La jueza del Juzgado de Instrucción número 1 de Rota ha finalizado la investigación del caso centrado en la firma de tres convenios urbanísticos entre el Ayuntamiento de Rota y la empresa constructora representada por Felipe Castellano, dictando un auto de procesamiento contra la alcaldesa de la localidad, Eva Corrales, el ex alcalde y actual primer teniente de alcalde, Lorenzo Sánchez Alonso, y el citado constructor, además del ex concejal del PP, Ismael Puyana y su esposa, la mujer de Lorenzo Sánchez, el supuesto hombre de paja de este, un funcionario y un técnico municipal.

En el auto de procesamiento, la jueza entiende que la firma de estos convenios urbanísticos se llevó a cabo con determinadas irregularidades y que en los tres casos, lo que se perseguía era beneficiar al constructor roteño "vulnerando de forma flagrante y a sabiendas  la normativa urbanística  y reguladora de las entidades locales  con el fin de beneficiar tanto a Felipe Castellano Moreno y a su vez a Lorenzo Sánchez Alonso". Así consta en el escrito al que ha tenido acceso Rotaaldia.com en el que se detalla que "la actuación fraudulenta consistía  en la firma de convenios urbanísticos  en la que los imputados obligaban a la Corporación local a entregar una suma de dinero  a las empresas de Felipe Castellano, normalmente procedente de subvenciones, para financiarle obras que debía asumir la Junta de Compensación, acordándose la devolución de las cantidades en otro convenio mediante la adjudicación de obras públicas sin licitación". Es decir, el Ayuntamiento asumía obras que no eran de su competencia sino de la Junta de Compensación cuyo propietario mayoritario era Castellano, y a cambio este compensaba esa acción con obras públicas que le eran adjudicadas de forma directa. "Estos convenios eran promovidos por  el entonces alcalde Lorenzo Sánchez,  y la delegada de Planeamiento, Eva Corrales, contando con la colaboración de los técnicos", según el auto de procesamiento.

En el escrito de la magistrada, se detalla cada una de las tomas de decisiones del entonces alcalde de Rota y de la delegada de Planeamiento en juntas local de gobierno de 2009 y 2010, sin los correspondientes informes preceptivos de los técnicos en unos casos, con informes "sesgados" en otros, e incluso con el informe desfavorable del secretario municipal en el primero de los convenios donde sí advirtió a los responsables políticos de las deficiencias del acuerdo, aunque no lo hizo ni en el segundo ni el tercero pese a que mantenían las mismas deficiencias. Según la jueza, de haberse presentado esa documentación e informes necesarios,  se hubiera impedido la aprobación de los convenios, pero "tanto el alcalde Lorenzo Sánchez como la delegada de Urbanismo  omitieron a sabiendas la petición de los informes faltantes".

Según la jueza, el procedimiento en la firma de los tres convenios urbanísticos era idéntico, "obligan al Ayuntamiento a ejecutar obras que correspondían a la Junta de Compensación -incluso obteniendo subvenciones para ello-  a la vez que adjudican a la Junta de Compensación  obras públicas sin seguir los trámites de licitación previstos en la legislación administrativa". En el auto de procesamiento se cita como ejemplo de esas obras públicas adjudicadas a Castellano, la construcción de un centro de salud en el sector SUP R1 o el proyecto de un colegio en el sector SUNP R2.

Los beneficiados, según el auto de procesamiento, eran por un lado las empresas de Felipe Castellano que conseguían obras adjudicadas de forma directa sin competencia de otras empresas que pudieran estar interesadas; y por otro, Lorenzo Sánchez Alonso, ya que las empresas de Castellano compraban materiales de construcción a las vinculadas con el ex alcalde, principalmente a Pacheco Puyana S.L. donde aparecen las esposas del ex regidor y del ex concejal del PP como socias fundadoras, aunque según la jueza, eran Lorenzo e Ismael Puyana quienes la controlaban.  Esa empresa en concreto, obtuvo en ese período en el que se firmaron los tres convenios urbanísticos, "una facturación elevada - de medio millón de euros aproximadamente-, procedente de  las empresas de Felipe Castellano que de esta forma,  abonaba los favores obtenidos  en el Ayuntamiento".

Por todo ello, y tras la investigación que se inició en octubre de 2012, la jueza encargada del caso acusa a los dos líderes políticos del  bipartito roteño, Eva Corrales y Lorenzo Sánchez,  de posibles delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, además de un posible delito de cohecho activo y pasivo a Lorenzo Sánchez, a su mujer, al hombre de paja del ex alcalde, al ex concejal del PP, a su esposa y al constructor. 

Tras el auto de procesamiento de la jueza, hay un plazo de diez días para que la acusación, en este caso el Fiscal y el PSOE personados en la causa, formulen escrito de acusación  solicitando la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa.

A poco más de un mes para que se celebren las elecciones municipales del 24 de mayo, Eva Corrales que continúa como candidata a la Alcaldía por el PP, y Lorenzo Sánchez, que fue presentado como alcaldable el pasado viernes, enfrentarán una campaña electoral complicada teniendo en cuenta que este es el tercer auto de procesamiento contra ellos además de una cuarta causa pendiente en los juzgados.