Los socialistas hacen un paralelismo con la reciente sentencia de un juzgado de lo penal de Santiago de Compostela que avalaría que este tipo de acuerdos son ilegales

A principios del pasado mes de febrero, el PSOE de Rota dio a conocer la demanda que habían interpuesto -y que fue admitida a trámite- en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Cádiz, por entender que se estaba cometiendo un acto de ilegalidad cuando la junta de gobierno local del Ayuntamiento aprobaba costear los gastos de defensa de la alcaldesa, Eva Corrales, y el ex alcalde y primer teniente de alcalde, Lorenzo Sánchez Alonso, por dos de las cuatro causas que los mantiene imputados. El precio de esa defensa pagada con dinero público ascendería a 17.000 euros pero no sería la única cantidad que desde las arcas municipales saldrá para este mismo cometido. Y es que según denuncian nuevamente los socialistas, la junta local de gobierno habría vuelto a aprobar en abril una partida similar para responder a la defensa de los nuevos concejales que han sido imputados en el transcurso de la investigación del llamado  "caso de los uniformes".

De hecho, según el PSOE, al tener conocimiento de este nuevo acuerdo, ya está elaborando el escrito para la ampliación de la demanda presentada en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo por entender que sigue siendo "un acuerdo ilegal" al no darse ninguna de las premisas que podrían avalarlo y que serían "o bien que el Ayuntamiento no asuma dichos costes y si luego los imputados resultaran inocentes entonces indemnizarlos; o bien que el adelanto de ese dinero hubiese quedado condicionado a que si los imputados resultaran condenados reintegraran al Ayuntamiento todo el dinero gastado indebidamente”. Al parecer, según el PSOE, nada de esto se recoge en el acuerdo aprobado por la junta de gobierno lo que lleva a este grupo de la oposición a calificar de "ilegal" el mismo.

Los socialistas recuerdan que cuando en diciembre se tomó el primero de los acuerdos, el de pagar la defensa de Eva Corrales y Lorenzo Sánchez, por valor de 17.000 euros, su grupo lo que hizo fue presentar un recurso en vía administrativa mostrando su disconformidad, pero este fue desestimado por el gobierno de PP y Roteños Unidos. De hecho, fue el teniente de alcalde Óscar Curtido el que salió a los medios dos días después para presentar el informe de los servicios jurídicos municipales que avalarían el pago de esa  defensa. Dado que no se admitió  el primer recurso por la vía administrativa, fue por lo que el PSOE  tomó la decisión de acudir a la vía judicial, presentando el correspondiente mediante la interposición de un recurso contencioso-administrativo que fue admitido a trámite por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Cádiz, reclamando este juzgado al Ayuntamiento el expediente administrativo íntegro, y estándose a la espera de que se celebre el juicio correspondiente.

La sorpresa de los socialistas llega cuando ahora son conocedores de que en el mes de abril habría hecho la misma operación pero esta vez para los nuevos imputados políticos del "caso de los uniformes". Algo que según el PSOE, "es injustificable" y vendría a demostrar que esto "es una prueba más del desprecio con el que el actual equipo de gobierno de PP y Roteños Unidos gestiona el dinero de todos los roteños. Es un acuerdo que perjudica gravemente los intereses generales de todos los ciudadanos, por lo que vamos a intentar evitar por todos los medios que no se produzca este nuevo atropello al dinero de todos nosotros", apunta el secretario general del PSOE, José Javier Ruiz.

El socialista les ha recordado a los concejales del gobierno que recientemente se ha dado a conocer una sentencia del Juzgado de lo Penal número 1 de Santiago de Compostela, en la que se condenan a siete concejales del Partido Popular por un delito de prevaricación precisamente por acordar que el Ayuntamiento de ese municipio pagara la defensa de un concejal imputado en el denominado Caso Pokemon.

Al hilo de esta noticia, el PSOE no puede más que mostrar su convencimiento de que la denuncia que hacen en Rota está fundada porque "el Ayuntamiento no puede costear sin condición alguna los gastos de defensa de unos cargos públicos que se encuentran imputados en varias causas de corrupción; la sentencia deja claro que estos acuerdos además de ser ilegales, podrían ser delictivos”. De hecho, recuerda José Javier Ruiz, en el caso de Santiago de Compostela, "la fiscal de dicho caso alegó precisamente que el gobierno local sabía que la defensa del edil sólo podía costearse con dinero público cuando se diesen los supuestos establecidos en su día por el Tribunal Supremo, es decir, que el imputado resultase absuelto, que la inculpación tuviese su origen en una actuación administrativa en el cumplimiento de sus funciones como ediles, y que dicha intervención no implicase desviación de poder".

El fallo de esa sentencia, recuerda a los miembros de PP y Roteños Unidos, tiene paralelismos con lo que podría ocurrir en Rota donde se sostiene que "los ediles acordaron comprometer al presupuesto municipal el pago de una representación letrada, sobre la defensa de un concejal imputado por actividades presuntamente delictivas en contra del propio ente administrativo, siendo plenamente conscientes de que no concurrían los citados requisitos, pues conocían perfectamente que el concejal imputado lo estaba por varios delitos de corrupción". Esta sentencia, "desmontaría los argumentos esgrimidos en su día por el concejal Óscar Curtido, justificándose en que dichos acuerdos eran completamente legales", han dicho desde el PSOE.