Los funcionarios condenados por el conocido como "caso horas extras" han hecho público por primera vez en cuatro años desde que se iniciara la fase de instrucción tras la denuncia que dio lugar el inicio del prodecimiento judicial, un comunicado en el que han querido puntualizar varias cuestiones, entre ellas, la más importante, dejar claro que "no han sido juzgados ni condenados por delitos como desfalco, robo o malversación de dinero público". De hecho así lo recoge la sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz y así lo quieren expresar para acallar comentarios que tergiversan el caso.

Desde que Izquierda Unida pusiera en manos de la Fiscalía Anticorrupción el cuadrante que le llegó donde aparecía que un funcionario cobraba un número exorbitado de horas extras, los funcionarios que finalmente han sido condenados por este caso, nunca se habían pronunciado públicamente. Lo han hecho ahora, tras conocer la resolución del recurso que interpusieron ante el Tribunal Supremo, y ya con una sentencia en firme que los condena en la mayoría de los casos a cuatro años y medio de cárcel y varios de inhabilitación,  cuando han querido manifestarse para expresar que en todo este tiempo, han estado en sus puestos de trabajo con la entereza que han podido y desarrollando su labor "con toda la profesionalidad que atesoramos y  que siempre hemos practicado durante toda nuestra vida funcionarial".

En el comunicado aseguran que "durante esos casi cuatro años, nosotros y nuestras familias, nos hemos visto envueltos en situaciones sin precedentes en nuestro entorno y en las que en muchas ocasiones hemos sufrido juicio paralelos en los medios y por personas, -que sin tan siquiera conocer lo que estaba ocurriendo- hacían su juicio de valor, provocando en los ciudadanos de Rota el pensamiento de que hemos robado a nuestro Ayuntamiento". Una situación que niegan asegurando firmemente que "nunca hemos sido juzgados ni condenados por delitos como: desfalco, robo o malversación de dinero público, ya que nunca hemos cometido tales delitos y nunca hemos robado dinero y la sentencia nada dice al respecto".  Por lo que han sido juzgados, y condenados, ha sido por "el desarrollo de un simple procedimiento administrativo, que considerábamos, y estábamos convencidos totalmente, de que es legal y ajustado a derecho, como así lo corrobora el informe jurídico del propio Ayuntamiento, aunque los tribunales de justicia han entendido lo contrario".

Hay que recordar que el proceso se inició por la denuncia de Izquierda Unida de la que dicen, respetan que en el  ejercicio de su labor de oposición y fiscalización procediera a la denuncia que luego ha dado lugar a una sentencia adversa para los funcionarios implicados. Es más, en el comunicado, quieren hacer constar su condena a las amenazas dirigidas a los concejales de IU por considerar "que pone en peligro las garantías de convivencia democrática y que de igual  forma también nos han provocado mucho daño".

El comunicado concluye con la petición a la ciudadanía para que apoyen con su firma la adhesión a la petición de indulto que se solicitará por parte del Ayuntamiento. "Respetando, como hemos dicho al principio, las decisiones de la justicia, consideramos que las penas impuestas son totalmente desproporcionadas y faltas de equidad", y es por ello, que piden el apoyo ciudadano en la campaña de recogida de firmas que se inicia en estos días.