Ante la reciente aprobación por parte del Gobierno central de la ya popularmente conocida como Ley Mordaza, el grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Rota ha preparado una moción que presentará al próximo pleno ordinario, durante este mes de julio, para exigir al gobierno de la nación la retirada inmediata de esta nueva Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. Asimismo solicitan un debate consensuado entre todas las fuerzas políticas para la elaboración de un texto que regule la materia de seguridad ciudadana, incluyendo, en el debate la reforma de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, “superada y obsoleta en muchos de sus aspectos”, así como la Ley Orgánica General Penitenciaria. Todo ello, con el objetivo de reformar con carácter integral todos aquellos aspectos relacionados con la seguridad.

En la moción también se exige la dimisión del ministro de Interior, impulsor de la presente ley, “cuyos postulados preconstitucionales son inconcebibles en una democracia”, por su reiterada disposición de conculcar los derechos humanos, a tenor de la disposición de legalización de las “devoluciones en caliente” en la frontera de Ceuta y Melilla, contrarías a la normativa internacional. De aprobarse la moción deberá darse traslado de la misma al gobierno nacional y a los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados.

En el escrito de exposición de la moción, Izquierda Unida recuerda que ya la anterior Ley de Seguridad Ciudadana del año 92, la “Ley Corcuera”, fue especialmente polémica, tanto que el Tribunal Constitucional echó para atrás muchos de sus artículos y motivó en parte la dimisión del ministro socialista.

Son muchos los aspectos que IU considera denunciables en esta nueva ley, como la eliminación de la mayoría de las infracciones penales tipificadas como faltas, que ahora pasarían a considerarse infracciones administrativas de carácter muy grave, grave o leve. O la discrecionalidad que otorga a la administración a la hora de establecer sanciones, la elevada cuantía de las mismas, hasta 600.000 euros, y la fijación en la regulación de conductas habituales en las protestas ciudadanas. “Todo ello son factores que llevan a definir la nueva ley como la ley del miedo o la Ley Mordaza”. Para Izquierda Unida “se habilita, por tanto, un procedimiento administrativo que legaliza la criminalización y persecución de las movilizaciones y crea un instrumento gubernamental, para imposibilitar derechos democráticos básicos como la libertad de expresión y de manifestación que recoge nuestra carta magna como derechos fundamentales”.

Además recuerda que no únicamente tiene esta opinión IU, sino que es el propio Consejo de Europa, institución encargada de velar por el respeto a los derechos humanos en el continente, quien ya calificó el proyecto de ley de "altamente problemática".

En resumen, otra ley que para IU, “supone un claro retroceso social, un anacronismo constitucional, un trasnochado concepto de orden público y un claro atentado contra derechos y libertades democráticos, que son encorsetados en procedimientos sancionadores que pretenden impedir la protesta, la crítica y la demostración cívica de desacuerdo político”, según recogen en su moción.