El ingreso en prisión de los funcionarios del Ayuntamiento de Rota condenados por el conocido como caso "Horas  Extras",  no se verá suspendido  mientras que se tramita y resuelve la petición de indulto solicitada, ya que la Fiscalía de Cádiz se ha opuesto a ello. Así se ha pronunciado el Ministerio Fiscal para cinco de los funcionarios implicados en este caso algunos de los cuales enfrentan cuatro años y medio de cárcel, al igual que la ex alcaldesa Eva Corrales, aunque esta decisión no le afecta puesto que su abogado no ha tramitado su petición de indulto formalmente, en principio con la intención de no interferir en el proceso de los funcionarios.

Hay que recordar que tuvo que crearse una plataforma para la ex regidora, ya que lo aprobado por la junta local de gobierno del Ayuntamiento de Rota, a petición de la Junta de Personal del Consistorio, no contemplaba a Corrales dentro de la petición de indulto, sólo a los funcionarios. Es más, como su propia madre anunciaba el pasado miércoles, la que fuera alcaldesa de Rota no tiene fecha de ingreso en prisión porque está pendiente de los informes que tiene que emitir el médico forense tras haberla reconocido, como ella misma había solicitado por las enfermedades crónicas que padece desde hace 11 años y que deben controlarse para saber cómo afectará la vida penitenciaria a su salud. 

En cuanto al pronunciamiento del Fiscal oponiéndose a la suspensión del ingreso en prisión para los cinco funcionarios que están pendientes de la petición de indulto, habrá que esperar a que se pronuncie la Audiencia Provincial que será la encargada de dictaminar si estos trabajadores públicos deben esperar en libertad o en prisión que se resuelva si son o no indultados, ya que es este órgano el encargado de ejecutar la sentencia que emitió la Sección Cuarta y que fue ratificada por el Tribunal Supremo cuando los condenados recurrieron por considerar la pena excesiva y desproporcionada para los hechos investigados.

El Ministerio Fiscal aduce a la gravedad de las conductas de los delitos relacionados con la corrupción y porque las penas superan los tres años para cada uno de ellos para tomar esta postura y negarse a la suspensión de la entrada en prisión de los condenados. Las penas de cárcel llegan en casos de algunos funcionarios a los cuatro años y medio.