La denuncia fue puesta en junio de 2012, hace casi cuatro años

Mañana martes 17 de mayo comienza el juicio por el conocido "caso uniformes" que sentará en el banquillo a los dos últimos alcaldes de Rota, Lorenzo Sánchez y Eva Corrales, además de a 19 personas más entre miembros de anteriores gobiernos locales, funcionarios y técnicos. Fue el primero de los casos que se denunció y que afecta directamente a los dos regidores que están implicados en tres procesos judiciales más: el "caso horas extras" que sólo está pendiente de resolución del Tribunal Supremo al que los condenados recurrieron la sentencia; el caso del parking "La Merced"; y el abierto por irregularidades en la construcción del polígono SUP RI1.

Será la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Cádiz la que desde mañana hasta finales de este mismo mes, acogerá las nueve sesiones en las que se ha convocado los diferentes interrogatorios. Los tres primeros días, 17, 18 y 19 de mayo se centrará en las comparecencias ante el juez de los acusados, que en su mayoría, además de los dos últimos alcaldes, son miembros de gobiernos locales anteriores compuestos por PP y Roteños Unidos. Entre ellos están Montemayor Laynez de los Santos, Jesús Corrales, Juan Antonio Liaño Pazos, María del Carmen Laynez, Auxiliadora Delgado, Antonio Peña, Antonio Alcedo e Ismael Puyana, y además, funcionarios y trabajadores del Ayuntamiento y personas relacionadas con las empresas del ex alcalde, Lorenzo Sánchez Alonso, así como la mujer de este. 

Posteriormente, el resto de sesiones,  23, 25, 26 y 27 lo harán los testigos, en total más de 30, mientras que los días  30 y 31 se dedicarán a que las partes expongan sus informes finales. 

Hay que recordar que el "caso uniformes" investiga la compra de ropas de trabajo por parte del Ayuntamiento de Rota a empresas que estaban vinculadas a la persona de Lorenzo Sánchez Alonso durante los años de 2004 a 2009, cuando este ejercía de alcalde roteño.  Tras concluir la instrucción de caso el 9 de febrero de 2015, la juez dictó en su auto que había "indicios racionales de criminalidad"  por la adjudicación irregular de contratos de suministros por parte del Ayuntamiento y fundaciones municipales a empresas relacionadas con el ex alcalde y otros responsables municipales.

Desde la denuncia que interpusiera el PSOE en marzo de 2012 y admitida a trámite en junio de ese mismo año, han transcurrido prácticamente cuatro años en los que por los juzgados de Rota ha pasado una veintena de imputados. En ese tiempo, han estado en el punto de investigación la sociedad Cooperativa Coanda, Epis Rotasur, S.L., y Coanda Costuras S.L.U. Curiosamente, esta última, según recogía el auto, sustituía desde 2008 a las dos anteriores con el único objetivo de "burlar la prohibición de contratar con la entidad y poder seguir haciéndolo", gracias a la aparición en escena de un hombre de paja que rezaba como único propietario de la entidad  aunque los verdaderos propietarios y administradores seguían siendo Lorenzo Sánchez Alonso, su mujer, y los concejales  Montemayor Laynez y Antonio Alcedo.

Hay que recordar que en el escrito de acusación de la Fiscalía,  el líder de Roteños Unidos, Lorenzo Sánchez,  se enfrenta a una petición de 5 años de prisión y 19 años de inhabilitación por delitos de prevaricación continuada, gestión interesada y falsedad.  Es, de las 21 personas imputadas en el "caso uniformes", la que peor parada sale ya que en el proceso de diligencias previas que comenzó hace casi cuatro años, ha sido el centro de las pesquisas para averiguar si el independiente se lucró de forma ilegal adjudicándose contratos desde el Ayuntamiento a empresas relacionadas con su persona mientras ostentaba el cargo de alcalde de la ciudad.

No salía mucho mejor parada la que fuera su sucesora en el cargo hasta las pasadas elecciones municipales de mayo de 2015, Eva Corrales (PP). Aunque ahora está alejada de la vida política, ya que en su día no tomó posesión de su acta de concejal por la condena del "caso horas extras" por el que se enfrenta a 4 años y medio de cárcel  y  a ocho años y medio de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación, más cuatro años de inhabilitación y 15 meses de multa por otro delito de falsedad en documento oficial, este caso también le salpica acusada  de delitos de prevaricación continuada y gestión interesada.  La petición del fiscal para ella por el "caso uniformes" es de  5 meses de prisión y 15 años de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público.

El resto de imputados son miembros que formaron parte de la junta local de gobierno o delegados de Régimen Interior y Gobernación con competencias en el departamento de Contratación y Compras. El fiscal pide para todos, por un delito de prevaricación, la pena de 9 años de inhabilitación de cargo público.

Según el auto publicado en su día, los responsables de las empresas Coanda Costuras SLU por un lado, y  Epis Rotasur y la Cooperativa Coanda,  con la colaboración de otros técnicos y responsables municipales, concertaron los contratos "con conocimiento de la prohibición de contratar que pesaba sobre los mismos y de las incompatibilidades a las que se encontraban sometidos según la legislación vigente en cada momento".

La ex alcaldesa de Rota, Eva Corrales, que entonces era delegada de Fiestas, así como el resto de concejales del PP y Roteños Unidos imputados  a los que ahora se les pide inhabilitación y cárcel en algunos casos, están acusados de haber votado a favor de las adjudicaciones a las empresas y sociedad vinculadas a Lorenzo Sánchez en  junta local de gobierno pese a que estas se hacían con una fórmula que les permitía eludir el concurso público como no superar las cuantías para que se consideraran contratos menores de suministro. En esta línea, se detalla que incluso cuando estaban obligados a abrir concurso público, se acortaban los plazos sin justificación, dejando fuera a empresas interesadas que no podían concurrir por falta de tiempo material  para presentar la documentación. En otros casos, se tiró de empresas municipales como Aremsa que está regida por una normativa menos estricta.

Las empresas relacionadas con Lorenzo Sánchez vendían al Ayuntamiento de Rota así como a algunas empresas públicas y fundaciones municipales, ropas de trabajo, y se estima que entre 2003 y 2012, la facturación ascendió a los casi 800.000 euros.

Ahora, en el juicio que se celebrará en mayo se dirimirá la responsabilidad de cada imputado y se esclarecerán los hechos de un caso que lleva desde junio de 2012 coleando, cuando el PSOE denunció las posibles irregularidades.