En el día de ayer, la Junta de Andalucía renovó el acuerdo que mantiene con el Ayuntamiento de Rota desde 2011 para facilitar que los menores infractores puedan acogerse a medidas judiciales en abierto con el fin de facilitar su reinserción y reeducación tras haber cometido un delito menor. Fue la delegada de Servicios Sociales, Ángeles Carvajal, la que se trasladó hasta Sanlúcar para firmar este acuerdo con el subdelegado del Gobierno en Cádiz, Fernando López Gil, que además suscribió el mismo convenio con las localidades de Chipiona, Trebujena y Sanlúcar.

Estos convenios tendrán una vigencia de dos años y renuevan la colaboración que en algunos casos desde 2009 ya existe entre la Junta de Andalucía y estos consistorios para que los jóvenes que cumplan las medidas judiciales que les imponen los jueces de menores puedan hacerlo en actividades propias del ayuntamiento (deportes, bibliotecas, medio ambiente, servicios sociales, Policía Local, etc.).

En concreto, estas medidas judiciales en cuya ejecución colaborarán los ayuntamientos, y que tienen como principal objetivo resocializar a estos jóvenes que habían cometido algún delito o falta, son las Prestaciones en Beneficio de la Comunidad (PBC), las Tareas Socioeducativas (TSE) y las Actividades  Reparadoras en favor de la Sociedad (RS) derivadas de un proceso de conciliación y mediación, así como el seguimiento, por parte de los agentes de la Policía Local u otro personal funcionario que desempeñe estas funciones de la Permanencia de Fin de Semana (PFS) en el domicilio familiar; y de otra, la cooperación o colaboración para actuar en el entorno familiar de aquellos menores en situación de conflicto con la sociedad que hayan de cumplir las referidas medidas.

Se trata en definitiva, de ayudar a que esos jóvenes no reincidan en el delito ayudándoles a través de medidas socioeducativas  contempladas en la ley  y que tienen por finalidad que el menor comprenda que la comunidad o determinadas personas han sufrido de forma injustificada unas consecuencias negativas derivadas de su conducta. Así lo manifestaba ayer el sugdelegado del Gobierno de la Junta en Cádiz, que aseguró que lo que se pretende con este tipo de convenios es hacer ver al joven infractor que tiene que asumir que actuó de modo incorrecto, que merece el reproche formal de la sociedad y que las medidas judiciales que se le exigen constituyen un acto de reparación justo.

López Gil también destacó la colaboración de los agentes de la Policía Local al facilitar y garantizar el cumplimiento de estos convenios. En Rota por ejemplo, durante 2013 se impusieron 33 medidas judiciales en abierto a menores de la localidad, - 5 medidas de internamiento y 28 de medio abierto-, con un claro predominio de las libertades vigiladas, habiendo también un volumen considerable de las prestaciones en beneficio de la comunidad. En lo que va del año 2014, se han impuesto 5 medidas de libertad vigilada y una medida de permanencia de fin de semana en domicilio familiar.

Según el sundelegado del Gobierno, estos convenios han controbuido a que el 80 por ciento de los jóvenes que se acogen a estas medidas, no hayan vuelto a reincidir.

Si se analizan los tipos de delitos y faltas en medio abierto, un 41 por ciento de ellos están relacionados con el patrimonio (robos, hurtos, daños…), seguidos por lesiones con un 15,97 por ciento, por malos tratos con 15,24 por ciento, y por delitos contra la seguridad colectiva con un 9,18 por ciento. A continuación se sitúan, en menor medida, delitos que no superan el 5 por ciento y que están relacionados con la libertad, el honor o falsedad, entre otros. Por su parte, los delitos más frecuentes de los internos son el robo con violencia (39%), el maltrato familiar (25%), el quebrantamiento de medida (18%) y lesiones (8%).

Fernando López Gil también señaló ayer en el acto de firma de convenio con los ayuntamientos, en el que estaba rota, que "la Junta está realizando un importante esfuerzo por mantener los recursos y servicios en la atención de los menores infractores pese a los últimos ajustes presupuestarios ejecutados a causa de la actual situación económica y financiera".