El próximo 9 de marzo ha sido la fecha fijada por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Cádiz para celebrar el juicio por el conocido como "caso horas extras", que sentará en el banquillo, ya como acusados, a la alcaldesa de Rota, Eva Corrales, a su actual socio de gobierno y anterior alcalde en la localidad, Lorenzo Sánchez Alonso, y a siete personas más entre los que se encuentran empleados municipales.

Según ha podido saber este medio, será la misma sección de la Audiencia Provincial que desestimó el recurso de apelación interpuesto por la defensa de los acusados para evitar tener que sentarse en el banquillo, la que juzgará  a los nueve imputados. Se espera de hecho, que la sentencia pueda salir antes de la celebración de las próximas elecciones municipales fijadas para el 24 de mayo.

El "caso horas extras", que destapó Izquierda Unida a raíz de una información que le llegó al buzón de su sede alertando del "número escandoloso" de horas extras que estaban asociadas a un mismo funcionarios municipal, se hizo público por este partido en abril de 2013 y de las tres causas pendientes como imptados que tienen tanto la alcaldesa como su predecesor en el cargo, esta es sin duda, la que más avanzada se encuentra. Se juzga a los dirigentes políticos Eva Corrales y Lorenzo Sánchez, por un presunto delito de prevaricación habiendo solicitado el Fiscal Antocorrupción para Eva Corrales cuatro años y ocho meses de cárcel por presunto delito de falsedad continuada en documento oficial, cinco años de inhabilitación especial y diez años por prevaricación continuada. Para Lorenzo Sánchez, el fiscal solicita ocho años de inhabilitación por prevaricación sin pena de cárcel, mientras que para el ex concejal del PP, Ismael Puyana, que tomó el relevo de Eva Corrales cuando esta era delegada de Fiestas, se solicita cuatro años y seis meses de cárcel y diez de inhabilitación.

La lista del resto de procesados la componen el que fuera interventor accidental del Ayuntamiento, dos responsables técnicos y un funcionario, además del trabajador que se supone que se benefició de forma ilícita de esas horas extras y su mujer. Para este trabajador piden inhabilitación y dos años de cárcel, tal como anunció La Voz de Cádiz el pasado diciembre.

Tanto Eva Corrales como Lorenzo Sánchez Alonso son líderes de los dos partidos que gobiernan desde hace tres legislaturas en la localidad roteña. De cara a las próximas elecciones municipales, el Partido Popular apuesta por la actual alcaldesa para que  repita en el cargo en el que está desde finales de 2010, y a nivel provincial, el partido en boca de su presidente, Antonio Sanz, ha mostrado siempre el respaldo a la popular Corrales pese a las varias imputaciones que pesan sobre ella. De hecho, conociéndose sus tres imputaciones, la presentaron en diciembre como candidata a la Alcaldía. En el caso de Roteños Unidos, todavía no se ha hecho oficial el nombre del alcaldable de cara al próximo mandato; en los pasados comicios fue uno de los últimos en presentarlo y actualmente, aún no se ha concretado nada aunque se baraja de nuevo  el nombre de Lorenzo Sánchez que sigue siendo el líder indiscutible de los independientes.
 

Denuncia por el elevado número de horas extras realizadas por un mismo funcionario

Izquierda Unida, que en su día denunció ante la Fiscalía el caso "horas extras" no se personó como acusación particular en la causa, se limitó a trasladar la información que había llegado a sus manos de forma anónima al fiscal; esta consistía en un cuadrante en el que destacada sobremanera la cantidad de horas extras cobradas por un mismo funcionario. Horas fuera de la jornada laboral que se recogía en días en los que incluso el funcionario estaba de vacaciones y que supusieron para el trabajador en cuestión un ingreso extra de unos 42.000 euros por este concepto entre 2007 y 2010.

IU detalló en su día que la  media era de unas 70 horas extras mensuales desde 2007 a 2010, -lo que llevaba a cobrar unos 2.500 euros más de sueldo- aunque había meses en los que destacaba el cumplimiento de hasta 270 horas extras, 213, incluso hasta 349 horas fuera de horario habitual en un mes, lo que supondría una media de trabajo de 13 horas diarias.  La denuncia dejó entrever que lo que en realidad se le estaría pagando como concepto de  horas extras a este trabajador del área de  Recaudación, eran los trabajos que hacía de bordados de las bandas de las ninfas del Carnaval o damas del Rosario, dalmáticas de los maceros y otros elementos usados para la ornamentación de edificios municipales. Nada tenía que ver con su condición de empleado público.

Sin embargo, la defensa de los imputados defendió, una vez conocida la petición de la jueza del Juzgado de Instrucción número 2 de Rota de sentar en el banquillo a los líderes políticos el pasado diciembre, que el Ayuntamiento "se ajustó al Estatuto del Empleado Público que afirma que 'Las Administraciones Públicas podrán asignar a su personal funciones, tareas o responsabilidades distintas a las correspondientes al puesto de trabajo que desempeñen…'".

La defensa de los encausados argumentaba en el recurso ante la Audiencia Provincial en contra del escrito de acusación del fiscal, que fue rechazado,  que el citado funcionario "nunca fue contratado para esos trabajos, más bien los realizó fuera de su horario habitual cobrando por ello las correspondientes horas extraordinarias marcadas por la ley y desmontando, a juicio de la defensa, la línea argumental esgrimida por el Fiscal del caso".

El Ayuntamiento manifestó en aquel mismo escrito enviado a los medios que en este caso, "se le encomendaron estos encargos fuera de su jornada laboral con el fin de no perjudicar el servicio al que está adscrito y atendiendo a un criterio meramente técnico debido a su acreditada y reconocida profesionalidad en este campo. No hubo, por consiguiente, intento alguno de lucro ni perjuicio para las arcas municipales".

Debe recordarse, refería la defensa en aquel comunicado que, pese a que los hechos se circunscriben al periodo 2007-2010, "el citado funcionario lleva realizando estos trabajos extra de manera ininterrumpida desde el año 1987". Según señaló recientemente el ex alcalde roteño, Lorenzo Sánchez, durante los años en que gobernó el PSOE en el Ayuntamiento de Rota, este funcionario “hacía los mismos trabajos que se hacen ahora ¿Antes estaban bien y ahora está mal? Solo cambio el sistema de pago. Antes era mediante factura y posteriormente se le computaron los encargos por gratificaciones; un procedimiento que se adoptó con informe previo", reconocía.

La defensa de los nueve encausados aportó al recurso presentado ante la Audiencia Provincial, que finalmente fue desestimado, un informe técnico encargado al secretario municipal del Ayuntamiento en el que este afirma que “la actuación municipal en cuanto a la encomienda de los trabajos de confección y bordado, así como el procedimiento elegido para su pago es ajustada a derecho y justificable basada en la aplicación de las normas mencionadas en el presente informe”. El fiscal no opina lo mismo y ve presunto delito y por ello, el próximo 9 de marzo, la juez sentará en el banquillo por primera vez a dos dirigentes políticos de Rota como acusados. Una situación complicada que además coincide en plenas fechas de campaña electoral para las elecciones andaluzas y en la preparación para las municipales del 24 de mayo.