De cara a la celebración del próximo pleno ordinario, el grupo municipal de Izquierda Unida ha presentado una moción que viene a apoyar la petición del  Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Andalucía,  que consideran necesaria la promulgación de una ley que regularice la profesión de la Educación Social. La idea es que se establezcan los límites de actuaciones de los educadores sociales y el alcance de los mismos, que actualmente, al no estar delimitados, provocan intrusismo profesional y desconocimiento a la hora de afrontar procesos públicos de selección de esta figura profesional, así como de las funciones asignadas a la misma.  

Para Izquierda Unida, es importante elevar este debate al seno del pleno corporativo roteño y por ello, han presentado una propuesta en la que vienen a explicar la función de la Educación Social como una profesión de carácter pedagógico, generadora de contextos educativos y acciones mediadoras y formativas. En esa línea, apuntan, los educadores sociales ayudan en el proceso de búsqueda y mejora de algunas ocupaciones (en un contexto geográfico determinado, bajo condicionantes sociales, culturales, políticos y económicos específicos) que se recorren para cualificarse cuantitativa y cualitativamente, dotándose de recursos que indicarían el grado de estabilización.

Según se recoge en la moción de IU, la Educación Social abarca amplios e importantes campos en la sociedad, como las adicciones, el desarrollo comunitario y la participación ciudadana, la diversidad funcional, la educación ambiental, la educación para la convivencia, la educación de personas adultas, la orientación familiar, la prevención de la dependencia, la igualdad de género y prevención de la violencia, las instituciones penitenciarias e inserción social, la infancia y juventud, la mediación, la salud mental, el tiempo libre, la animación, la gestión cultural, las migraciones, los derechos humanos, la solidaridad y la cooperación internacional. De hecho, es una figura que se ha venido implantando de forma progresiva a lo largo de los últimos 20 años tato en la empresa privada como en la administración local, donde por ejemplo, en delegaciones como la de Servicios Sociales, tiene especial presencia.

Las funciones de los profesionales de la Educación Social están orientadas a analizar e investigar los contextos sociales y educativos para orientar las políticas en esta materia e implementar planes, programas y proyectos para atender las necesidades y aspiraciones educativas, formativas y culturales de los ciudadanos; contribuir al desarrollo de las capacidades de cada persona y a la puesta en valor social de sus aptitudes, conocimientos y experiencia en distintos contextos sociales; generar procesos de enseñanza-aprendizaje significativos para las personas, que posibiliten el desarrollo individual, familiar y/o colectivo a través de acompañamientos y orientación, mediando a nivel social, cultural y educativo; gestionar y dirigir equipamientos, programas, servicios educativos, sociales y culturales, con equipos interdisciplinares en organizaciones públicas o privadas que garanticen derechos humanos y subjetivos de la ciudadanía; y potenciar la transmisión, el desarrollo y la promoción de la cultura .

Por ello, por la importancia que creen que tienen los educadores sociales en la sociedad actual, por el papel que juegan y para que esta profesión se regularice, es por lo que Izquierda Unida apelará al resto de la Corporación municipal para que apoye las reivindicaciones del Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales (CGCEES)  de Andalucía, con una moción que solicita que se dé el visto bueno al escrito que ya presentaron el 27 de diciembre de 2016 al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y en el Congreso de los Diputados; y que se dé  traslado del acuerdo plenario al Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Andalucía, al Consejo General de Colegios Profesionales y al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.