De cara al próximo pleno ordinario que se celebrará en la localidad la semana que viene, Izquierda Unida ha presentado una moción para que esta sea debatida en la sesión plenaria y cuente con el apoyo de la Corporación municipal. El tema que centra la propuesta son las consecuencias económicas que los ayuntamientos tienen que afrontar tras haberse acogido al plan de pago a proveedores que el Gobierno central impulsó para ayudar a los gobiernos municipales a ir saldando deudas antiguas con sus proveedores.

Para ello, como se recordará, los ayuntamientos pudieron pedir préstamos específicos para hacer frente a los diferentes montantes de su deuda comercial, con unas condiciones concretas, que han elevado la deuda financiera de las arcas municipales y que según plantea IU en su propuesta, tendrá "graves consecuencias" para los ayuntamientos si el Gobierno central no actúa con urgencia.

Los izquierdistas plantean que con la modificación del artículo 135 de la Constitución Española en el año 2011, el pago de los intereses y el capital de la deuda pública gozaban de prioridad absoluta, con lo que a través de los planes de pago a proveedores el Gobierno central obligó a todas las corporaciones locales a transformar su deuda comercial, que no gozaba de prioridad en el pago, en deuda financiera; además, como principal garantía del pago de esos préstamos, los ayuntamientos, por imposición de los citados reales decretos-leyes, tuvieron que poner los ingresos de la participación en los ingresos del Estado, de manera que su eventual impago supone retención directa sobre la PIE, que en la mayoría de los ayuntamientos es la principal vía de financiación de los gastos ordinarios; los préstamos que se solicitaron al amparo de la primera fase fueron los más elevados, ya que comprendían facturas de un período mucho más extenso en el tiempo. Con respecto a esta fase hubo un primer periodo de carencia de 2 años que se prorrogó por otros 2, ya que muchos ayuntamientos, por lo elevado de los préstamos, no podían afrontar los pagos. Periodo de carencia que finaliza en 2016, fecha a partir de la cual las corporaciones locales tendrán que hacer frente al pago no sólo de los intereses sino también de la amortización del capital, elevándose de manera muy considerable la cantidad a pagar por los ayuntamientos y poniendo así en peligro su propia estabilidad.

En la misma línea, la moción de IU sigue explicando para avalar su planteamiento que, uno de los grandes logros que vendió el gobierno al resto de las administraciones públicas para invitarles a acogerse a estos mecanismos fue que las entidades comerciales que optasen por cobrar por estos planes renunciaban voluntariamente a los intereses de demora, lo que supondría un importante ahorro para las arcas municipales. Sin embargo recientemente han comenzado a recaer sentencias en el sentido contrario, reconociendo el derecho de los proveedores a cobrar un porcentaje de interés que alcanza casi un tercio del principal y que podría suponer un montante total superior a los 3.000 millones de euros en todo el Estado. Teniendo como principal consecuencia que las corporaciones locales no sólo tendrán que pagar los intereses financieros por los préstamos que tuvieron que solicitar, sino que además tendrían que pagar intereses a los proveedores.

Este hecho, dice Izquierda Unida, supone cambiar a posteriori las condiciones en virtud de las cuales las corporaciones locales se acogieron a los citados planes, ya que la rebaja que suponía la renuncia a intereses fue uno de los grandes logros anunciados "a bombo y platillo" por el Gobierno central. Los ayuntamientos no pueden pagar los intereses dos veces, ya que por un lado se los pagarían a los bancos y por otro lado, a los acreedores comerciales.

Por eso, IU pide en su moción que el Gobierno central no mire hacia otro lado y silencie las consecuencias que estos hechos tendrán sobre las arcas públicas de los ayuntamientos, y es por ello que proponen al pleno municipal  que se solicite al Gobierno una moratoria de dos años ampliándose así el periodo de carencia de los préstamos suscritos por las corporaciones locales al amparo del Real Decreto Ley 4/2012, evitando así que desde el próximo mes de agosto los ayuntamientos de todo el país tengan que pagar intereses y amortización del capital, circunstancia que pondría en peligro la estabilidad de muchos de ellos. Además recogen que se inste al Gobierno central a solucionar el grave problema que se les viene encima a los ayuntamientos, tras las recientes sentencias judiciales condenando a las administraciones públicas al pago a los acreedores de los intereses a los que renunciaron voluntariamente en virtud de los mecanismos de planes de pago a proveedores. Es el Gobierno central el que debe pagar esos intereses, según esta propuesta. Y por último, que de esta moción se dé traslado al presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), al presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), a la presidenta de la Junta de Andalucía, al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y al presidente de Gobierno de la nación.