La dimisión del que hasta el pasado jueves 18 de agosto era delegado del gobierno con el PSOE, Jesús Torres, centra desde que el viernes se hiciera pública esta decisión, la actualidad política local.

La construcción de una vivienda ilegal por parte del ya ex concejal en suelo no urbanizable en Rota y la no ejecución de una orden de demolición por parte del Ayuntamiento que pesaba desde abril de 2015 sobre esta construcción, ha llevado a Roteños Unidos (RRUU) y PP a pronunciarse dejando entrever que podría haberse dado un trato de favor hacia Jesús Torres y su esposa por parte del partido gobernante, y en concreto por el alcalde de  la localidad, Javier Ruiz, que a su vez es delegado de Urbanismo.

Sin embargo, según el primer teniente de alcalde y portavoz del gobierno, Daniel Manrique de Lara, nada más lejos de la realidad, ya que según  ha explicado en su comparecencia esta mañana, no sólo el caso ha salido a la luz pública porque el mismo concejal decide dimitir, sino que en sus explicaciones da un giro a la situación y casi hace culpables a los dos partidos que gobernaban antes haciéndoles responsables de no haber ejecutado ni una sola orden de demolición en todo su mandato y es más, no haber iniciado siquiera expediente sobre una casa construida al lado de la del ya ex concejal, en los mismos términos de ilegalidad, y propiedad de un histórico miembro de Roteños Unidos.

Dado que el caso tiene su aquél, Daniel Manrique de Lara ha ido puntualizando varias cuestiones. Lo primero que ha querido dejar claro es que cuando alguien comete una infracción urbanística, el Ayuntamiento debe abrir dos expedientes, uno sancionador, con una multa económica, y otro en el que se pida la legalización de la situación o en su defecto, la demolición de la construcción en cuestión. Pues bien, según el portavoz municipal, desde que en 2003 PP y Roteños Unidos tomaran posesión como gobierno, y durante las tres siguientes legislaturas, el Ayuntamiento de Rota abría expedientes sancionadores contra los infractores pero si estos empezaban a pagar las multas, no se abría el expediente de demolición o de restablecimiento de la legalidad. Así se ha funcionado según Manrique de Lara, hasta principios de 2015  cuando "no sabemos muy bien los motivos que justifican este cambio", PP y Roteños Unidos "deciden que de todas las infracciones urbanísticas que se habían producido en su período, se seleccionen 2.000 expedientes a los que se les había sancionado pero no tramitado la demolición. No sabemos por qué  fueron esos 2.000 expediente y no otros", manifiesta el socialista que indica que dada esta situación, y con el cambio de gobierno, lo que el PSOE decide es empezar a poner orden en "una situación desbordada", contratan a tres personas para que vayan depurando expediente por expediente e ir imponiendo las sanciones, posibles actuaciones de legalización o demolición que en cada caso correspondiera.  Es un plan de inspección que probablemente se elevará a pleno a finales de septiembre o principios de octubre y que de alguna forma, según Manrique de Lara, pondría en orden los expedientes de infracciones urbanísticas.

Aclarado este término, el portavoz municipal se ha centrado en el tema de la dimisión de Jesús Torres admitiendo que efectivamente, su esposa tramitó licencia para un cuarto de aperos que finalmente se convirtió en vivienda, que esto ha sido motivo de infracción urbanística y que por eso, el concejal dimite. La clave entre la versión que da el PP dejando entrever un posible trato de favor a lo que el gobierno local defiende como la verdad de los hechos, es que a Jesús Torres sí se le notificó el expediente sancionador, de hecho llegó a acuerdos de pago con el Ayuntamiento para salvar la multa de 34.600 euros impuesta, pero nunca se le notificó el expediente de demolición, que es a lo que él se refiere cuando argumenta en el comunicado de su dimisión que ha conocido "en días pasados".

Es según Daniel Manrique de Lara cuando empieza el plan de inspección propuesto por el gobierno del PSOE para poner en orden los expedientes de infracciones urbanísticas, cuando ven que de todos los expedientes que estaban en el inicio del proceso de notificar o la legalización de la situación o la demolición, hay uno que ya tiene dictada esa orden y que precisamente, este era el de la esposa de Jesús Torres. Efectivamente, la fecha de orden de demolición del chalé ilegal construido por la esposa del ex concejal es de 1 de abril de 2015 pero el portavoz local asegura que en ningún momento se les notifica ese acuerdo a los afectados y que por tanto, no tenían conocimiento del expediente que pesa sobre su construcción en el pago de Buenavista, aunque  sí se publica en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), algo que al parecer también desconocía el que hasta el jueves era delegado de Servicios Municipales, Limpieza, Agricultura  y Pesca.

