Los diez testigos que ayer declararon en el Juzgado de Instrucción número 2 de Rota por el llamado "caso de los uniformes" habrían ido, según el PSOE,  en la línea de lo que este partido viene denunciando hace años de forma mediática y formalmente ante un juzgado desde 2012, cuando interpuso una querella por creer que se estaban cometiendo irregularidades cuando el entonces alcalde, Lorenzo Sánchez Alonso, encargaba a sus propias empresas ropas de trabajo desde el Ayuntamiento, entendiendo los socialistas que con este procedimiento se beneficiaba de su cargo para un interés particular.

Tras la primera tanda de testigos que ayer tuvieron que acudir ante la juez que instruye el caso, -el próximo 28 de abril lo harán seis personas más-, el secretario general del PSOE, José Javier Ruiz, ha mostrado su  confianza en que el caso esté llegando al final al conocer por parte de su representación letrada que las declaraciones de los testigos, la mayoría trabajadores y antiguos empleados de las empresas que están bajo sospecha, "van en consonancia" con lo que este partido político vendría denunciando y que ha provocado la imputación no sólo de Lorenzo Sánchez sino de 17 personas más por presunta prevaricación y negociaciones prohibidas.

En declaraciones a este medio, José Javier Ruiz ha querido dejar claro que lo que se persigue con todo este procedimiento no es otra cosa que acreditar que Lorenzo Sánchez sigue estando vinculado a la empresa a la que le compra el Ayuntamiento aunque ahora no figure como propietario.  De hecho, el PSOE sospecha que el ex alcalde habría creado en 2008 esa nueva empresa, Coanda Costuras, en la que aunque él no aparezca, "hay indicios que hacen sospechar que está detrás y  que puso a un intermediario para dar apariencia de legalidad". Entre esas coincidencias, el socialista apunta que la nueva empresa coincidía en nombre con la cooperativa que el ex regidor ya tenía montada con otro socio, y que además, "comparten trabajadores, teléfono, local y otros datos que harían sospechar que esta nueva empresa fue creada para recibir encargos por parte del Ayuntamiento y eludir así la ley que impide que como cargo público pudiera mantener relaciones comerciales con la administración".  Cursioso resulta, según el socialista, que su único cliente fuera el Ayuntamiento y el único proveedor, una de las empresas de Lorenzo Sánchez.

Para el PSOE, es además "una tomadura de pelo" que el Consistorio siga haciendo encargos a esa empresa que está denunciada, -hace un mes se le adjudicaron nuevos contratos-, y que los socialistas creen y de hecho intentan demostrar "que se creó como una vía alternativa para saltarse la ley ya que en 2007, según él mismo reconoció, se le planteó las incompatibilidades en las que estaría cayendo al comprar desde el Ayuntamiento a sus empresas".  Esa sería la primera pata de esta investigación y la que da como resultado que el Fiscal llame a los trabajadores como testigos para esclarecer este supuesto. La segunda pata, apunta José Javier Ruiz, es demostrar que se sigan haciendo encargos a esa empresa "como si no pasara nada".

En todo este proceso, que dura ya dos años y acumula  entre 14.000 y 15.000 folios, se ha achacado al PSOE que todo forme parte de una estrategia electoral, cuestión que ha querido desmentir el socialista asegurando que si de verdad ese hubiera sido el objetivo, no hubieran esperado al 2012 para presentar la denuncia. Por otro lado, en cuanto a los achaques de que el PSOE habría puesto con este caso en el punto de mira a funcionarios y trabajadores municipales, el secrretario general del partido ha aclarado que "no pone en la picota el que denuncia sino el denunciado. No tenemos nada en contra de los trabajadores del Ayuntamiento pero sí me gustaría decirles que si están ahí es porque el denunciado -se entiende que  Lorenzo Sánchez-, los ha puesto en una situación complicada".

El secretario general de los socialistas en Rota confía en que el caso pueda llegar a su fin, se esclarezcan los hechos y en si es necesario y así lo determina la justicia, se depuren las responsabilidades que sean convenientes, "entendemos que hay terceros que se están viendo afectados en todo este proceso y queremos que todo se aclare lo antes posible". 

Hay que recordar que en este caso, dos años después y a petición de la Fiscalía, desde el pasado 7 de marzo también están imputados la actual alcaldesa de Rota, Eva Corrales, los concejales María del Carmen Laynez, Montemayor Laynez y Juan Antonio Liaño; y los ex ediles Antonio Alcedo, Jesús Corrales, Auxiliadora Delgado Campos e Ismael Puyana. Estos irán a declarar entre los días 7,8 y 9 de mayo.