El Partido Popular ha dado a conocer esta mañana las alegaciones que ha presentado a las ordenanzas que regulan el funcionamiento de las bolsas de trabajo que abrirá en breve el Ayuntamiento de Rota.

Unas ordenanzas que fueron aprobadas inicialmente en un pleno extraordinario que se celebró el pasado 29 de julio y que como es reglamentario, han estado en exposición pública durante un periodo de 30 días para que cualquier ciudadano o colectivo pueda examinarlas y presentar las alegaciones que considere necesarias.

Aunque ya en este pleno en el que se aprobaron el Partido Popular presentó una enmienda para evitar solapamientos entre la bolsa profesional y la bolsa para personas en riesgo de exclusión social, ahora en este periodo de exposición pública, y tras estudiarlas en profundidad, ha preparado varias alegaciones a las que ya se les ha dado entrada, el pasado día 1 de octubre, por el registro municipal.

Ha sido el concejal y portavoz municipal, Óscar Curtido, quien ha dado a conocer a los medios de comunicación estas alegaciones, empezando por una referente al criterio de llamamiento, que la ordenanza aprobada por el equipo de gobierno establece que será por vía telefónica, pasándose a otra personas en el caso de no poderse contactar. El PP cree que, tal y como establece la ley, la notificación debe hacerse por medios oficiales dejando 24 horas de plazo para la respuesta.

Otra de las alegaciones pide que se respete el derecho de los primeros clasificados en las bolsas en el caso de surgir un puesto de trabajo por una duración larga, aunque ya puedan estar o hayan estado trabajando en algún contrato de corta duración.

El Partido Popular también cree que el posible vencimiento de las bolsas y sus causas deben establecerse con mucha precisión. La ordenanza inicial fija en tres los motivos por el que las bolsas pueden vencer: por cumplirse el plazo designado en la convocatoria, cuando no hay ya necesidad de contratación en el Ayuntamiento, o cuando surge una nueva bolsa para la misma actividad o profesión. Es en este tercer punto donde el PP cree que hay que ser muy cuidadoso y estar muy justificada la apertura de una bolsa existiendo otra para la misma actividad, “para garantizar la transparencia  y los derechos de los inscritos en ellas”.

Una cuarta alegación está referida a los requisitos económicos para poder acceder a la bolsa para personas en riesgo de exclusión social, que la ordenanza inicial cifra en un máximo de 500 euros por unidad familiar. El Partido Popular propone el salario mínimo interprofesional como límite para las unidades familiares con un único miembro, incrementándose este límite en un 25% por cada miembro de más.

En la retahíla de alegaciones, se incluye una con la que se pretende facilitar los trámites a los interesados haciendo que con una simple autorización del ciudadano sea la propia administración local la que acceda y tome toda la documentación que ya tiene en sus archivos, como por ejemplo el certificado de empadronamiento que suele pedirse en estos casos.

Finalmente, el PP también pide que se incluyan dos artículos nuevos en estas ordenanzas. En primer lugar, un artículo que establezca que en los órganos de selección de los integrantes de las bolsas no puedan estar presentes ni los concejales, ni funcionarios interinos ni el personal de confianza, y un segundo artículo que reconozca un cupo para las personas con discapacidad no inferior al 7%.

Para terminar, Óscar Curtido ha pedido al equipo de gobierno que vaya trabajando ya en las bases concretas de cada bolsa para ir dando a conocer requisitos, temarios y otros aspectos para que los interesados puedan ir preparándose.