La construcción del parking público  "La Merced", ubicado en pleno centro de la localidad, se hizo bajo un cúmulo de "ilegalidades", según recoge el informe elaborado por el Equipo de Delincuencia  Urbanística de la Unidad Orgánica  de la Policía Judicial de la Guardia Civil que la jueza del Juzgado de Instrucción número 1 de Rota, encargó en julio de 2014. Una pieza separada de la investigación sobre los convenios urbanísticos que el Ayuntamiento de la localidad firmó con la empresa Promociones Castellano, y que  se denunciaron por la Fiscalía Anticorrupción por supuestas ilegalidades en los procesos. Esta nueva causa sobre el aparcamiento público, ha dado como consecuencia la imputación de cinco personas, entre ellas, el entonces alcalde y actual primer teniente de alcalde, Lorenzo Sánchez Alonso, la hoy alcaldesa de Rota y en aquella época delegada de Planeamiento, Eva Corrales, y el delegado de Urbanismo y actual alcalde de Chipiona, Antonio Peña, además del representante de la promotora y el arquitecto.

Según el informe elaborado por esta unidad de la Guardia Civil, la construcción del aparcamiento público se ideó por el entonces alcalde Lorenzo Sánchez y el delegado de Urbanismo, Antonio Peña, mediante un convenio urbanístico entre el Ayuntamiento de Rota y la empresa Promociones Castellano  en el que se permutaba una parcela de titularidad municipal situada en los nuevos suelos, por otra que era propiedad de la promotora en la calle Álvaro Méndez, en el centro de Rota. Por medio de este convenio, que incluía la permuta de parcelas, Castellano se comprometía a la construcción del parking, y el Ayuntamiento pagaría las obras con la diferencia  de valor entre las fincas permutadas  ya que la municipal -la de los nuevos suelos- tenía un valor muy superior a la de la calle Álvaro Méndez, y el resto, algo más de medio millón de euros, se abonaría en metálico. De este modo, Promociones Castellano, según el informe de la Guardia Civil, salía doblemente beneficiado, ya que por un lado conseguía una parcela de mayor valor en una zona de expansión de Rota y además se adjudicaba una obra sin necesidad de pasar por concurso público.

Sin embargo, el convenio no se acompañó de ningún informe para su aprobación,  ni jurídico ni económico pese a que era obligatorio por parte de la Intervención Municipal, y según el informe de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso este medio, este no se presentó porque en realidad no existía consignación presupuestaria para la realización de la obra por lo que un informe negativo del interventor hubiera paralizado la misma. Además, en el atestado policial se recoge que en una junta de gobierno (en marzo de 2006), el secretario advirtió que  la permuta de parcelas no podía llevarse a cabo de esa forma sino que se tenía que tramitar un expediente de permuta  a través del Negociado de Patrimonio, una advertencia que los miembros concejales de la junta local de gobierno pasaron por alto y dieron el visto bueno al convenio tal y como estaba planteado inicialmente. Todo ello pese a que la parcela de los nuevos suelos que pasaba de manos municipales al promotor estaba valorada en 2,3 millones de euros, mientras que la del promotor que pasaba a manos del Ayuntamiento, sólo en 1,2 millones de euros, otra de las cuestiones en las que el Equipo de Delincuencia  Urbanística de la Unidad Orgánica  de la Policía Judicial de la Guardia Civil pone el ojo para volver a afirmar que la permuta de parcelas era "inviable legalmente"; a ello suma que de todas formas, "no pueden enajenarse bienes inmuebles a cambio de la ejecución de obras, salvo en casos excepcionales". Dado que las obras del parking estaban valoradas en 1.773.000 euros (aunque finalmente fueron 1,9 millones), su adjudicación no debería haberse hecho de forma directa como se llevó a cabo, sino que se tendría que haber abierto un procedimiento de contratación para facilitar la libre concurrencia y la igualdad de oportunidades para otras empresas. Sin embargo, se asignó "arbitrariamente" a Promociones Castellano.

