Afortunadamente, en Cádiz se acaba de aprobar, aparte de otras importantes iniciativas sobre memoria histórica, una moción de pleno -apoyada por el PSOE y el partido gobernante- por la que el Ayuntamiento de Cádiz se adhiere a la llamada querella argentina, es decir, una denuncia internacional -ya que la justicia española, de orden del gobierno, quiere eximirse del caso- por la que se insta al Estado español a que no mire a otro lado respecto a las muchas decenas de miles de españoles y españolas que yacen en cunetas, descampados, cruces de caminos, hoyancas y fosas comunes mientras personas como Queipo de Llano duermen dulcemente, en este caso el sueño de los injustos, pero con todos los honores, en la más importante basílica de la capital de Andalucía.

En Jerez mataron, que sepamos documentadamente, a casi 400 personas, aunque todos creemos que fueron bastantes más. Entre otros asesinatos, el comandante Arizón Mejías dio su visto bueno, o muy probablemente una orden concreta y expresa, de fusilar vilmente a 17 concejales y al alcalde de Jerez, Antonio Oliver Villanueva. La masacre, un crimen de lesa humanidad que aún no ha sido juzgado por nadie y que dejó muy honda huella en Jerez, no puede ser olvidada por varias razones. La primera de ellas, y la principal, porque si olvidamos y pasamos página recurriendo a la no objetiva teoría de que “los dos bandos” tenían culpa, entonces la dignidad humana de las víctimas y sus descendientes, y también nuestra propia dignidad humana, sería nada, una peligrosa nada donde la puerta de la posible repetición de los hechos quedaría abierta. Que la justicia no actúe, que el estado español mire para otro lado, es un peligro y una indignidad muy hiriente.

Pienso que en nuestra ciudad, como ha señalado numerosas veces la Plataforma por la Memoria Democrática de Jerez, es necesario avanzar muchísimo más [y muchísimo más rápido] en lo que se refiere a memoria histórica. Concretamente se podrían hacer, entre otras cosas, las siguientes: 1º) una Oficina Municipal de Memoria Democrática, 2º) una denuncia ante los juzgados, con el apoyo decidido de la alcaldesa de Jerez y su equipo de gobierno, para que se busquen los cuerpos de los fusilados en Jerez y de adhesión a la llamada querella argentina, 3º) una instrucción rápida y eficaz de los expedientes de derogación de honores y distinciones a las personalidades del franquismo que aún gozan –según los documentos municipales de la época– de aquellas insignias que en su día Jerez les concedió, 4º) inmediata retirada de símbolos y nombres franquistas del viario de Jerez que aún subsisten, 5º) constitución, aparte de esa Oficina municipal mencionada, de un Consejo Local de Memoria Democrática, 6º) colocación de un monumento digno, visible, céntrico, de homenaje a las víctimas del franquismo y a los valores democráticos, y no ese monolito arrinconado que está en la Alameda Vieja, 7º) que el Ayuntamiento acuda al Registro Civil de Jerez a solicitar la inscripción de aquellos a quienes se les aplicó el bando de guerra y así consta documentalmente.

Por justicia, por dignidad, por compromiso con los valores democráticos, por sentido de la libertad y la solidaridad humanas, y no solamente por defender el modelo de estado de la República que Franco abatió a tiros, es necesario en Jerez realzar la memoria histórica, no marginarla. Quitar a Pemán del Villamarta era una medida necesaria, pero insuficiente.

Cristóbal Orellana González