El próximo mes de octubre irá a pleno, casi con total probabilidad, el plan de inspección urbanística que el equipo de gobierno ha elaborado para dar salida a los 4.000 expedientes de infracciones urbanísticas que, según el alcalde de Rota, Javier Ruiz, han encontrado "arrumbados en un cajón".

Hay que recordar que, según la versión del gobierno municipal, es precisamente cuando comienza a ponerse orden en esos expedientes, cuando se encuentra la orden de demolición que pesa sobre la casa construida de forma ilegal por el ya ex concejal del PSOE, Jesús Torres, que dimitió por este asunto hace unas semanas para emprender acciones legales contra el Ayuntamiento en defensa de sus intereses.

Hoy, aprovechando la comparecencia del alcalde, y preguntado por este asunto que en el fondo, es el que ha traído la remodelación del gobierno local, Javier Ruiz ha explicado la situación en la que se encuentran los citados expedientes asegurando que el Ayuntamiento será firme a la hora de hacer cumplir la legalidad, lo que incluye demoliciones en el caso en el que las infracciones urbanísticas así lo marquen.

Según el regidor, se lleva siete u ocho meses trabajando de forma "seria, objetiva y concienzuda"  en estudiar uno por uno los 4.000 expedientes de infracciones urbanísticas cometidas en Rota en los últimos años  para poder actuar en consonancia según la legalidad. Una situación que Javier Ruiz ha indicado que "el anterior gobierno de PP y Roteños Unidos tendrán que dar explicaciones" pero que su gobierno, lo que ha hecho es darle salida a esta situación. Para ello, ha indicado que la ley dice que en situaciones ilegales y en las que no se haya restituido la legalidad, el procedimiento debe ser la reposición de la legalidad física alterada, es decir, la demolición, y para ello, dado que el plazo es de 15 años para que prescriban estas infracciones desde que se tiene orden firme de demolición, lo que han hecho los técnicos encargados de elaborar el plan de inspección urbanística es dedicarse a los expedientes que datan desde 2001 hasta ahora, que serían los que aún no han prescrito.

De entre los 4.000 encontrados en esa situación, el alcalde ha indicado que los había sin terminar de tramitar, otros que no aparecen y otros expedientes terminados con orden de demolición guardados en cajones. Para un trabajo más objetivo, decía el alcalde, se ha ubicado cada expediente en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) con el fin de determinar las condiciones urbanísticas de cada uno, ya que no es lo mismo infracciones cometidas en la costa, en suelo urbanizable o no urbanizable de especial protección. Una vez visto así, los técnicos han pasado a clasificarlos y establecer "criterios objetivos" para actuar.  De los 4.000 expedientes encontrados "arrumbados en un cajón", 1.700 tienen orden de demolición. Una situación que según el alcalde, el Ayuntamiento, con sus medios limitados, no puede ejecutar de forma inmediata así que el plan de inspección que se elevará al pleno, establecerá los criterios bajo los que se actuará de cara a los próximos años "de forma objetiva, y para evitar suspicacias que es lo que intentan PP y Roteños Unidos".

Y es que lo que el PP y Roteños Unidos han hecho con la situación de Jesús Torres en los medios, ha sido según el alcalde, intentar "embarrar" el caso, con el fin de desgastar al gobierno local. Sin embargo, Javier Ruiz ha defendido que el ex concejal diera un paso al lado, se apartara de su cargo público para defender lo que entiende que son sus intereses personales y no perjudicar al gobierno. En este sentido, y agradeciéndole su trabajo durante los meses de gestión, ha recriminado a PP y Roteños Unidos que hayan intentado comparar el expediente de infracción urbanística que pesa sobre la casa ilegal de Jesús Torres, con casos judiciales que afectan a miembros de los dos partidos políticos antes en el gobierno.

El regidor ha mostrado tranquilidad "porque los ciudadanos no son tontos" y según él, saben diferenciar "los marrones que han dejado ellos -por PP y RRUU-" y la situación de Torres que, con su dimisión, "pasa a ser un tema particular". Lo que queremos, decía Ruiz, es recuperar la normalidad.