Tras las declaraciones del portavoz del PP, Óscar Curtido, en las que tacha de "chantaje" el acuerdo tomado por los grupos para que el IBI suba en 1,6% para 2017 y el recibo del agua quede finalmente congelado pese al 3,5% que se planteada en un principio, el delegado municipal de Hacienda, Manuel Bravo, ha lamentado esa postura, sobre todo, cuando se consiguió la unanimidad de todos los partidos de la Corporación para sacar adelante las ordenazas fiscales del año que viene.

Manuel Bravo ha indicado que si el portavoz del PP pudo sentirse presionado de forma activa por el delegado para llegar a un acuerdo, también pudo sentir, de forma pasiva, la presión de los demás portavoces, ya que todos estaban de acuerdo con la propuesta negociada. En cualquier caso, explica el delegado, que si modifica su postura inicial y el portavoz del PP también la modifica para llegar a un punto de encuentro, "nunca puede tacharse de chantaje, a eso se le llama negociación", ha manifestado.

Para Bravo, la actitud del portavoz del PP resulta cuanto menos "desconcertante", máxime cuando al finalizar el pleno, según indica,  Curtido se disculpó con el delegado de Hacienda, "y al minuto siguiente efectuó esas contradictorias declaraciones a la prensa".

El responsable de Hacienda, que pidió en el pleno al portavoz del PP que retirara la palabra "chantaje" del acta de la sesión, vuelve a pedirle "que rectifique públicamente porque rectificar, siempre es de sabios".

Por otro lado, en el equipo de gobierno sorprende la postura del grupo popular contraria a asumir de ninguna de las maneras, aunque no repercuta en los contribuyentes, la subida del agua aprobada por unanimidad en el Consorcio de Agua de la Zona Gaditana, para mantener las actuaciones de mejora que se vienen ejecutando en las infraestructuras y que permiten la prestación del servicio.

Para el equipo de gobierno, desde el PP están intentando politizar este tema, que afecta a todos los ayuntamientos del Consorcio, y que en el caso de Rota, recuerdan, se está abordando manteniendo negociaciones con las empresas concesionarias para ver cómo se asume el posible déficit que pudiera surgir, sin que repercuta en los ciudadanos.