Así lo ha decidido el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cádiz tras el recurso presentado por el PSOE de Rota

Los imputados del anterior equipo de gobierno tendrán que pagarse de su bolsillo los gastos de defensa y representación por las distintas causas penales que tienen abiertas si la Justicia dictamina que son culpables. Así lo ha decidido el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Cádiz, que ha estimado el recurso presentado por el PSOE de Rota, en una sentencia firme que no se puede recurrir.

Los hechos se remontan al pasado 27 de noviembre de 2013, cuando la Junta de Gobierno Local, y ante la multitud de casos penales en los que se habían visto involucrados diferentes dirigentes políticos del Partido Popular y de Roteños Unidos (RRUU), y en concreto la alcalde de Rota, María Eva Corrales Caballero y el ex alcalde, Lorenzo Sánchez Alonso, decide que fuera el Ayuntamiento de Rota, con dinero público, quien pagara los gastos de abogados y procurador de todos los cargos electos. Fueron unos 17.000 euros los que se destinaron a este fin.

Dicho acuerdo tuvo una inmediata contestación por parte del PSOE local, que no sólo denunció los hechos ante los medios de comunicación, sino que interpuso varios recursos administrativos contra el mismo para que el anterior equipo de gobierno recapacitara y ajustara su comportamiento a la legalidad, recursos que fueron rechazados con el voto del PP y RRUU.

Ante esta situación, los responsables locales del PSOE decidieron acudir a los tribunales de Justicia para impedir que dichos hechos se consumaran, comenzando en ese momento una batalla judicial de dos años que con esta sentencia ha llegado a su fin.

Los socialistas roteños siempre han mantenido que si los imputados fueran declarados culpables, la Ley exigía que devolvieran el dinero que el Ayuntamiento había invertido en el pago de los abogados y procuradores, circunstancia esta que no se contemplaba en ningún momento en la resolución que ha sido objeto de revisión.

La Justicia le da la razón al PSOE y comparte completamente su postura, ordenando a que se rectifique el acuerdo de junta de gobierno donde deberá incluirse “la asunción de los costes de defensa y representación de la alcaldesa (María Eva Corrales Caballero) y el teniente de alcalde delegado de Régimen Interior (Lorenzo Sánchez Alonso) queda condicionado a la exculpación penal y con ello a la obligación de reintegro de las cantidades abonadas indebidamente”.

Desde el PSOE local se ha valorado muy positivamente la sentencia, que además es firme y no se puede recurrir, “entendemos que es una sentencia basada no sólo en la ley sino en el sentido común que cualquier ciudadano puede entender, y que enmienda uno de los múltiples despropósitos a los que nos acostumbró el anterior bipartito”