EUROS MANCHADOS DE SANGRE

Nuestro país es uno de los principales países exportadores de armamento del mundo.  De hecho, todos los datos lo sitúan entre los siete primeros países en la industria armamentística. Según los criterios regulados por la normativa comunitaria, no se pueden autorizar ventas de armamentos  a países sometidos a embargos o a países que violan los derechos humanos. Tampoco se pueden autorizar exportaciones de armas a estados en conflictos o cuando se pueda poner en peligro la paz y seguridad de las zonas en conflicto.

El control de estas exportaciones se lleva a cabo a través de la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, donde se explican las diversas exportaciones realizadas durante el año anterior.  Las comparecencias ante la Comisión de Defensa  se realizan “a toro pasado”, cuando las transferencias de armas ya se han autorizado. Otra forma  de ejercer el control de las ventas de armas es a través de las preguntas de los parlamentarios en el Congreso de los Diputados. Aún así, nos encontramos en un ámbito marcado por la opacidad y el secretismo. No se da cuenta del tipo de armamentos que se exporta en base a considerarlo “secreto de Estado”. Ello impide que la  solicitud de información al respecto no sea siempre todo lo transparente que debiera.

En este sentido, la ausencia de transparencia brilla con luz propia, de tal modo que se puede afirmar que existe un lado oscuro de las exportaciones de armamento en España. Las estadísticas oficiales ponen de manifiesto que el Gobierno español lleva a cabo una aplicación muy poco rigurosa de la legislación. De hecho, se exporta a países en conflicto o que violan los derechos humanos. Una buena parte de las exportaciones de armamentos tuvieron como destino países de Oriente Medio, que se ha situado como uno de “los mercados emergentes” del armamento español.

Y es que, pese a que en el Tratado sobre el Comercio de Armas que regula la Unión Europea se “muestra partidario” de no autorizar la venta de armas a países que violan los derechos humanos, la regulación legal no establece una prohibición absoluta. De hecho, antepone “los intereses sociales, comerciales e industriales” de los países exportadores.  No queda claro, por tanto, si prevalecen los intereses “locales” sobre los clientes que no llevan a cabo el cumplimiento de los derechos humanos.

 Por otra parte, el Gobierno español, ahora en funciones, lleva años  fomentando las exportaciones de armas y considerando a la industria de defensa como un sector estratégico. Esto supone que, en la práctica, se facilitan contactos entre las empresas de armamentos y los gobiernos interesados. El currículum del Ministro de Defensa del Gobierno de Mariano Rajoy, Pedro Morenés, facilita bastante todos estos negocios.

El control de las exportaciones de armamento no debe ser considerado sólo como una “cuestión legal”. Las armas españolas, por mucho empleo que cree la industria armamentística, no pueden ser empleadas para provocar sufrimiento y daños irreparables sobre la vida de millones de personas.
Salud.