El Ayuntamiento de Rota se adherirá en pocos días al nuevo convenio que recientemente se ha firmado entre  la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, y Fernando Rodríguez Villalobos, presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), para proteger a las familias que se encuentran en situación de exclusión social o de vulnerabilidad ante la problemática de los desahucios.

De ello ha informado la delegada de Servicios Sociales, Lourdes Couñago, que esta mañana en rueda de prensa ha valorado de forma muy positiva este paso que ayuda a que el fin de los desahucios o al menos, la ayuda a esas familias que se enfrentan a un lanzamiento se lleve a cabo no sólo por la buena voluntad del juez de turno, sino que haya por escrito un documento que imponga un protocolo de actuación para proceder en este tipo de casos. Todo ello, siempre y cuando, la situación del afectado en cuestión, venga avalada por informes de los Servicios Sociales.

Este convenio, que el alcalde de Rota, Javier Ruiz Arana, firmará en breve con la FAMP, es un paso más en el trabajo que, según la delegada municipal, se hace desde el gobierno local a raíz de la declaración de Rota como Municipio Libre de Desahucios y vendrá a completar además, otras acciones como la aprobación de la ordenanza de la función social de la vivienda que actualmente se encuentra en período de exposición pública y que ayudará a mejorar la situación de esas personas que, por impago de la hipoteca o de la renta, se ven obligadas a abandonar suas casas.

Lourdes Couñago ha insistido en que si bien en Rota el número de lanzamientos es mínimo, siendo por impago de los alquileres los más frecuentes, y aún así, en un número bajo gracias a la labor que se hace desde los Servicios Sociales para ayudar a esas familias que están en situación de exclusión social o vulnerabilidad, este convenio al que el Ayuntamiento se sumará en breve, permite sentar unas bases comunes para todos los municipios que forman parte de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y no dependerá de la voluntad de cada juez.

El acuerdo implica que se trabaje en red y contar con un protocolo de actuación en caso de lanzamiento. Los jueces tendrán acceso a la información que manejan los Servicios Sociales y podrán, contando con esta y siguiendo la legislación vigente, suspender el lanzamiento de las viviendas en los casos en los que así lo estimen oportuno. Entre los aspectos que se incluyen en el acuerdo se encuentra informar del código de buenas prácticas; ayudar a los afectados sobre el acceso a la justicia gratuita; o un nuevo servicio informático, que permitirá, siempre con la autorización de las personas afectadas, el acceso a la información que manejan los Servicios Sociales de los ayuntamientos sobre las familias más desfavorecidas afectadas por casos de desahucios.

Lourdes Couñago ha destacado que en el acuerdo cuenta con la parte positiva de estar representado en él las partes implicadas en  materia de vivienda: la Junta de Andalucía, con las delegaciones de Vivienda, el Consejo General del Poder Judicial y la Federación Andaluza de Municipios que coordinará todo este trabajo. Por eso, ha valorado positivamente el paso que se da en este ámbito que ayudará a familias que de verdad lo necesiten.