Poco más de un año ha tardado la jueza del Juzgado de Instrucción número 2 de Rota en terminar las diligencias previas por el conocido como "caso horas extras" que fue puesto en conocimiento por Izquierda Unida ante la Fiscalía Anticorrupción para investigar el pago de un número elevado de horas extras a un funcionario del Ayuntamiento de Rota. Un caso por el que se imputa un presunto delito de prevaricación a la actual alcaldesa, Eva Corrales, al ex alcalde y primer teniente de alcalde, Lorenzo Sánchez Alonso, así como a siete  personas más -entre técnicos y trabajadores municipales-.

Parece que los indicios de delito se han afianzado y la jueza ha decidido concluir la fase de instrucción y abrir el juicio oral  contra los que son socios de gobierno y máximos dirigentes políticos en Rota desde el año 2003; primero desde 2003 a 2010 gobernando Lorenzo Sánchez, y posteriormente, desde 2010 a la actualidad con Eva Corrales al frente. 

En el momento en el que Izquierda Unida dio a conocer su denuncia, el 19 de abril de 2013, sobre Lorenzo Sánchez ya pesaban dos imputaciones más, y una sobre Eva Corrales, luego han sumado una más cada uno. Sin embargo, esta es la  primera que ha cerrado ya la fase de instrucción, y por tanto, la primera que pide sentar en el banquillo de los acusados a los líderes de PP y Roteños Unidos; ambos acudieron a testificar por primera vez por esta causa el pasado mes de noviembre de 2013.

Hay que recordar que la denuncia puesta en conocimiento por Izquierda Unida a la Fiscalía Anticorrupción surgió a raíz de una información que un par de años antes dejaron de forma anónima en la sede de este grupo político situada en la calle Blas Infante, y que incluía una copia de los cuadrantes de horas extras realizadas por los funcionarios municipales entre los años 2007 y 2010. Cuadrantes que, como indicó en su día IU, estaban firmados en su totalidad por el que entonces era alcalde de Rota, Lorenzo Sánchez Alonso.  Con esta información en la mano, los miembros de este grupo político se percataron del elevado número de horas extras que en concreto, cobraba un fucionarios del área de Recaudación.

La media era de unas 70 horas extras mensuales desde 2007 a 2010, -lo que llevaba a cobrar unos 2.500 euros más de sueldo- aunque había meses en los que destacaba el cumplimiento de hasta 270 horas extras, 213, incluso hasta 349 horas fuera de horario habitual en un mes, lo que supondría una media de trabajo de 13 horas diarias.  Este hecho, que levantó todas las sospechas de IU, ya que incluso había computadas horas extras cuando el funcionario estaba de vacaciones, acabó en manos de la Fiscalía que con su denuncia en los juzgados, acabó con la imputación por presunto delito por prevaricación a Eva Corrales, a Lorenzo Sánchez, al trabajador municipal en cuestión y a otros funcionarios y técnicos del Ayuntamiento que conocían la situación, en total, 9 personas.

El funcionario al que se le adjudicaban centenares de horas extras entre 2007 y 2010, llegó a cobrar hasta 42.000 euros por este concepto, y aunque realmente trabaja en el área de Recaudación, lo que se le estaba pagando a través de esas horas fuera de jornada laboral eran trabajos de bordados como las bandas de las ninfas del Carnaval o damas del Rosario, dalmáticas de los maceros y otros elementos usados para la ornamentación de edificios municipales. Nada tenía que ver con su condición de empleado público. Tal y como apuntó en rueda de prensa la concejal del PP, Auxiliadora Izquierdo, cuando salió a denunciar un supuesto "acoso" de IU a funcionarios del Ayuntamiento, ella misma reconoció que esos trabajos les habían sido encargados al trabajador imputado desde hacía más de 30 años y que por ello, no entendía que ahora se denunciara la situación; en aquellas declaraciones dejó planear la idea de que con gobierno anteriores como el socialista, la situación se habría resuelto de forma también poco regular.  

Precisamente, en esa línea, Lorenzo Sánchez, que en su día rehusó declarar para este medio, sí lo hizo en el Diario de Cádiz reconociendo que efectivamente este funcionario llevaba 30 años encargándose de los bordados, pendones y otros ornatos del Ayuntamiento, y que cuando el PSOE gobernaba en Rota "este empleado cobraba las horas extraordinarias en negro, sin facturas, ni fiscalización municipal alguna. Nosotros regularizamos la situación, le pagábamos previa presentación de facturas, pero cuando surgieron los primeros problemas de liquidez, adoptamos el acuerdo de pagarle a través de horas extras", recuerda Sánchez. Además, el ex alcalde matiza que este procedimiento se adoptó "con un informe previo y sin que hubiera aviso alguno de ilegalidad" y defendió que la jueza instructora "reclame también los expedientes de la época de gobierno del PSOE".  De esta manera, resumía el motivo del por qué tan  elevado número de horas extras y el pago irregular de trabajos de bordados a este funcionario. Lanzar la piedra para involucrar a los socialistas en este asunto no le ha sido posible porque de todas formas, ya habría prescrito.

Al margen de la defensa que hacía el independiente, asegurando que no tenía conocimiento de que se estuviera cometiendo una ilegalidad, la jueza sí ve indicios de presunta prevaricación y pide que Eva Corrales y Lorenzo Sánchez se sienten en el banquillo de los acusados por primera vez. Esta decisión crea un antes y un después en el discurso que hasta ahora han venido manteniendo todos los miembros del gobierno local de PP y Roteños Unidos que han reiterado en multitud de ocasiones que las causas pendientes en los juzgados, un total de cuatro para cada uno, era una consecuencia de la "obsesión" del PSOE por "ganar en los tribunales lo que no pueden ganar en las urnas". Esta vez, parece que ese argumento no se sostiene ya que fue Izquierda Unida la que puso el caso en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción  y esta la que se encargó de la investigación que finalmente llevó a la jueza a las posteriores imputaciones, y ahora al procesamiento contra los dos líderes políticos. No se trataría por tanto de una guerra política en los juzgados como aseguran Eva Corrales, Lorenzo Sánchez y sus compañeros de gobierno, incluso a nivel provincial, ya que además,  IU se ha mantenido totalmente al margen en este proceso y ni siquiera se han pronunciado de forma pública desde aquel 19 de abril de 2013 que dieran la correspondiente rueda de prensa informando de su denuncia ante la Fiscalía.

Ha sido de todas las causas abiertas para los dos dirigentes roteños la que más rápido ha terminado su fase de instrucción y la primera que podría llevar a celebrar un juicio por presunta prevaricación.

Este medio se ha intentado poner en contacto con Eva Corrales y Lorenzo Sánchez y de momento, no ha recibido respuesta.