Únicamente eran dos puntos, pero el pleno extraordinario urgente celebrado en la tarde de ayer lunes dio mucho juego, especialmente en el primero de ellos, en el que el desacuerdo era total entre todos los grupos. Dos horas y diez minutos en los que, como se ha apreciado en las sesiones anteriores, hubo tensión contenida entre equipo de gobierno y oposición, pero cada vez menos contenida, llegándose en algunos momentos a la exaltación y a acusarse entre los grupos de no decir la verdad.

El punto que se llevó el mayor tiempo de la sesión plenaria fue el primero, aunque técnicamente es el segundo, porque la votación de la ratificación de la urgencia se considera como el primer punto. Se trataba de la aprobación del plan de ajuste anunciado días atrás por el equipo de gobierno y que ya ha sido tema de debate a nivel de medios de comunicación.

Fue la delegada de Hacienda, Nuria López, la encargada de presentar la propuesta explicando un poco el porqué de la necesidad de este plan: la deuda de casi tres millones de euros por el IBI liquidado a la Base y las sentencias judiciales contrarias que obligan a devolverlo. También recordó cómo la primera disposición ministerial que permitía acogerse a estos fondos era muy estricta y acababa con la autonomía presupuestaria municipal, razón por la cual el equipo de gobierno decidió no acogerse a ella. Pero una segunda disposición suavizaba las exigencias y fue entonces cuando se decidió establecer el plan de ajuste, que debía estar aprobado como muy tarde el 31 de agosto, razón de la urgencia.

La edil municipal también explicó las medidas de gastos e ingresos que conlleva este plan, ya publicadas en este medio, incluida la polémica ligera subida de las tasas de dominio público y del IBI, en años alternos, dejando bien claro que si en algún momento llega el dinero prometido por la compensación por la Base Naval, o las medidas para mejorar la recaudación tributaria funcionan, no será necesaria aplicar esta subida.

Las diferencias entre los grupos de la oposición y el equipo de gobierno fueron grandes. En primer lugar, el Partido Popular, a través de su portavoz, Óscar Curtido, compartía la necesidad de este plan de ajuste, pero dejó bien claro que no lo apoyarían si conllevaba una subida de impuestos, ya que entienden que hay alternativas. Por ello, presentaron en el pleno una enmienda con dos puntos: que se eliminara de la propuesta esta subida fiscal, y que se llevara a cabo una reducción de los sueldos de la Corporación municipal y de los cargos de confianza, nunca superior al 5% según cada situación, con lo cual, según el PP, se conseguiría un ahorro similar al ingreso que se pretendía con los impuestos.

Por su parte, el representante de Sí se Puede Rota, Moisés Rodríguez, decidió posicionarse en contra en este punto, entendiendo que hay otras medidas posibles para reducir los gastos y exigiendo la mayor urgencia en la elaboración de la anunciada auditoría para conocer la situación económica real del Ayuntamiento. Respecto a la enmienda popular, mostró su acuerdo con la reducción salarial de los concejales, pero cree que debería ser aún mayor.

El portavoz de Izquierda Unida, Antonio Franco, cree que la subida fiscal incluida en el plan, de llegar a producirse, sería muy leve, de céntimos o de algunos euros. Y con respecto a lo que sucedía en legislaturas anteriores animó a los ciudadanos a que mirasen el recibo actual del IBI y lo comparasen con el de hace unos años, para que vieran la subida del impuesto que llevó a cabo el anterior equipo de gobierno. Además cree que el plan de ajuste puesto en marcha por el anterior gobierno sí que hacía sufrir sus consecuencias al pueblo de Rota y, en especial a los funcionarios municipales, ya que se querían amortizar 70 plazas.

La postura de Roteños Unidos era diferente a la de los demás grupos ya que Lorenzo Sánchez Alonso no ve necesario este nuevo plan de ajuste, habida cuenta que la cantidad económica anunciada por la compensación de la servidumbre militar fue ya publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y llegará en algún momento, por lo que un plan de diez años, con dos de carencia, no tiene para él ninguna lógica y carece de sentido común. Además considera que un ayuntamiento es prestador de servicios y no puede recortar más en gastos, ya que también cree que la situación económica municipal no es tan mala como se pretende hacer ver y que hay fondos suficientes para hacer frente al pago de las nóminas y de otros servicios.

Finalmente, el portavoz socialista, Daniel Manrique de Lara, hizo un poco de historia sobre por qué hay que pagar estos casi tres millones de euros y los pocos mecanismos legales que hay para hacerlo, algo que ha obligado a este plan. Pese a que en un primer momento el equipo de gobierno ha intentado compensar esta cifra con el 1.800.000 euros de compensación prometida, Manrique de Lara comentó que desde el Ministerio de Hacienda se lo han impedido, ya que hasta el momento se desconoce cuánto dinero llegará finalmente y cuándo lo hará.

El debate se alargó durante un tiempo considerable, llegándose a entrar en el tema de los sueldos de los concejales, finalizándolo el alcalde, Javier Ruiz Arana, que envió un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía y definió el plan como un simple trámite legal.

Finalmente, el plan de ajuste fue aprobado únicamente con los doce votos de los miembros del equipo de gobierno, mientras que la enmienda del PP fue rechazada por los votos de PSOE e IU y la abstención de Roteños Unidos y Sí se Puede.

Modificación del pliego del servicio de recogida de basuras

Los últimos minutos del pleno fueron para la segunda de las propuestas, la aprobación de las modificaciones en el pliego de condiciones para la contratación del servicio de limpieza y recogida de basuras. Un pliego que ya se aprobó el pasado 8 de mayo, y unas modificaciones que contaron con el visto bueno de todos los grupos a excepción de Sí se Puede Rota que apuesta por un servicio municipalizado.

Con el nuevo pliego, que tiene una duración de quince años más tres de prórroga, se renovarán los vehículos, se completará el soterrado, menos en el casco antiguo, donde la basura se recogerá con vehículos eléctricos, y se integra la recogida selectiva. Las modificaciones también garantizan el cumplimiento de las promesas que se hizo a los trabajadores de este servicio por parte de la empresa concesionaria.