El grupo municipal de Izquierda Unida presentará al próximo pleno una moción en la que pedirá a la Corporación municipal que se sume a su propuesta relativa a la "deuda ilegítima" que tiene el Ayuntamiento de Rota. Según el planteamiento de este grupo de la oposición, esa deuda es fruto de haberse acogido al Plan de Pago a Proveedores que puso en marcha el Gobierno central para aliviar las facturas pendientes con proveedores de los ayuntamientos. Dado que aquella iniciativa tenía que ir acompañada de un plan de ajuste y un crédito bancario, las administraciones locales no tuvieron otra opción que endeudarse para hacer frente a los pagos. Según explica Izquierda Unida, el Ayuntamiento de Rota pidió un crédito para asumir los casi 20 millones de euros de deuda al 6 por ciento de interés, aunque posterioremente se rebajó al 4,5 por ciento. Sin embargo, teniendo en cuenta que el Banco Central Europeo está prestando dinero a los bandos al 0,5 por ciento, la diferencia de porcentajes se convierte en "un insulto a la ciudadanía" ya que para los izquierdistas es inadmisible que la Banca "que ha sido ayudada por los poderes públicos para su reflotación, se financie por debajo del 1 por ciento con fondos públicos", y esta preste a las administraciones locales dinero a un tipo de interés bastante superior.

Con esta situación, este grupo de la oposición explica en su propuesta que, aunque abordar el pago a proveedores era necesario, por el alivio que eso suponía para pequeñas y medianas empresas, este se llevó a cabo "de la peor forma posible para los intereses de los ayuntamientos y de la ciudadanía que son denostados en beneficio del sector bancario: se inyecta liquidez a la Banca por debajo del 1 por ciento de interés y esta presta créditos a las entidades locales por encima del 5 por ciento".

Para IU, la deuda, que llaman pública, "es impagable y en su mayoría ilegítima", de ahí que su moción pida en primer lugar, que se considere ilegítimos los intereses contraídos con las entidades financieras en el marco del Plan de Pago de Proveedores de 2012 del Ministerio de Hacienda, cuando estas entidades financieras lo han obtenido al 1 por ciento.

Por otro lado, en un segundo punto, explican que sería necesario emprender las acciones legales oportunas ante la Justicia española, europea e internacional para lograr la nulidad de esta deuda ilegítima, una vez cuantificada la cifra total de los intereses por parte del equipo de gobierno municipal. Para esta petición, IU se basa en que existen doctrinas de Derecho Internacional que han denunciado como deuda ilegítima aquella que un gobierno contrae, crea y utiliza contra los intereses de los ciudadanos, reconociendo que no tiene porqué ser pagada y por tanto no es exigible su devolución. Para IU es destacable que instituciones internacionales y diversos movimientos sociales, estén consensuando reconocer como causa de ilegitimidad de la deuda el hecho de utilizar mecanismos políticos y económicos que faciliten de forma deliberada el aumento de la deuda o las decisiones políticas que aumentan en contra del interés general de la población. En este sentido, IU resalta el trabajo de denuncia que está siendo desarrollado por la Plataforma de la Auditoria Ciudadana de la Deuda (PACD), que "expone la existencia de claros indicios de ilegitimidad en la generación de deuda que el Gobierno español junto con la UE están utilizando como justificación para aplicar sus políticas de austeridad".

Por eso, y como tercer punto, pedirán en la sesión plenaria que el Ayuntamiento se sume a la iniciativa de la Plataforma de la Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD) para proponer la realización de una Auditoria Ciudadana de la Deuda que permita evidenciar la ilegitimidad de la misma.
    

Y es que Izquierda Unida cree que la única deuda pública legítima es aquella que sirve para equilibrar las cuentas de la administración del Estado respecto de las operaciones propias de la actividad del Estado (justicia, servicios generales, seguridad, sanidad, educación, prestaciones sociales, infraestructuras...) "y que no debe recurrirse al endeudamiento para otros fines, pues este uso “ilegítimo” de la deuda propicia acciones neoliberales que recortan el Estado de Bienestar".