El portavoz municipal en su comparecencia se ha preguntado por qué de entre todos los expedientes pendientes sólo este tenía ya la orden aprobada desde hacía algo más de un año, "y tampoco sabemos quién lo autorizó", lo que sí tienen claro, y así lo ha afirmado esta mañana, es que en cuanto que se tuvo conocimiento de la situación, el alcalde de Rota, que estaba de baja por paternidad, dio orden al primer teniente de alcalde que lo estaba sustituyendo como alcalde accidental, de que se ejecutara el acuerdo de forma inmediata.  Es ahí cuando se le comunica a Jesús Torres que su chalé ilegal tiene una orden de demolición y donde asegura que se entera por primera vez. Dado que en ese momento el concejal decide que va a defenderse, es por lo que  presenta su dimisión para hacerlo libremente y no siendo miembro del propio gobierno local. Una versión que de ser así, no tendría nada que ver con el planteamiento de PP y Roteños Unidos sobre este asunto.

Explicada la versión municipal, Daniel Manrique de Lara no entiende cómo el portavoz del PP, Óscar Curtido sale a la palestra a "hacer el trabajo sucio no del PP sino de Roteños Unidos" con afirmaciones "muy serias", como que el alcalde ha dado un trato de favor a Jesús Torres. La pregunta que hace el socialista es "qué trato de favor se le da a un concejal al que se le dice que el expediente de demolición va a continuar y que además tiene que dimitir por este motivo", plantea Manrique.

Expediente para la vivienda de Jesús Torres y no para la de su cuñado, histórico dirigente de Roteños Unidos

En su línea habitual de no dar puntada sin hilo, el portavoz municipal ha contestado a PP y Roteños Unidos sacando a  la luz otro caso en el que PSOE sí ve un trato de favor. Y es que asegura el socialista que cuando tienen conocimiento del expediente que afecta a la construcción de Jesús Torres,  empiezan a ver expedientes idénticos como el de la nave que está al lado de la de la esposa del ex concejal, que es propiedad del cuñado de Torres, y que sin embargo, sobre ella, no pesa  orden de demolición, y donde la multa inicial por infracción urbanística de 43.900 euros queda rebajada finalmente a 18.000 euros. La sorpresa para Manrique de Lara es que esa propiedad es de un histórico dirigente de Roteños Unidos, que fue presidente de este partido durante varias épocas y al que el socialista concluye que "sí se le hace un trato de favor" abriéndole sólo expediente sancionador, no el de demolición cuando al parecer, la infracción urbanística es idéntica.

Daniel Manrique cree que Óscar Curtido desconocía esta información y por ello, "queda a la altura del betún" en sus declaraciones iniciales sobre este caso. Pero el socialista también ha repartido para  Juan Antonio Liaño al que ha tildado de salir hoy como un "gallito" pidiendo dimisiones y no haberse atrevido a pedirlas cuando era concejal y su partido y socio de gobierno estaban involucrados en asuntos judiciales. Dado que el popular ha dicho que si ve indicios de delito el PP planteará ir a la justicia, Manrique le ha espetado que vaya para no ser cómplice y que ahí deberán explicar  por qué durante el mandato de PP y Roteños Unidos "no se demolían viviendas" y por qué al lado de la de Jesús Torres está la construcción de su cuñado sobre la que no pesa orden de demolición.

Aunque Roteños Unidos haya comparado este caso con uno de corrupción, el portavoz municipal asegura que es una "desfachatez" primero porque los hechos son anteriores a que Jesús Torres fuera concejal, porque en cualquier caso se trata de una infracción urbanística, y "lo que ha venido haciendo la cúpula de Roteños Unidos ha sido expoliar las cuentas del Ayuntamiento haciendo de las arcas públicas su negocio particular", y porque hay una "diferencia abismal" entre un caso y otro donde además, indica, Jesús Torres ha presentado su dimisión mientras que los miembros de RRUU no han dimitido ninguno, "ni visos de hacerlo".

En cuanto a la petición del PP de dimisión del alcalde, Daniel Manrique ha respondido que es de "tener la cara muy dura" cuando Juan Antonio Liaño está imputado y procesado y mantuvo su cargo de diputado "hasta que lo echaron".

En definitiva, el portavoz municipal ha concluido que es verdad que Jesús Torres ha cometido una infracción urbanística, que debe pagar por ello y que de hecho, el Ayuntamiento ha dado orden inmediata de que se proceda a la demolición de la vivienda, pero está convencido de que "la cabeza pensante de todo" en realidad lo que tramaba era una estrategia que era "vamos a esperar que prescriba el expediente, para decir que el alcalde deliberadamente lo ha querido dejar prescribir y luego acusarlo de prevaricar, porque si no, por qué ellos que dieron la orden de demolición no han dicho nada hasta ahora", pregunta el socialista afirmando que el Ayuntamiento lo que ha hecho y va a seguir haciendo, es actuar para restablecer la legalidad en este asunto.