está expuesto, ya lo ha visto y archivado la Fiscalía y la actuación del alcalde se ajusta a la legalidad”. De cualquier forma, ha invitado a los populares y al resto de partidos a ver el expediente sin ningún tipo de restricción para que ellos mismos puedan comprobar cómo se ha actuado en todo momento por parte del alcalde y el gobierno local. En su ánimo, ha dicho, no hay más intención que respetar los procesos y hacer loque la ley marque.