TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y BUEN GOBIERNO

Los casos de corrupción política, unidos a las medidas de recortes, ajustes y reformas que el gobierno del PP ha aplicado durante estos años, han provocado en la ciudadanía de este país nuestro “haya ocupado las calles”, exigiendo respuestas y la aplicación de medidas más sociales frente a la crisis. Mientras los ciudadanos padecíamos los efectos de las medidas “correctoras” impuestas por los poderes económicos para “salvarse a si mismos”, las noticias sobre corrupciones políticas copaban las primeras páginas de los medios de comunicación un día sí y otro también.

Resulta significativo la aprobación de la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno. No es más que un  intento de “corregir” y dar respuestas a las demandas de la calle. En otras palabras, se le daba la razón a la ciudadanía. Se venía a reconocer que la transparencia no se puede suponer, sino que hay que imponer. Se venía a reconocer que el derecho a la información por parte de los ciudadanos no se puede suponer, sino que hay que marcar en una norma. Se venía a suponer que todos los gobernantes llevaban a cabo sus gobiernos dentro de la más estricta legalidad. Pero, no todos gobernaban “bien”. La Ley no sólo  se aplica a todas las administraciones públicas, sino  también a otras instituciones como la Casa Real, el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, entre otros.

 Llama la atención (me llama la atención) el título de la mencionada Ley, sobre todo en su enunciado final: buen gobierno.

Con la aprobación de esta norma legislativa, el gobierno reconoce que la transparencia ha brillado por su ausencia; el acceso a la información, pese a que es un derecho reconocido constitucionalmente, no ha sido plena; y “los buenos gobiernos” no han sido practicados por todos.
Me pregunto si debería obligar por Ley a ejercer un buen gobierno. ¿No se le supone?
¿No debe todo gobernante ejercer su gobierno de forma que no altere la legalidad? Al  parecer no ha sido así, dado los casos acumulados en los diferentes juzgados. No bastaba con jurar o prometer “cumplir y hacer cumplir la Constitución como norma fundamental del Estado”.

Cómo la promesa o el juramento no garantiza que todos cumplan su palabra, unos ante Dios y otros ante la Democracia, se “ha reforzado” con la aprobación de esta Ley.
Así, los gobernantes tendrán que desempeñar sus funciones con transparencia (como si esto fuese una novedad), tendrán que gestionar, proteger y conservar adecuadamente los recursos públicos (a uno le viene a la memoria el gasto de dinero en asuntos de competencias impropias de los pasados equipos de gobierno de  nuestro Ayuntamiento) y no se valdrán de su posición en el Ayuntamiento para obtener ventajas personales o materiales (sobran añadir más comentarios al respecto).

El denominado “buen gobierno” se caracteriza por garantizar que el ejercicio de sus funciones se ajusta a los principios de eficacia, austeridad, imparcialidad y responsabilidad. Y estas actuaciones no sólo deben regir entre los cargos electos, también entre el personal directivo y eventual de todo Ayuntamiento.
Salud.