El pretorianismo es la influencia política abusiva ejercida por algún grupo militar en el gobierno de un país. En España tenemos una larga tradición de militares pretorianos expresada por el hecho casi exclusivo de los pronunciamientos en el siglo XIX. En el siglo XX fueron las Juntas de Defensa auspiciadas por Alfonso XIII que ejercían de Lobby sobre el sector civil.

Obviamente, el periodo de guerra civil y el posterior régimen franquista supuso una época dorada para el pretorianismo, aunque su influencia fue decreciendo cuando el Opus y el tecnocratismo tomaron fuerza en los últimos gobiernos franquistas.
El almirante Carrero Blanco fue el epílogo de militares con transcendencia en las decisiones del Jefe del Estado.

Paradigmáticos son los casos del General Armada y de su sucesor Fernández Campos, ambos militares de carrera y con gran influencia en Juan Carlos I. Muestra de ello son las maniobras a un lado y otro en el golpe de estado del 23-F.

A reseñar tambien es Gutiérrez Mellado, vicepresidente con Suárez y miembro destacado de la inteligencia militar española. A la vez hay que reconocer el trabajo de la UMD para reformar el ejército y convertirse en unas fuerzas armadas modernas al servicio de una democracia. En 2002 la mayoría absoluta del PP impidió el reconocimiento institucional mediante una Proposición No de Ley. Esta anomalía democrática se subsanó en 2009.

Al calor del proceso soberanista catalán han resurgido voces pretorianas, reclamando el mandato del art. 8 de la CE de formas muy sui generis. Quiero aclarar que las Fuerzas Armadas no son actores jurídicos válidos para hacer interpretaciones de nuestra norma suprema y se deben a los poderes del Estado (ejecutivo, legislativo y judicial).

Paradójicamente, este neopretorianismo se ve alentado también por un texto constitucional que hay que reformar ya, pero no sólo en el sentido de lo que se ha dicho o escrito en los últimos años. La Constitución es hija de su tiempo y en aquel 1978 todavía existía el poder militar. Esta circunstancia se reflejó, por ejemplo, en la existencia de un artículo como el 8 que no por casualidad tenía un claro aire de familia con el artículo 37 de la franquista Ley Orgánica del Estado de 1967 –aquella que, según el “General superlativo”, esto es, Franco, dejaba todo “atado y bien atado”– y que tampoco por razones azarosas estaba ubicado en el título preliminar de la propia Carta Magna, lo que se podía interpretar como que las Fuerzas Armadas tenían una relación directa con la nación (o la Patria) o con el Rey y que aquellas tenían la potestad de dialogar de igual a igual con las demás instituciones o poderes del Estado, entre ellos el gobierno legítimo.

Una cuestión diferente son los casos de los diputados Juan Antonio Delgado (UP) y Zaida Cantero (PSOE), que provenientes de las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad, mantienen un perfil activista de los derechos de los ciudadanos de uniforme. La gran diferencia es que no existe un ánimo de influenciar abusivamente sino cambiar las condiciones jurídicas y materiales para que sean más acordes a una democracia moderna.

Un reconocimiento también al Teniente Segura en su lucha contra la corrupción.

Eugenio Ponce