Izquierda Unida llevará al pleno de la Diputación Provincial de Cádiz que se celebrará la próxima semana, una moción en la que buscará el apoyo y solidaridad del conjunto de grupos políticos representados en esta admininstración hacia los  trabajadores del aeropuerto de la Base Naval de Rota  que viven desde principios del pasado mes de octubre una situación de incertidumbre tras la propuesta de la empresa concesionaria del servicio en la terminal aérea de llevar a cabo una reducción de plantilla.

Según este partido, las reivindicaciones de los trabajadores son "justas" y por ello, el portavoz de IU en la Diputación, Antonio Alba, solicitará en la moción que se inste al Gobierno de la nación a interesarse “por las condiciones contractuales por las que se rigen el Gobierno de los Estados Unidos y la empresa adjudicataria de la explotación del aeropuerto de la Base de Rota, así como que  manifieste a la administración norteamericana su oposición a los despidos en el caso de llevarse a cabo,  por lo que estos puedan afectar al incumplimiento de los convenios bilaterales vigentes y al impacto negativo que puede suponer para el empleo en la Bahía”.

De acuerdo con la información recabada por Izquierda Unida en un encuentro reciente entre el coordinador provincial de IU, Fernando Macías, con miembros del comité de empresa del aeropuerto de la Base de Rota, los principales desencuentros entre trabajadores y empresa concesionaria surgen a raíz de la negociación del convenio colectivo al haber finalizado la vigencia del anterior. Según informa el diputado provincial de IU en la moción, “la empresa ha sorprendido a los representantes sindicales desmarcándose de la negociación colectiva y adoptando planteamientos que afectan incluso al mantenimiento de los puestos de trabajo, con medidas entre otras como llevar a cabo 45 despidos, reducción salarial, eliminación de las pagas extraordinarias, reducción del 50% del complemento de antigüedad, eliminación del complemento de incapacidad temporal, y la restricción del plus de idiomas; es decir una reducción salarial que estaría en torno al 35% de la masa salarial que venían percibiendo los trabajadores”. Hay que puntualizar la que versión de la empresa es una propuesta en la que según han indicado a Rotaaldia.com en varias ocasiones, la reducción de personal sería de 15 trabajadores y la reducción salarial de menos del 15%.

Aún así, y atendiendo a la versión de la plantilla,  Alba señala que “si los despidos planteados llegan a efectuarse, se acentuaría aún más, la infracción de los convenios bilaterales existentes entre el Estado Español y el Gobierno de los Estados Unidos, sobre la ratio que debe existir entre personal español y personal extranjero” y añade que “el Gobierno de la nación debe mostrarle al Gobierno estadounidense su total disconformidad con esta situación”.

Hasta este momento, el convenio colectivo en vigor es el que habían suscrito los representantes de los trabajadores con la anterior empresa adjudicataria CAV Europa, S.L. Dicho convenio, que es el que consta registrado en la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía data de mayo de 2013 con una vigencia hasta el año 2015 y es el que ha sido utilizado por las empresas licitadoras a la hora de realizar sus ofertas técnicas y económicas. Los desencuentros surgieron tras denunciar el convenio la empresa actual, Louis Berger Aircraft Services, Inc (LBAS) y poner encima de la mesa de negociación unas condiciones consideradas "inasumibles" por la plantilla.

 
El aeropuerto de la Base de Rota dispone en la actualidad de una plantilla de 180 trabajadores españoles, en su mayoría vecinos de Rota y de la Bahía de Cádiz. Esta plantilla presta servicios actualmente a través de la concesión que mantiene la empresa Louis Berger Aircraft Services, encargada de gestionar los diferentes servicios aeroportuarios que se prestan en la Base. Se trata por tanto, de un servicio externalizado por el Gobierno de los Estados Unidos, de tal forma que los trabajadores han venido siendo subrogados por las diferentes empresas que han resultado adjudicatarias de dicho servicio en los distintos procedimientos públicos de licitación que se han venido convocando en los últimos años. Actualmente, la empresa adjudicataria es la responsable de las labores de servicios de asistencia en tierra, carga y tratamiento general, limpieza, servicios de atención a pasajeros,  control de calidad y personal que ocupa puestos administrativos y de gestión. Pese a  esta puntualización por parte de la empresa, en este conflicto se le suele achacar "el control y la seguridad del despegue y aterrizaje de aviones y pasajeros que llegan al recinto militar", y según recuerda el diputado provincial de IU, como adjudicataria, “es la que viene obligada a subrogar en su plantilla a los trabajadores que habían venido prestando el servicio con las empresas anteriores”.

IU mantiene contactos con los trabajadores y está previsto que en breve celebre un nuevo encuentro para comprobar el transcurso de las negociaciones que de momento están estancadas.