Esta mañana la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Cádiz ha acogido la primera sesión del juicio oral abierto contra la alcaldesa de Rota, Eva Corrales, su socio de gobierno, actual primer teniente de alcalde y ex alcalde hasta 2010, Lorenzo Sánchez Alonso, y siete imputados más entre ellos, el funcionario al que supuestamente se le han pagado horas extras por un trabajo que no ha realizado dentro de su ámbito en el Ayuntamiento de Rota, su mujer, y algunos funcionarios y técnicos municipales.

La línea argumental para la defensa de todos los encausados ha sido según las declaraciones que han realizado esta mañana, que desconocían que existiera ilegalidad alguna en el proceso que, por otra parte, han asegurado que venía "heredado" de legislaturas anteriores. Un argumento que desde que saltara el "caso horas extras" a los medios de comunicación se ha podido escuchar por boca de algunos concejales del actual equipo de gobierno incluido el propio primer teniente de alcalde, el independiente Lorenzo Sánchez, que aseguraba que en la legislatura socialista, de 1999 a 2003 ya se hizo, e incluso con anterioridad. Sin embargo, aunque fuera así, ya que por lo visto el pago de los trabajos no se hacía a través de horas extras hasta 2007, este habría prescrito por lo que sólo se puede juzgar a partir de 2004.

Dado que el escándalo del número "exagerado" de horas extras que se habían cobrado por parte de un funcionario fue un caso que destapó Izquierda Unida de Rota a raíz de una información "anónima" que llegó a la sede de este partido, la defensa ha intentado que se declarara nulo el proceso judicial  al entender que este había comenzado de forma irregular. Sin embargo, el tribunal ha rechazado esa petición argumentando que en cualquier caso, se trataba de gastos de un organismo público con lo que no se estaba vulnerando derecho de protección de datos privados alguno.

Hay que recordar que cuando IU anunció ante los medios de comunicación la denuncia que habían interpuesto ante la Fiscalía Anticorrupción, se detalló que por ejemplo, el funcionario en cuestión, que trabaja dentro del ámbito de la Gestión Tributaria del Ayuntamiento de Rota, llegó a cobrar en el mes de agosto de 2007, 167 horas extraordinarias; en enero de 2008, 213 horas; en septiembre de 2008, 274 horas; en febrero de 2009, 349 horas;  en agosto de 2009, 270 horas; y en agosto de 2010, 267 horas. Esta relación de tiempo extra empleado en el trabajo ha permitido que se supere en cada uno de estos meses, la cantidad de 2.500 euros por este concepto, algo que IU consideró "abusivo" y donde advirtió irregularidades que han provocado la apertura de este juicio oral por presunta prevaricación y falsedad de documento público.

Del proceso de diligencias previas, el fiscal entiende que ese pago de horas extras por trabajos de bordados que nada tienen que ver con el puesto que ostenta el funcionario dentro del Ayuntamiento de Rota, era una forma de eludir la Ley de Contrataciones que prohibiría que este empleado público o su mujer pudieran acceder  a la adjudicación de esos contratos  menores.

Sin embargo, como este funcionario era el que venía haciendo los trabajos, según han detallado, desde los años 80, la nueva Corporación municipal que entró en 2003, con Lorenzo Sánchez como alcalde y Eva Corrales como delegada de Fiestas y Relaciones Institucionales, continuó encargando los bordados de las bandas de las damas del Rosario, ninfas del Carnaval, trajes de maceros y ornamentos varios, al mismo funcionario. La diferencia es que hasta 2007 se hacía pagando las facturas a nombre de la mujer del funcionario, y a partir de ese año, a través de horas extras dentro de la nómina como empleado público.

La alcaldesa y el ex alcalde han asegurado esta mañana que tenían confianza plena en los técnicos y en los informes que se les pasa para que firmen,  y por eso, no  habían dudado en ningún momento que el proceso fuera legal. Por otro lado, han reconocido que muchas veces se firman documentos sin leerlos, aunque el fiscal mantiene que el pago primero con facturas a nombre de una tercera persona -la mujer del funcionario- y luego el pago por medio de horas extras, era para eludir la ley de incompatibilidades que hubiera afectado a los encargos que recibía el funcionario,  y que parece que todos desconocían.

El juicio continuará mañana con una segunda sesión que se espera que sea la última.

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