Carta abierta a los parlamentarios y parlamentarias de Andalucía sobre la militarización extrema de nuestra comunidad autónoma.

 
El fenómeno de la militarización de nuestro territorio tiene raíces históricas debido al relevante lugar, desde el punto de vista geoestratégico del Mediterráneo, que ocupamos. La presencia de la Marina de Guerra en la Bahía de Cádiz, por ejemplo, se remonta, al arsenal de La Carraca me refiero, al siglo XVIII, aunque mucho antes de esas fechas nuestras costas han sido escenario de fortificaciones y actividades militares muy diversas.
 

En pleno siglo XXI nos encontramos en Andalucía, debido al valor militar internacional del Estrecho de Gibraltar y a ser Andalucía una plataforma territorial que mira directa y muy cercanamente al continente africano, con que Estados Unidos y Reino Unido intensifican, aumentan y redoblan sus belicosas apuestas por las bases de Rota, Morón y Gibraltar. En este sentido, estamos, desgraciadamente, en primera línea del peligroso acontecimiento en que consiste la militarización de las relaciones internacionales a manos de las grandes potencias y sus conocidas locuras, bombardeos, inmensos gastos militares, etc. La venida de miles de marines a las bases o la llegada del llamado “escudo antimisiles” a Rota nos coloca a los andaluces y andaluzas en una diana bélica de cuyas posibles consecuencias ustedes deben ser conscientes. En una muy reciente memoria de actividades de la Fiscalía General del Estado se advierte, no lo olviden, del alto riesgo de ataques militares a dichas bases.

 
Particularmente, el tráfico nuclear de las fuerzas armadas de la OTAN por nuestras costas, ha generado situaciones de muy alto riesgo, como la avería del submarino atómico Tyreless hace pocos años, que han alarmado enormemente a la población. El histórico antecedente de las cuatro bombas atómicas caídas sobre el término municipal de Palomares en 17 de enero de 1966 o, también, la explosión del polvorín de la Marina de Guerra en Cádiz en 18 de agosto de 1947, son hechos que los andaluces no olvidamos.

 
Además de todo esto, la Junta de Andalucía está potenciando la implantación de todo tipo de proyectos industriales militares: grandes cargueros estratégicos como el A400M de Airbus Military en Sevilla, construcción de blindados en Alcalá de Guadaíra, buques de guerra en la Bahía de Cádiz, drones de guerra en Huelva, etc. A lo que hay que añadir la presencia de otras numerosas instalaciones militares españolas en muchos de nuestros municipios y la presencia de unidades de élite, como la Legión, en Ronda, Almería, etc. Los proyectos de “doble uso” entre las industrias y las universidades públicas andaluzas no hacen sino crecer en número. La carta blanca para que se celebre en algunos puertos y playas de Andalucía una parte de las gigantescas maniobras militares de la OTAN Trident Juncture, o la organización por parte de la Junta de Andalucía, cada dos años en Sevilla, de la feria de armas Aerospace & Defense Meetings lo dicen todo al respecto.

 
El Ministerio de Defensa tiene contenciosos abiertos en muchos municipios de Andalucía, como -por citar un ejemplo- el campo de tiro de El Retín, en Barbate. Los roces con las instituciones civiles y con la población son graves y numerosos debido al afán dinerario de ese ministerio por hacer caja con inmuebles o fincas abandonadas o infrautilizadas desde hace tiempo.

 
El conjunto de esta situación es profundamente preocupante, y no solo porque, por poner otro ejemplo y como ha denunciado muchas veces Ecologistas en Acción-Andalucía, las bases militares carezcan por completo de planes de emergencia y evacuación de los pueblos colindantes, sino porque esta situación general que estoy describiendo -y que ustedes conocen sobradamente- conculca de lleno el Estatuto de Andalucía en su artículo 240, que habla de que la comunidad autónoma debe ser informada acerca de los tratados internacionales que le afectan en el ámbito de sus competencias (como la seguridad ciudadana, el medio ambiente o los riesgos sanitarios); en su artículo 10.22º y 23.º, que habla del “fomento de la cultura de la paz y el diálogo entre los pueblos” y de la “cooperación internacional con el objetivo de contribuir al desarrollo solidario de los pueblos”; y en su artículo 245, que habla expresamente de “la erradicación de la pobreza, la defensa de los derechos humanos y la promoción de la paz y los valores democráticos, particularmente en Iberoamérica, el Magreb y el conjunto de África”.

 
La extrema militarización de la Comunidad Autónoma de Andalucía nos coloca a todos y a todas en una situación ética y política nada aceptable si admitimos que el fundamento de toda democracia y de toda cultura no puede ser la organización de las guerras y la fabricación de mortíferas armas para las mismas. En este sentido, les recuerdo que su deber como representantes del pueblo andaluz es buscar soluciones, a corto plazo, a esta inadmisible y peligrosa realidad que les he resumido en esta carta.

 
El himno de Andalucía dice: “La bandera blanca y verde vuelve, tras siglos de guerra, a decir paz y esperanza, bajo el sol de nuestra tierra”. ¿No les parece, entonces, que el grave problema de la extrema militarización de Andalucía merece de ustedes hechos y acciones a favor de la Paz y el Desarme?. Escudarse en que la Junta de Andalucía y el Parlamento de Andalucía carecen de competencias en materia de “Defensa” y “Política Exterior” sería, sencillamente, una indignidad. Les pido, y les exijo, que se indignen contra las guerras y que no dejen pasar ni siquiera un día de esta legislatura sin dar pasos, claros y coherentes, a favor de la vida en esta comunidad autónoma y junto a todos los pueblos hermanos del Mediterráneo.
 

Cristóbal Orellana González