Tras conocerse la decisión del Consejo de Ministros del pasado viernes que concedió el indulto parcial a seis funcionarios del Ayuntamiento de Rota condenados por delitos de prevaricación continuada a raíz del conocido como "caso horas extras", se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) los citados indultos y cómo queda la situación judicial de cada uno de  los afectados.

Hay que recordar que el indulto reduce la pena impuesta por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Cádiz, pero no la elimina ni quita culpabilidad a los condenados por un caso en el que se pagó a un funcionario del Ayuntamiento de Rota trabajos de bordados como bandas de damas, trajes de maceros o pendones, a través de horas extras en sus nóminas sin que estas tuvieran nada que ver con su condición de empleado público. Era ilegal no sólo adjudicar un contrato de este tipo a un funcionario sino además, irregular, utilizar la vía de pago mediante horas extras para satisfacer los honorarios de servicios como bordador que nada tenían que ver con el pago de su salario como funcionario.

Tras el indulto parcial concedido por el Gobierno central, de los primeros en este 2017, las penas para los condenados quedan de la siguiente manera:

Manuel García, el funcionario que realizó las tareas de bordados y cobró en horas extras los trabajos, pasa de una pena de cinco años y nueve meses de inhabilitación a dos meses de suspensión de empleo. En cuanto a los años de cárcel, dado que la Audiencia Provincial de Cádiz estimó que fueran dos años, se queda igual.

Ismael Puyana Román, ex delegado de Fiestas y Personal, sobre el que pesaba una condena de cuatro años y medio de cárcel y 9 años y 3 meses de inhabilitación, queda en una pena única de seis meses de suspensión de empleo o cargo público, y se le conmutan dos años y seis meses de la pena privativa de libertad impuesta por otra de seis meses de multa, que se satisfará en cuotas diarias de tres euros, cuyo inicio y forma de cumplimiento serán determinados por el Tribunal sentenciador, a condición de que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de cinco años desde la publicación del real decreto. Al igual que Ismael Puyana, los  funcionarios  Manuela Serrano Fénix, José Manuel Caballero, director técnico del Ayuntamiento y Francisco Arjona, que era delegado de Personal, quedan con la misma pena reducida, es decir, dos años de cárcel, seis meses de suspensión de empleo o cargo público y una multa de 540 euros cada uno por haber prevaricado y según la sentencia, haber permitido falsificar documentos oficiales.

El interventor municipal, Miguel Fuentes, cuya condena era de dos años y siete meses de inhabilitación, pasa a estar suspendido en su empleo un mes.

En todos los casos, el Consejo de Ministros añade la coletilla de que son indultados "a condición de que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de cinco años desde la publicación del real decreto".

La decisión sobre la petición de indulto para Eva Corrales, ex alcaldesa de Rota y ex delegada de Fiestas, está pendiente ya que al no haberse incluido en la petición conjunta de los funcionarios, requisito que se puso desde el Ayuntamiento para apoyar la de los funcionarios, se presentó más tarde y de forma individual con lo que su trámite es posterior.