Todos se escudan en que aprobaban contratos que no tenían en contra ningún informe técnico. Hoy lunes comienza la tanda de declaraciones de más de 30 testigos

El juicio por el "caso uniformes"  se reanuda en la mañana de hoy lunes 23 de mayo con la comparecencia de varios testigos que formarán parte de la tanda de más de una treintena de personas que hasta el viernes pasarán por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Cádiz donde se juzga este caso en el que el principal imputado es la persona del ex alcalde, Lorenzo Sánchez Alonso, además de la que fuera su sucesora en el cargo, Eva Corrales, y varios concejales de gobiernos municipales de Rota durante un par de legislaturas anteriores.

La vista comenzaba el pasado martes y concentraba en las tres primeras sesiones a todos los imputados en este caso, un total de 21, entre concejales, funcionarios, técnicos municipales y familiares o esposas de algunos gobernantes del momento.  En esos tres días, y a modo de resumen, los imputados básicamente, se han ratificado en lo que ya dijeron ante la juez en la fase de instrucción del caso, por lo que no ha habido demasiadas sorpresas, aunque sí alguna contradicción por parte de los declarantes que se expondrán en los informes finales que presentarán las partes en los dos últimos días de juicio.

Si hubiera que resumir en una sola frase las declaraciones de la veintena de imputados en el "caso uniformes", esta sería que nadie sabía nada porque según se desprende de las comparecencias ante el tribunal, nadie informó de que se estuvieran cometiendo posibles ilegalidades cuando el Ayuntamiento de Rota compraba ropas de trabajo a las empresas que estaban vinculadas con las personas del entonces alcalde, Lorenzo Sánchez Alonso. Tampoco los concejales que daban el visto bueno a las compras en las juntas de gobierno, ni los funcionarios que tienen que velar por el correcto desarrollo del procedimiento de adjudicación, ni los técnicos, conocían ni la incompatibilidad de comprar a estas empresas y más aún, ni que estas empresas estuvieran relacionadas con la persona del regidor, pese a que PP y Roteños Unidos, los partidos gobernantes y a los que pertenecen los imputados, se han llevado 12 años como socios de gobierno.

De hecho, esa ha sido la línea de defensa de todos los imputados que han pasado desde el martes por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Cádiz, algo que llama la atención de las partes de la acusación como ya ocurriera en la fase de instrucción del caso que la juez finalizó con la petición de este juicio oral por ver "indicios racionales de criminalidad".

Los concejales que estaban presentes en las juntas de gobierno como Juan Antonio Liaño Pazos, María del Carmen Laynez, Jesús Corrales, Antonio Alcedo, Auxiliadora Delgado, Montemayor Laynez y Antonio Peña han manifestado en su defensa que todo lo que se aprobaba, se hacía sin ningún informe contrario por parte de los técnicos y funcionarios, por lo que se limitaban a dar el visto bueno o firmar lo que estos les ponían por delante intentando esquivar así toda responsabilidad en las adjudicaciones de contratos a las empresas de Lorenzo Sánchez. Es más, todos han declarado además, que no conocían que las empresas investigadas  fueran del entonces alcalde ni tampoco que dos compañeros de gobierno, Montemayor Laynez y Antonio Alcedo, también tuvieran participaciones en algunas de ellas.

De la incompatibilidad de poder  contratar con el Ayuntamiento de Rota si se ostenta el cargo de concejal, tampoco nadie les advirtió según sus declaraciones en el juicio, por lo que tras las tres primeras sesiones de las nueve en las que se ha dividido este juicio por el "caso uniformes", se puede deducir que nadie sabía nada de nada, ni nadie advirtió de que se estuvieran cometiendo ilegalidades.

Sin embargo, como mantiene la Fiscalía, entre los años 2003 y 2012, donde gobernó el PP y Roteños Unidos,  el Ayuntamiento de Rota facturó en torno a 800.000 euros a empresas del entorno del ex alcalde Lorenzo Sánchez, al principio a las sociedades Coanda y Epis Rotasur y, a partir de 2008, a Coanda Costuras.

Fue el PSOE el que inició este proceso cuando presentó la querella. En el juicio es parte de la acusación aunque en las tres sesiones iniciales que se celebraron la pasada semana, el abogado de esta parte no se ha estrenado ya que los imputados se han limitado a contestar sólo laas preguntas de la Fiscalía y las de su abogado. Las sesiones se ha prolongado desde las 9.30 horas a las tres y media de la tarde.

Hoy, la sesión comenzaba con la presencia en la Audiencia Provincial de Cádiz de Encarnación Niño, actual concejal del PSOE en el gobierno y querellante en esta causa, además de varios trabajadores vinculados a las empresas relacionadas con Lorenzo Sánchez que, si se ratifican en sus declaraciones hechas en la fase de instrucción, pondrán sobre la mesa datos muy reveladores, según a acusación socialista.

Mañana martes no habrá vista y el juicio se reanudará el miércoles, jueves y viernes. Ya la semana que viene, habrá dos sesiones para que las partes expongan su informe final y el caso quede visto para sentencia.