DE QUÉ VOY A HABLAR SI NO

Varias veces, en estas mismas páginas, expresé un doble deseo. Que el gobierno de RRUU-PP abandonara el poder y, al mismo tiempo, que fueran inocentes de los cargos, muchos cargos, pendientes en los juzgados. La primera parte se ha cumplido, la segunda, según hemos visto, no.

Mi deseo, de todas formas, no era que los declararan inocentes porque sí, por su cara bonita o porque me cayeran más o menos simpáticos, sino porque realmente lo fueran. Evidentemente, en el llamado “caso de las horas extraordinarias”, no lo eran: la propia Eva Corrales entiendo que ha reconocido las irregularidades (o cualquiera que sea el calificativo legal apropiado) cometidas. Según lo que ahora sabemos, durante varios años se desarrolló una chapuza de cierto calibre, llena de apaños y compadreos, con muchos trajines y favoritismo y que resulta, desde luego, moralmente poco edificante. Sin embargo, y lo digo como persona que sólo entiende de leyes lo que lee en los periódicos, el castigo me parece terrible. Uno supone que debe haber proporción entre el delito y la pena, pero cuando vemos que condenan a la alcaldesa y a los funcionarios a cuatro años y medio de cárcel por unos actos, evidentemente reprensibles y poco virtuosos, pero que tampoco (al menos desde mi perspectiva de persona poco versada en asuntos legales) vienen a ser crímenes terribles, tenemos la obligación de preguntarnos qué es lo justo. En mi poco docta opinión, y creo que en la de la mayoría de la gente con la que he hablado, con la inhabilitación a la alcaldesa ya habríamos visto un castigo razonable, ejemplar y definitivo, por lo que todo lo demás nos causa pavor. Y si lo de la alcaldesa nos sobrecoge, para lo de los funcionarios casi no encontramos palabras. Hasta donde sabemos, son una serie de personas que no han actuado correctamente, de acuerdo, pero a las que el castigo que se les ha impuesto equivale casi a acabar con su forma de vida. No sé quiénes son, de hecho, prefiero no saberlo por si los conozco, pero casi no puedo imaginar la tortura por la que están pasando, que juraría que no se corresponde con las faltas cometidas. Lex dura sed lex, se puede decir, pero, e insisto por enésima vez en mi ignorancia del funcionamiento de las leyes, hay cosas que no entiendo. Si la memoria no me falla, a Farruquito, cuando atropelló y mató a un peatón conduciendo sin carnét y luego se dio a la fuga, le cayeron un par de años de cárcel. Cuatro años y medio por un asunto en el que tampoco nadie se ha llenado los bolsillos, resulta difícil de comprender para los legos como yo.

Y lo peor es que el asunto es complicado lo mires por donde lo mires. Algunos – creo que injustamente - han vuelto la cara contra IU y le han criticado que pusiera los hechos en conocimiento de la fiscalía. Siendo honestos, tampoco les quedaba otra opción, al menos, según se fue desarrollando el asunto. Si alguien daba conocimiento a la formación de Antonio Franco de unos actos delictivos, está claro que su obligación era denunciarlos, y no seré yo quien los critique por realizar correctamente su trabajo: IU hizo seguramente lo que tenía que hacer. Pero me atrevería a decir – y es una opinión muy personal – que si en IU hubieran sabido cómo iba a terminar el asunto, quizás se lo hubieran pensado dos veces. Tengo buen concepto de Antonio Franco, y no puedo imaginar que se sienta satisfecho por ver a sus rivales políticos en chirona, al menos por un asunto como el que nos ocupa.
    

En el futuro nos esperan asuntos legales de mucha mayor gravedad, y cuyo calificativo moral, si los imputados resultaran culpables, sería sin duda muy diferente al que ahora nos ocupa. De momento, en el caso de las horas extraordinarias, sólo nos queda esperar que el Tribunal Supremo sea benevolente, especialmente con los funcionarios.

PD. Acabo de saber de una manifestación para protestar contra la sentencia. No parece una muy buena idea, y a los condenados más creo que les pueda perjudicar que traer beneficio