Dentro del polémico proceso de construcción del parking "La Merced", también se alude a que, pese a que el convenio no se podía aprobar en los términos en los que se había planteado por el entonces alcalde, el Ayuntamiento contrató a un arquitecto "de forma directa vulnerando la legalidad vigente ya que  los honorarios estaban valorados en 71.492,77 euros y por tanto, la contratación tendría que haber seguido un procedimiento de contratación acorde con la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas". Para más inri, el arquitecto contratado era trabajador por cuenta ajena de Promociones Castellano y por tanto, fue esta la que percibió el importe económico  por la elaboración del proyecto.

"Ilegalidad clamorosa"

Tal y como recoge el informe de la Guardia Civil, "la ilegalidad se muestra clamorosa cuando Promociones Castellano comienza en el mes de marzo de 2006 la ejecución de las obras del aparcamiento por la vía de hecho sin que exista licencia de obras (se pidió 9 meses después de comenzar la construcción), expediente de contratación,  procedimiento de licitación pública,  adjudicación oficial de las obras,  aprobación del proyecto por la junta local de gobierno,  firma de ningún convenio, acta de replanteo, calificación ambiental,  consignación presupuestaria para asumir el pago de las mismas, contrato de permuta de fincas,  ni la preceptiva autorización de la consejería de Cultura de la Junta de Andalucía  al ser obras a desarrollar en  el conjunto histórico  artístico de la ciudad".

Advertencias que se pasaron por alto

Dado que las obras se adjudicaron de forma directa y verbalmente sin que existiera ningún contrato  firmado a tal fin, los técnicos municipales pusieron en conocimiento  del alcalde Lorenzo Sánchez y del delegado de Urbanismo, Antonio Peña,  "que no  estaban cumpliendo las exigencias legales" y por tanto, ambos estaban actuando "a sabiendas de la ilegalidad  que estaban cometiendo".  Esa "ilegalidad" venía no sólo por la advertencia del secretario municipal sino de la propia Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía que también había requerido la aportación del expediente para analizarlo y que además "informó que  no se podían enajenar  bienes (municipales) a cambio de la realización de obras". La documentación solicitada por la Junta tampoco se envió según este atestado "porque no existía".

"Perjuicio para las arcas municipales"

Para la Guardia Civil encargada de realizar el informe que ha llevado a las imputaciones de los líderes políticos, "esta inexplicable actuación tenía una finalidad clara de beneficiar a Promociones Castellano pues consigue que se le adjudique la parcela municipal y una obra pública sin entrar en concurrencia competitiva con otras mercantiles interesadas, obteniendo un importante beneficio empresarial". Además, indica que "esa actuación beneficiosa para Promociones Castellano contrasta con el perjuicio  que le ha supuesto a las arcas municipales" y explica que "si el Ayuntamiento hubiera adquirido la vivienda de la calle Álvaro Méndez por expropiación, está claro que se habría determinado un justiprecio muy inferior al que ha sido objeto de permuta. Y si la venta de la parcela de la UE 11-A (la de los nuevos suelos) la hubiesen sacado a subasta,  las empresas interesadas hubieran pujado más alto para poder adjudicarse la propiedad de la finca. Y si las obras del aparcamiento se hubiesen sacado a licitación,  se habría podido producir una bajada en el precio ofertado por las empresas concursantes".

En el atestado policial se concluye que la actuación llevada a cabo por el alcalde Lorenzo Sánchez Alonso  con respecto a Promociones Castellano se entiende "perfectamente" cuando se constata que "durante los años en los que se han firmado estos convenios,  las empresas participadas por Lorenzo Sánchez Alonso han recibido importantes contraprestaciones económicas por parte del grupo empresarial del que forma parte  Promociones Castellano como se puede comprobar en los informes emitidos por la Agencia Estatal de Administración Tributaria".

El informe resume que los hechos relatados podían constituir en un delito continuado de prevaricación, un delito continuado de fraude y exacciones ilegales, y un posible delito de cohecho. Por ello, el 27 de marzo a las 11 de la mañana, Lorenzo Sánchez Alonso, Eva Corrales, Antonio Peña, el representante de la promotora Castellano y el arquitecto, tendrán que acudir al juzgado de Rota en calidad de imputados.