La ratificación de la sentencia por el Tribunal Supremo del caso "Horas extras” ha supuesto una enorme conmoción en Rota, convirtíendose en la noticia más relevante del año hasta ahora.

A todo el mundo se nos llena la boca diciendo que respetamos la decisiones judiciales; pero, en el fondo, esta afirmación dependerá de nuestra opinión favorable o desfavorable a la misma.

La manida recurrencia a la separación de poderes queda estéticamente muy lucida y se presenta como políticamente correcta; pero, en realidad, cuando comprobamos que una sentencia no es de nuestro gusto, de forma más o menos clara, le buscamos las vueltas para ponerla en tela de juicio.

Es así de tal manera que el mismo sistema judicial ofrece una posibilidad que está maquiavélicamente pensada para conseguir credibilidad incluso cuando se duda de ella. El indulto es el arma perfecta, pues permite que la persona condenada pueda revertir o atenuar el castigo en base a solicitarlo a cambio de admitir la culpa. ¿Y si la persona no es culpable? Errores, aunque no se deseen y sean involuntarios, los hay. ¿Cómo se puede exigir una autoinculpación cuando la persona afectada sabe que es inocente? La defensa de tu dignidad te cuesta cumplir la condena completa. ¿Qué hacer? El dilema es muy complicado y muy comprensible cualquiera que sea la decisión.

El caso que nos ocupa en Rota, y que tiene en vilo a las personas implicadas y a sus familias, ha generado una sentencia que para la mayoría de inculpados ha sido una dolorosísima e inesperada sorpresa. Si bien es más sorprendente, incluso, el rigor de las penas. Entrar a valorar la sentencia puede ser terreno pantanoso para un profano, pero llama poderosamente la atención que ciertas penas sean extremadamente duras con personas que se sabe que contaban con menores responsabilidades en la causa.

A ojos de la ciudadanía sin conocimientos jurídicos, estas decisiones parecen cuando menos desproporcionadas y que no se corresponden con la gravedad de los hechos encausados. Por lo tanto quienes sean responsables en mayor grado deberían recibir la pena correspondiente; mientras que sería lógico suponer que la concesión del indulto para las personas con menor reponsabilidad podría hacer más comprensible la solución del caso para el pueblo y para estos afectados.

Cuántos casos se presentan que llaman la atención por su desmesura y que producen indignación entre la ciudadanía.

Está claro que no se puede hacer borrón y cuenta nueva y que no podemos olvidar a otros funcionarios que por cuestionar irregularidades de sus superiores han perdido su trabajo, sus amistades, su salud y su futuro.

Todo hay que tenerlo en cuenta.

Manuel García Mata