Los dos últimos alcaldes de Rota, Eva Corrales (PP), y Lorenzo Sánchez Alonso (Roteños Unidos), se enfrentarán al juicio por el conocido como "caso uniformes" el próximo mes de mayo. Concretamente, las sesiones se celebrarán entre el 17 y el 31 de mayo, pasando por el banquillo de los acusados un total de personas, ya que además de los ex alcaldes, hay imputados concejales de la época en la que gobernó PP y Roteños Unidos en el Ayuntamiento de Rota, funcionarios y técnicos municipales.

El juicio, que se celebrará en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Cádiz, estará dedicado en las tres primeras sesiones a interrogar a los acusados, mientras que de los días 23 al 27, serán más de 30 testigos los que pasen por delante del juez. Los dos últimos días se dejará para que las partes presenten sus informes finales.

Esta fecha se llevaba esperando desde que el 9 de  febrero de 2015 concluyera la instrucción del caso y el auto señalara que había "indicios racionales de criminalidad"  por la adjudicación irregular desde 2004 de contratos de suministros por parte del Ayuntamiento y fundaciones municipales a empresas relacionadas con el ex alcalde y otros responsables municipales.

Desde la denuncia que interpusiera el PSOE, al entender que se estaban llevando a cabo irregularidades en los contratos mediante los cuales se asignaba a las empresas de Lorenzo Sánchez la compra de ropas de trabajo mientras este ostentaba el cargo de alcalde, han estado en el punto de investigación la sociedad Cooperativa Coanda, Epis Rotasur, S.L., y Coanda Costuras S.L.U. Curiosamente, esta última, según recogía el auto, sustituía desde 2008 a las dos anteriores con el único objetivo de "burlar la prohibición de contratar con la entidad y poder seguir haciéndolo", gracias a la aparición en escena de un hombre de paja que rezaba como único propietario de la entidad  aunque los verdaderos propietarios y administradores seguían siendo Lorenzo Sánchez Alonso, su mujer, y los concejales  Montemayor Laynez y Antonio Alcedo.

Hay que recordar que en el escrito de acusación de la Fiscalía,  el líder de Roteños Unidos, Lorenzo Sánchez, que el pasado sábado 13 de junio tomaba posesión de su acta como concejal en la nueva Corporación municipal roteña en la oposición, se enfrenta una petición de 5 años de prisión y 19 años de inhabilitación por delitos de prevaricación continuada, gestión interesada y falsedad.  Es, de las 21 personas imputadas en el "caso uniformes", la que peor parada sale ya que en el proceso de diligencias previas que comenzó hace más de tres años, ha sido el centro de las pesquisas para averiguar si el independiente se lucró de forma ilegal adjudicándose contratos desde el Ayuntamiento a empresas relacionadas con su persona mientras ostentaba el cargo de alcalde de la ciudad.

No salía mucho mejor parada la que fuera su sucesora en el cargo hasta las pasadas elecciones municipales de mayo de 2015, Eva Corrales (PP). Aunque ahora está alejada de la vida política, tras no haber tomado posesión de su acta de concejal por la condena del "caso horas extras" por el que se enfrenta a 4 años y medio de cárcel  y  a ocho años y medio de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación, más cuatro años de inhabilitación y 15 meses de multa por otro delito de falsedad en documento oficial, este caso también le salpica acusada  de delitos de prevaricación continuada y gestión interesada.  La petición del fiscal para ella por el "caso uniformes" es de  5 meses de prisión y 15 años de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público.

En la larga lista de imputados de este caso judicial, están varios políticos que en su día fueron concejales del gobierno de PP y Roteños Unidos en el Ayuntamiento de Rota y que formaron parte bien de la junta de gobierno local o fueron delegados de Régimen Interior y Gobernación con competencias en el departamento de Contratación y Compras. Es el caso de Juan Antonio Liaño Pazos (PP), actual presidente de la gestora que dirige el PP de Rota, Jesús Corrales (Roteños Unidos), Auxiliadora Delgado (PP), Antonio Alcedo (Roteños Unidos), Montemayor Laynez (Roteños Unidos), María del Carmen Laynez (Roteños Unidos) o Antonio Peña (PP); de todos ellos, solo este último continúa activo en la política local, siendo alcalde de Chipiona. El fiscal pide para todos, por un delito de prevaricación, la pena de 9 años de inhabilitación de cargo público.

La lista del resto de imputados lo componen la mujer de Lorenzo Sánchez Alonso, el ex concejal del PP Ismael Puyana y su esposa, el secretario municipal, el supuesto "hombre de paja" de Lorenzo Sánchez, y varios funcionarios municipales.

Según el auto publicado en su día, los responsables de las empresas Coanda Costuras SLU por un lado, y  Epis Rotasur y la Cooperativa Coanda,  con la colaboración de otros técnicos y responsables municipales, concertaron los contratos "con conocimiento de la prohibición de contratar que pesaba sobre los mismos y de las incompatibilidades a las que se encontraban sometidos según la legislación vigente en cada momento".

La ex alcaldesa de Rota, Eva Corrales, que entonces era delegada de Fiestas, así como el resto de concejales del PP y Roteños Unidos imputados  a los que ahora se les pide inhabilitación y cárcel en algunos casos, están acusados de haber votado a favor de las adjudicaciones a las empresas y sociedad vinculadas a Lorenzo Sánchez en  junta local de gobierno pese a que estas se hacían con una fórmula que les permitía eludir el concurso público como no superar las cuantías para que se consideraran contratos menores de suministro. En esta línea, se detalla que incluso cuando estaban obligados a abrir concurso público, se acortaban los plazos sin justificación, dejando fuera a empresas interesadas que no podían concurrir por falta de tiempo material  para presentar la documentación. En otros casos, se tiró de empresas municipales como Aremsa que está regida por una normativa menos estricta.

Las empresas relacionadas con Lorenzo Sánchez vendían al Ayuntamiento de Rota así como a algunas empresas públicas y fundaciones municipales, ropas de trabajo, y se estima que entre 2003 y 2012, la facturación ascendió a los casi 800.000 euros.

Ahora, en el juicio que se celebrará en mayo se dirimirá la responsabilidad de cada imputado y se esclarecerán los hechos de un caso que lleva desde junio de 2012 coleando, cuando el PSOE denunció las poasibles irregularidades.