La petición de apertura de juicio oral que pide el auto del juez que se encarga del "caso horas extras" y que afecta directamente a la alcaldesa de Rota, Eva Corrales, a quien el Fiscal en su escrito de acusación pide cuatro años y ocho meses de cárcel más diez de inhabilitación y ocho años de inhabilitación para el primer teniente de alcalde, Lorenzo Sánchez Alonso, además de cuatro años de cárcel para el ex concejal del PP, Ismael Puyana, entre otros funcionarios, ha llevado a Unión Progreso y Democracia (UPYD) a pedir que se depuren responsabilidades políticas en este caso. De hecho, dando un paso más allá, y como ya han hecho en otras ocasiones, entienden que lo correcto sería pedir el cese de aquellos concejales o cargos públicos que se encuentran imputados por esta causa "para no seguir perjudicando el nombre de Rota".

Hugo Cañellas, como representante de UPyD en Rota, ha mostrado su "indignación y vergüenza ante la actitud permisiva del equipo de gobierno ante las diferentes imputaciones de cargos públicos municipales. Es lamentable que ante unas acusaciones tan graves, en las que por sólo por el 'caso horas extras' el Ministerio Fiscal pide más de 4 años de cárcel a la alcaldesa y 10 años de inhabilitación política, el equipo de gobierno prefiera cerrar filas en torno a los imputados en vez de en torno a la justicia. A nuestro entender, esto es un verdadero castigo a los ciudadanos de Rota y a la democracia en su conjunto". Por ello, la propuesta de este partido, al margen del proceso judicial, es que se depuren responsabilidades políticas y para ello, proponen la creación de una comisión de investigación en el Ayuntamiento de Rota, que UPyD ya pidió en enero de 2013, en la que todos los partidos involucrados den las explicaciones oportunas a la ciudadanía". En ella mete a los partidos del gobierno, PP y Roteños Unidos, y también a la oposición, entendiendo Hugo Cañellas que si según la alcaldesa de Rota, antes con gobiernos como el socialista también se llevaba a cabo las prácticas por las que ahora se le imputan un presunto delito, estos deben dar explicaciones. 

Y es que en este punto, UPyD tiene claro que si antes se hacían las cosas mal, y Lorenzo Sánchez Alonso como alcalde y luego Eva Corrales como sucesora en el cargo, no pusieron las cosas en su sitio, ambos tienen parte de culpa por no haber denunciado los hechos que han derivado en el "caso horas extras". Habría que preguntarse, cuestiona Cañellas, "por qué esos partidos no denunciaron en su día estos hechos en el juzgado, ya que decir que 'esto ya se hacía antes' no nos vale. Eso es aceptar que las malas prácticas y los malos usos del pasado no pueden ni deben ser enmendados. Que si en el pasado se hacían las cosas mal, sólo nos queda seguir en el error".

Para UPyD, la política sirve para enmendar los errores del pasado y para progresar y por ello, no pueden aceptar la actitud de una alcaldesa "que se jacta de hacer una política de servicio al ciudadano, y a los cinco minutos admite que no ha arreglado las cosas que se hacían mal antes de llegar ella al poder. No nos vale el 'otros también lo hacían' como excusa", aseguran desde este partido.

Por otro lado, la formación magenta ha sido crítica con el uso del gabinete de prensa municipal para emitir comunicados sobre temas judiciales principalmente, dice Hugo Cañellas, si se usa para "mal informar". Refiriéndose al escrito que envió el Ayuntamiento de Rota a los medios el pasado domingo sobre este asunto, informando de la decisión de la defensa de los 9 encausados por el "caso horas extras" de recurrir la apertura de juicio oral, UPyD cree que "este comunicado sólo buscaba embarrar al resto de partidos políticos, y meter a todo el mundo en el mismo saco cuando no es de justicia. Si defienden la presunción de inocencia, PP y Roteños Unidos no pueden usar un comunicado municipal para acusar a otros partidos, porque si lo que dicen fuera cierto, habría que preguntar por qué no lo denunciaron antes".

En esa misma línea, UPyD muestra su "estupor y enfado"  por un comunicado que "intenta criminalizar a los funcionarios para aminorar la culpa de los políticos. El equipo de gobierno los saca a la palestra , nombrándolos y poniéndolos en medio, usándolos con malas artes políticas, cuando no se pueden defender públicamente; a diferencia de los políticos –que son sus últimos responsables- que sí pueden defenderse públicamente: sea en el pleno, sea ante la prensa".

Por todo ello, este partido pide el cese de los imputados por el "caso horas extras" recordando que es algo que también pidieron ellos y ahora el Ministerio Fiscal "y si no quisieron hacernos caso a nosotros en 2013, que al menos le hagan caso a un órgano imparcial y autónomo y que representa a la justicia, como es la Fiscalía".

Por respeto a los ciudadanos, aseguran, exigen la inmediata dimisión de todos los políticos imputados en el "caso horas extras” y la creación de una comisión de investigación para depurar responsabilidades políticas; además, recuerdan al gobierno local que "es una práctica impresentable culpar al funcionario públicamente, cuando estos no tienen la posibilidad de defenderse ante la opinión pública", y denuncian la "desfachatez de declarar que otros también lo han hecho, como si fuera un atenuante del delito que está siendo investigado", concluyen.