El Ayuntamiento de Rota a través del gabinete de prensa municipal ha enviado un comunicado a los medios de información hoy domingo 21 de diciembre, para informar de la decisión tomada por la defensa de la alcaldesa de Rota, Eva Corrales, su antecesor en el cargo el ex alcalde Lorenzo Sánchez Alonso y siete funcionarios más, de recurrir ante la Audiencia Provincial de Cádiz el auto de apertura de juicio oral dictado por el juez de instrucción del "caso horas extras".

Fue ayer un medio provincial (La Voz Digital) el que publicó la acusación del Fiscal que pide para la actual alcaldesa, Eva Corrales, que fue delegada de Fiestas y Relaciones Institucionales en los años que se investigan (2007-2010), "una pena de cuatro años y ocho meses de prisión por un delito de falsedad continuada en documento oficial y cinco años de inhabilitación especial para ejercer cualquier cargo en el gobierno municipal. Además de solicitar  otros diez años de inhabilitación especial por un delito de prevaricación continuada". Por otro lado, según publica este mismo medio de comunicación, el Fiscal pide la inhabilitación de 8 años a Lorenzo Sánchez, a quien acusa de prevaricación; y cuatro años y seis meses de cárcel y diez de inhabilitación para el ex concejal del PP, Ismael Puyana, que tomó el testigo como delegado de Fiestas tras Eva Corrales. Junto a estos tres cargos públicos, también se pide banquillo a dos responsables técnicos, un funcionario, al trabajador municipal que se benefició de los encargos y a su esposa, a este último, una pena de dos años. (La Voz Digital, 20 de diciembre 2014).

Ante esta noticia, el Ayuntamiento de Rota recuerda que fue Izquierda Unida el partido que denunció ante la Fiscalía en junio de 2013 el número de horas extrar "desorbitado" pagados a un funcionario municipal, aunque desde el gobierno local se refieren al caso como "gratificaciones a un funcionario por hacer trabajos como las bandas de las damas o la ropa de los maceros fuera de su jornada laboral".

Según informa el Ayuntamiento en el comunicado enviado esta tarde, el escrito de acusación formulado por el Fiscal, que solicita la apertura de juicio oral contra los 9 encausados por un presunto delito de prevaricación, se basa en la prohibición de un Ayuntamiento para contratar trabajos a funcionarios municipales de la misma corporación, según la actual legislación administrativa. El mismo escrito municipal recoge que  "en el caso judicial que nos ocupa, se trata del pago de gratificaciones a un funcionario durante los años 2007 a 2010 por la elaboración de trabajos de bordado para las bandas de sirenas y ninfas, y damas de las fiestas patronales, así como otros elementos ornamentales como pendones, dalmáticas y los trajes de los maceros".

La defensa de los encausados argumenta el recurso ante la Audicencia Provincial en contra del escrito de acusación del Fiscal en el hecho de que el citado funcionario "nunca fue contratado para esos trabajos, más bien los realizó fuera de su horario habitual cobrando por ello las correspondientes horas extraordinarias marcadas por la ley y desmontando, a juicio de la defensa, la línea argumental esgrimida por el Fiscal del caso". De este modo, el Ayuntamiento aseguran "se ajustó al Estatuto del Empleado Público que afirma que 'Las Administraciones Públicas podrán asignar a su personal funciones, tareas o responsabilidades distintas a las correspondientes al puesto de trabajo que desempeñen…'".

El Ayuntamiento manifiesta que en este caso, "se le encomendaron estos encargos fuera de su jornada laboral con el fin de no perjudicar el servicio al que está adscrito y atendiendo a un criterio meramente técnico debido a su acreditada y reconocida profesionalidad en este campo. No hubo, por consiguiente, intento alguno de lucro ni perjuicio para las arcas municipales".

Debe recordarse, refiere este comunicado del Ayuntamiento de Rota que, pese a que los hechos se circunscriben al periodo 2007-2010, "el citado funcionario lleva realizando estos trabajos extra de manera ininterrumpida desde el año 1987". Según señaló recientemente el ex alcalde roteño, Lorenzo Sánchez, durante los años en que gobernó el PSOE en el Ayuntamiento de Rota, este funcionario “hacía los mismos trabajos que se hacen ahora ¿Antes estaban bien y ahora está mal? Solo cambio el sistema de pago. Antes era mediante factura y posteriormente se le computaron los encargos por gratificaciones; un procedimiento que se adoptó con informe previo".

La defensa de los nueve encausados ha aportado al recurso presentado ante la Audiencia Provincial un informe técnico encargado al secretario municipal del Ayuntamiento en el que este afirma que “la actuación municipal en cuanto a la encomienda de los trabajos de confección y bordado, así como el procedimiento elegido para su pago es ajustada a derecho y justificable basada en la aplicación de las normas mencionadas en el presente informe”.

La actual regidora municipal, Eva Corrales y su antecesor en el cargo, Lorenzo Sánchez, han lamentado la denodada persecución que, a su juicio, ejerce Izquierda Unida de Rota contra este trabajador municipal cuyo “único delito ha sido cobrar su trabajo haciendo lo mismo que venía haciendo desde hace más de 20 años y que todo el Ayuntamiento sabía que era él quien los realizaba”. En este sentido, "sospechan que este asunto pueda venir debido a las envidias personales e intereses sindicales de funcionarios cercanos a IU y que tenían acceso a toda la información por iniciativa propia del gobierno municipal. Cabe recordar que IU hizo público que dicha información apareció en el buzón de su sede", concluye el comunicado del Consistorio.

Aunque fue Izquierda Unida la que denunció el caso ante la Fiscalía, esta no se ha personado en el proceso como acusación particular.